Bruselas abordará el día 11 el 'asalto' a la Justicia en España en una cita clave para los planes de Sánchez

Según ha podido saber este periódico, el próximo 11 de enero, en la primera semana hábil tras la Navidad en las instituciones europeas, Didier Reynders recibirá al eurodiputado español Adrián Vázquez, de Ciudadanos. El líder de la delegación liberal española, por ejemplo, dirigió la instrucción del proceso que terminó en la votación mayoritaria para levantar la inmunidad del fugado Carles Puigdemont en la Eurocámara.

La Comisión, garante de los Tratados de la UE, ya se ha pronunciado a propósito del enfrentamiento directo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y "la mayoría conservadora del TC", como él mismo la calificó este martes, en una declaración institucional, antes del Consejo de Ministros.

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Casi a la misma hora, un portavoz de la Comisión advertía de que los "cambios de calado" en el Poder Judicial deben tramitarse "por los procedimientos normales". La declaración era un aviso, en línea con los incluidos en el Informe sobre el Estado de derecho en España de 2022, publicado el pasado mes de julio. 

Y el miércoles, en persona, fue el mismo comisario de Justicia el que recordó al Gobierno que debe "cumplir los estándares europeos". Es decir, retomar la negociación con el Partido Popular para renovar el CGPJ e, "inmediatamente", reformar la ley para "adaptar el nombramiento de sus vocales jueces, teniendo en cuenta los estándares europeos".

Fuentes de Cs en el Parlamento Europeo han confirmado que el próximo 11 de enero el europarlamentario Vázquez se reunirá con el comisario Reynders. La cita será clave para los planes de Sánchez, a la vista de que fuentes del Gobierno ya confirman que seguirá adelante con las reformas, a través de un plan B, presentándolas como una proposición de ley independiente.

La agenda del encuentro entre Reynders y Vázquez abarcará varios temas, según las fuentes consultadas. Principalmente, en el ámbito legislativo europeo, en los que Vázquez es portavoz del grupo liberal, pero también se prevé que se aborde "la situación del Estado de Derecho y el respeto a los jueces y magistrados en la UE en general y en España en particular".

Por su parte, el Partido Popular ya anunció, por boca de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que defendería "el Estado de derecho", la "independencia del Poder Judicial" y la "separación de poderes" en todas las instancias a mano. Lo hizo la semana pasada, presentando el recurso en el que reclamaba medidas cautelarísimas al Tribunal Constitucional y tratando de forzar un debate, la semana pasada, en el pleno del Parlamento Europeo, contra "el asalto" de Sánchez a las instituciones. 

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Fuentes consultadas en el PP confirman que se sigue trabajando en más iniciativas, al tiempo que se reafirman en lo advertido por Reynders. Remarcan que el próximo Informe sobre el Estado de derecho incluirá esta "grave crisis institucional" y que, además, su publicación coincidirá en fechas con el inicio del semestre español de presidencia de turno en la UE.

Por eso, el hecho de que Reynders anunciara públicamente este miércoles que la Comisión Europea "lamenta" la situación en nuestro país no sólo respalda la actuación del Constitucional, sino que refuerza a la oposición, según las fuentes.

El comisario recordó "la conocida y estable" posición de Bruselas al respecto. Es decir, las "recomendaciones" incluidas en los tres informes sobre el Estado de derecho en España. Él mismo avisó, sólo horas antes de su última visita a nuestro país, en el pasado septiembre, que podrían llevar a sanciones si nuestro país continúa sin cumplir "los estándares europeos".

Bruselas ha amonestado a España insistentemente, desde el año 2020, en los tres informes emitidos sobre el respeto a la "división de poderes", la "independencia dela Fiscalía", la "lucha contra la corrupción", la defensa de las "libertades civiles" y la "libertad de los medios".

Desde el inicio de esta legislatura europea, la Comisión Europea asumió el mandato de evaluar a cada uno de los Estados miembros a este respecto.

Cada mes de julio, Reynders ha publicado su informe sobre España y, en ellos, siempre ha reclamado lo mismo, cada vez con un lenguaje más grave: "España debe proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de esa renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus vocales jueces, teniendo en cuenta los estándares europeos", recordó este miércoles.

Además, sus declaraciones llegaban sólo 24 horas después de que su portavoz, Christian Wigand, advirtiera de que "cuando se trata de reformas de los sistemas de Justicia en nuestros Estados miembros, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas relevantes, incluidos la judicatura y el Consejo General del Poder Judicial".

Silencio prudente

Pero, sobre todo, después de semanas de silencio prudente. En ellas, tanto el PP como Cs impulsaron iniciativas a nivel europeo para llamar la atención de las instituciones ante el "asalto de Pedro Sánchez al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional".

Pero ninguna de las quejas de populares y liberales habían tenido éxito. El mismo líder del PP europeo, el alemán Manfred Weber, pidió la semana pasada un cambio en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo para debatir "el ataque al Estado de derecho y a la división de poderes en España", tras la ofensiva de cambios legales por la vía de urgencia y de la enmienda impulsada por el Gobierno de Sánchez.

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Una alianza entre socialistas, radicales de izquierda y liberales (salvo los eurodiputados de Cs) lo impidió.

Sólo después del auto del TC suspendiendo el procedimiento en el Senado de las enmiendas que cambiaban la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Comisión decidió intervenir en la polémica. Bruselas suele ser muy pulcra con la "no intromisión en asuntos internos" de cada Estado miembro.

Pero tras la aceptación de las medidas cautelarísimas pedidas por el PP, Reynders dejó de considerarlo un asunto interno de "iniciativas parlamentarias". Ahora, Bruselas entiende que la crisis institucional ya ha provocado un choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial -e incluso con el árbitro de ambos, el Constitucional- que obliga a la intervención.

Eso sí, lo hizo en el habitual lenguaje de Bruselas, con la elegancia de quien no quiere perder la autoridad moral sobre las partes en conflicto. Es decir, sin citar la última parte de la polémica y centrándose en recordar -en el momento preciso- lo que ya se ha dicho insistentemente: "Lamento escuchar que en España se han suspendido las negociaciones sobre la renovación del CGPJ", apunta Reynders citando el informe sobre el Estado de derecho, "que actúa en funciones ad interim desde diciembre de 2018". 

La Comisión Europea insiste, pues, en "llamar a todas las partes involucradas a dar los paso necesarios para la implementación exitosa de esta recomendación".

Aunque después de dos semanas de silencio ante las preguntas de este periódico, su entrada en el debate es un llamamiento al Gobierno de Sánchez, como máximo responsable de la situación. Así lo apuntó en aquel viaje a España del mes de septiembre, y así lo apunta el hecho de que Bruselas interviniera públicamente sólo después de las declaraciones institucionales de Meritxell Batet, Ander Gil, Eva Granados y Félix Bolaños, tras el auto del TC.