El Gobierno recurre a fondos UE para dar 30 M a patronal y sindicatos que antes salían de los PGE

Así lo recoge el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, que enmarca este acuerdo del Gobierno en lo dispuesto por el "ambicioso Plan Estratégico de Formación Profesional, iniciado desde el cuarto trimestre de 2018". Es decir, antes de la pandemia y -evidentemente- de la creación de los fondos europeos de ayuda a las economías más castigadas por la Covid. 

Y así lo ha podido comprobar este periódico, comparando este decreto con el que, en el año 2020, concedía estas mismas subvenciones a CEOE, Cepyme y UGT. Entonces, el Real Decreto 1104/2020, de 15 de diciembre, no sólo elegía a los mismos "interlocutores sociales" como destinatarios de las ayudas. También les concedía exactamente las mismas cantidades, en lo que refleja un claro corta y pega.

A saber, la subvención a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) asciende a 15.312.500,00 euros, en el año 2022 a cargo de los fondos europeos. Exactamente, el mismo montante que se entregó, a cargo del Ministerio de Educación, en el año 2020.

La ayuda directa para la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) fue, hace dos años, por valor de 5.104.166,66 euros de las partidas del Ministerio entonces dirigido por Isabel Celaá. La cantidad, bajo el mando de Pilar Alegría, se ha redondeado en 34 céntimos, hasta los 5.104.167,00 euros. Pero en este caso, paga Bruselas.

Isabel Celaá entrega la cartera de Educación a la nueva ministra, Pilar Alegría. Efe

Finalmente, la subvención a la Unión General de Trabajadores (UGT) le cuesta a los fondos europeos 33 céntimos menos este año, hasta los 10.208.333 euros. En el año 2020 ascendió a la cuantía de 10.208.333,33 euros, a cargo de las partidas de Educación en los Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes del Ministerio admiten los hechos y explican que, efectivamente, el programa de digitalización comenzó "a finales de 2018", fue consolidado "en julio de 2020" y se incluyó "en el Plan de Modernización y en la Ley de la FP, que forma parte de las reformas comprometidas con la Comisión Europea". La idea es "actualizar las capacidades" de 500.000 trabajadores en cuatro años, a través de estas subvenciones a los agentes sociales.

Es decir, que toda esta integración de la Formación Profesional para estudiantes y trabajadores ya "formaba parte de la hoja de ruta" del Gobierno de Sánchez y que la llegada de los fondos de recuperación "ha permitido ampliar su presupuesto". Y ésa es la explicación oficial de que "en 2020 se pagara con cargo a los Presupuestos y ahora el dinero se saque de los fondos europeos". 

Funcionarios interinos

Sin embargo, fuentes del personal laboral del Ministerio de Hacienda, del que depende la gestión y asignación del dinero que llega de Bruselas, dudan de la ideoneidad de este cambio. "Utilizan los fondos europeos como si fuese una hucha para todo", denuncian funcionarios del Ministerio. Y explican las circunstancias en las que deben dar curso a los programas:

"Sufrimos presiones de los responsables políticos para sacar adelante expedientes dudosos", como el de los siete millones de euros para alquilar dos plantas de un edificio de oficinas de lujo para la misma oficina de los fondos UE denunciado por este periódico. "Mientras, una gran parte de nosotros estamos en una situación precaria, casi todos en interinidad".

Recientemente, el Ministerio de Hacienda, del que depende la oficina para la gestión de los fondos europeos, ha impulsado la sustitución de los trabajadores que han estado gestionando los expedientes de los fondos europeos por otros con "falta de formación", denuncian algunos funcionarios, "y menos experiencia". 

Pero dentro de las medidas que anunció la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no apareció la de entregar más de 30 millones de euros en subvenciones a patronales y sindicatos.

Y mucho menos mencionó el origen de ese dinero: los fondos europeos NextGenerationEU. Es decir, el dinero que nos da la Unión Europea a fondo perdido para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dinero para el rival

En todo caso, y a pesar de que los temas elegidos para la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fueron eminentemente económicos, nada se dijo de los 30,65 millones en subvenciones. Y eso que los beneficiarios son los "agentes sociales", que en estas semanas rivalizan con el Gobierno en la negociación de dos medidas clave: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma de las pensiones.

Ya en el año 2020, el otro momento en el que el Gobierno concedió estas subvenciones de 30,65 millones de euros a las patronales y sindicatos, Moncloa estaba inmersa en duras negociaciones con los representantes de los empresarios y los trabajadores: la renovación de los ERTE de la pandemia, la subida del SMI, la mejora del Ingreso Mínimo Vital, o la primera parte de la reforma de las pensiones.

La vicepresidenta Calviño, junto a las ministras Rodríguez, Llop y Morant, en Moncloa. Moncloa

Este miércoles, de hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se tuvo que sentar a negociar el SMI sólo con los sindicatos, dado que las patronales han "perdido la confianza" en ella como interlocutora, tras su acuerdo con Bildu para cambiar las normas pactadas en la mesa del diálogo social para los procesos de despido colectivo.

Tampoco el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene fácil alcanzar un acuerdo en la última pata de la reforma de las pensiones. Mientras la Comisión Europea advierte de sus dudas sobre la "sostenibilidad" del sistema, los agentes sociales están enfrentados a cuenta del "mecanismo de solidaridad intergeneracional" propuesto por el Gobierno.

Según este plan, las empresas deberán cotizar mucho más por los sueldos más altos y los trabajadores recibirán, a cambio, subidas mucho menores de su prestación.

A pesar de que la "digitalización" que se subvenciona en esta partida de fondos UE es una de las políticas transversales impulsadas por este Ejecutivo, nada se dijo en la rueda de prensa sobre este asunto. Y eso que forma parte de los hitos cuyo cumplimiento exige la Unión Europea.

Isabel Rodríguez se refirió con orgullo a que el Senado aprobaría esa misma tarde los terceros Presupuestos del Gobierno, "que mejorarán de la vida de los españoles y movilizarán los fondos europeos para la transformación de nuestra Economía". 

Pero a propósito de las subvenciones pagadas con estas ayudas de la UE, tampoco dijo nada la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Como ministra de Economía, sí informó del dinero, pero no de su destino.

Calviño explicó la aprobación de la adenda del Plan de Recuperación aprobada por el Gobierno para "movilizar el resto de fondos europeos" hasta el año 2026. Es decir, para traer a Bruselas y activar, así, los más de 80.000 millones que restan de los 'NextGenerationEU' que, en forma de créditos, "completarán las partidas y harán crecer un 3% el PIB español hasta el año 2030".