Sánchez rebajará también la ley que permitió privar de sus escaños a los líderes del 'procés'

Han suspendido el delito de sedición, han rebajado las penas del delito de malversación y, ahora, quieren rebajar el alcance del artículo que permitió al Parlament y al Congreso quitar sus escaños a los líderes del procés.

El "pago" del Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes no para de crecer y, su última oferta, es poner en marcha en el Congreso de los Diputados una enmienda transaccional para limitar el alcance del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, LeCrim. 

Según el texto al que ha tenido acceso en exclusiva Europa Press, con la modificación que el PSOE está trabajando, la suspensión del cargo público se produciría en los casos en los que el delito por el que se les procese sea "grave o muy grave" y medie "violencia o intimidación". 

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Esto supondría reducir el alcance del artículo que permitió al Parlament y al Congreso despojar de sus actas de diputados a varios líderes del procés independentistas mientras estaban procesados por el referéndum ilegal, pero sin haber sido aún condenados.

Y es que, en el caso de los golpistas del 1-O, aplicando estas nuevas normas que propone el PSOE, el Congreso y el Parlament catalán no les podrían haber quitado sus actas de diputado, puesto que no se acreditó violencia o intimidación.

En la citada ley existe un artículo (el 348 bis) que se utilizó en 2018 para despojar de sus actas de diputados en el Parlament Raül Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turull i Negre.

Un año después, ese mismo precepto, lo utilizó la Mesa del Congreso para suspender de su condición de diputados a los tres últimos y también a Jordi Sánchez. 

No es la primera vez

El PSOE ofrece ahora rebajar este artículo, pero no es un cambio que no se esperara. De hecho, el PDeCAT ya había planteado la derogación del mismo mediante enmiendas a dos leyes.

Lo hizo el pasado mes de noviembre al enmendar la Ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de la Justicia y lo volvió a hacer la semana pasada durante la tramitación de la reforma del Código Penal que, entre otras cosas, acabó con el delito de sedición.

El PSOE, en ese momento, negó la posibilidad de hacer el cambio pero, ahora, ha hecho una oferta al PDeCAT dentro de la tramitación de la ley de eficiencia procesal, que aún se discute en la Comisión de Justicia del Congreso.

La enmienda

Textualmente, la enmienda que ofrece el PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, prevé que, "sin perjuicio de lo que se establezca en las regulaciones de los distintos empleos y profesiones públicas", cuando sea "firme el auto de procesamiento, sólo se podrá acordar la suspensión de cargo u oficio público, concretando su alcance", cuando concurran ciertos requisitos.

Esos requisitos son "que el delito por el que se procesa sea grave o muy grave, lleve aparejada una pena de inhabilitación o suspensión de igual naturaleza y se haya cometido con violencia o intimidación", que "la medida cautelar resulte necesaria para prevenir el riesgo de comisión de hechos delictivos concretos relacionados con el que es objeto del proceso" y que "sea solicitada por el Ministerio Fiscal o por acusación personada".

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La enmienda redactada por el PSOE añade que, una vez solicitada la adopción de esta medida cautelar, se convocará a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la petición de la medida, y a la que deberán acudir el procesado, asistido de letrado, el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas.

En esta audiencia es donde los afectados podrán realizar alegaciones y proponer "los medios de prueba que puedan practicarse en el acto" para que el juez o tribunal decida sobre "la procedencia o no de la suspensión cautelar de cargo u oficio público atendiendo a las obligaciones inherentes al cargo público ejercitado".

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La propuesta del PSOE está incluida dentro de la tramitación de la ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de la Justicia. Pero esta ley no se va a retomar en el Congreso de los Diputados hasta después de las Navidades. 

Desde el PDeCAT piden algo más que modificar este artículo: quieren suspenderlo. Se apoyan en que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ratificó que la aplicación del artículo 384 bis de la Lecrim "constituye una violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".