Peligra la reforma de la Ley Mordaza: Bildu y ERC quieren castigar menos las ofensas a los policías

La ponencia que tramita la ley se reunió este martes y acordó excluir del texto final uno de los artículos más polémicos de la norma, el que permite sancionar a los organizadores de una manifestación en la que se produzcan disturbios, aunque no tuvieran nada que ver. Fue el único punto en común.

Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que el independentismo no se mueve del punto de partida. Tanto ERC como EH Bildu piden reducir el margen de la ley –qué se considera "falta de respeto" y "desobediencia"– y abaratar los topes de las sanciones, lo mismo que hace más de un año. A sus ojos, estos dos preceptos son responsables de "más del 70%" de las multas.

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Durante la última reunión, a fin de buscar un punto de encuentro, Unidas Podemos propuso especificar que la desobediencia debía ser "manifiesta" y que la oposición a la autoridad debía ser "corporal [o] física", una redacción que molesta a sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. El PNV y el PSOE apoyaron esa redacción, pero no ERC y EH Bildu. 

La idea original era que la ponencia de este martes fuera la definitiva y que se pudiese salir de ella con un texto conjunto, definitivo, para aprobarlo en el Congreso. No obstante, la reunión duró apenas 25 minutos y dejó en stand-by los aspectos más polémicos debido a la cerrazón de los independentistas.

De hecho, el plan del PSOE era votar la ley el mismo martes. Un cruce de llamadas el lunes por la noche con el socio minoritario le hizo cambiar de opinión ante el riesgo real de que ERC y EH Bildu tumbaran definitivamente la reforma. Finalmente, y ante este giro de guion, la negociación fue mucho más breve de lo esperado.

Choque de textos

Los dos socios de Gobierno se dan así una semana de respiro para seguir negociando con los independentistas. La piedra en el zapato, tan recurrente como hasta ahora insalvable, sigue siendo la redacción de los artículos 36.6 y 37.7, relativos a la desobediencia y faltas de respeto a los agentes de Policía, que son sobre los que se sustentan la mayoría de multas y sanciones.

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El texto, en su forma actual, considera una falta leve "las faltas de respeto y consideración" a la autoridad y las castiga con penas entre 100 y 600 euros. La propuesta del PNV, que cuenta con el respaldo de Unidas Podemos, es que sólo se consideren faltas de respeto las "expresiones o actos humillantes, despectivos y ofensivos" que desacrediten a los agentes.

De nuevo, el PSOE acepta esta redacción, pero ERC, EH Bildu y Junts se cierran en banda por considerar demasiado vaga. Según fuentes parlamentarias, el texto propuesto seguiría permitiendo actuaciones "arbitrarias" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Quedan también en el tintero otros dos problemas de difícil solución: eliminar las devoluciones en caliente y el uso de pelotas de goma como material antidisturbios. Sobre el primero, el PSOE ha ofrecido revisarlo en la Ley de Extranjería; sobre el segundo, el horizonte de acuerdo todavía es lejano.

Con todo esto como punto de partida, en el Gobierno coexisten dos teorías sobre cómo afrontar la negociación. Por un lado, los socialistas son partícipes de forzar la maquinaria e intentar sacar adelante los avances en común; por otro, los socios no quieren torcer el brazo hasta suprimir los aspectos más lesivos de la ley, que ya lleva más tiempo en ejercicio bajo un Gobierno del PSOE de lo que lo hizo en uno del PP.