Puigdemont podría visitar España con la comisión de europarlamentarios para investigar el 'caso Pegasus'

¿Es esto una mera fantasía, una locura o, efectivamente, puede ocurrir que el presunto delincuente se vaya a convertir en quien investigue los posibles desmanes del Estado?

El Parlamento Europeo lleva meses investigando qué ocurrió con el software espía Pegasus. Ya ha viajado a Israel -donde se creó el programa-, Polonia, Grecia y Chipre. Pronto lo hará a Hungría. Y en el estreno de la primavera, la comisión llevará a Madrid la carta enviada el 22 de julio pasado al Gobierno, y nunca contestada -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- para preguntar a ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos -además de funcionarios- qué pasó con los programas espía.

Isabel Rodríguez y Félix Bolaños, en la sala de prensa de Moncloa, revelan el espionaje al móvil de Pedro Sánchez. ADP

Quién husmeó en los móviles de quién en España: si el Estado en los de los líderes independentistas; si Marruecos en los del Gobierno; o si todos en los de todos. Si Moncloa presentó una denuncia por el asalto a los aparatos de Sánchez y algunos de sus ministros... ¿hizo lo suyo todo legalmente o hubo "espionaje en masa", como proclama el independentismo bautizando el caso como CatalanGate? 

Mientras Puigdemont pisa suelo español (imaginariamente) por primera vez en cinco años y medio... tratemos de averiguar qué se le ha perdido aquí, por qué se arriesga.

El 'caso Pegasus'

¿Cuándo estalló en España el llamado caso Pegasus? Justo cuando el Parlamento Europeo abría la comisión de investigación sobre el uso de este (y otros) programa espía. Hubo apenas dos semanas de intervalo entre la publicación, a mediados de abril de 2022, de un larguísimo reportaje en la revista estadounidense The New Yorker y la primera sesión oficial del comité en la Eurocámara, que llevaba meses en preparación.

"Lo hicieron adrede, esperaron al momento oportuno", sentencia una fuente de la Eurocámara. 

¿Y cuándo puede terminar de formar un nuevo 'tsunami indepe'? Los próximos 21 y 22 de marzo, cuando una misión de europarlamentarios visite España, ante la "falta de colaboración" del Gobierno de Sánchez en el esclarecimiento del caso.

Porque entre los 38 miembros de la comisión de investigación, que se reunió este martes en Bruselas y este jueves aprobará su informe preliminar, está Puigdemont. Y según fuentes consultadas en Bruselas, estaría sopesando solicitar formar parte de la comitiva.

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"Ahora, ésa es la clave de todo este caso", explica otro de los eurodiputados que forman parte de la comisión de investigación. "Que Puigdemont quiera atraer los focos y erigirse en investigador del supuesto Estado opresor", añade esta fuente.

"¿Que lo detienen? Figúrate el ruido, uno que va a pedirle cuentas al Gobierno por espiarle y acaba entre rejas... ¿Que no lo detienen? Demostraría su capacidad de incendiarlo todo". Y lo haría justo antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

"Los únicos países implicados en el escándalo Pegasus son los citados Grecia, Chipre, Hungría y Polonia", es decir, dos pequeños y otros dos a los que se da casi por 'casos perdidos' en el respeto al Estado de derecho. "La ponente de la comisión está empeñada en encontrar un escándalo de un país grande, y el mal llamado CatalanGate le da la oportunidad de arremeter contra España".

Otras fuentes de la Cámara añaden otro ingrediente. "La imagen de nuestro país entre los Veintisiete no deja de deteriorarse desde el 1-O... por los gravísimos delitos que ocurrieron y por cómo está Sánchez cambiando las leyes al gusto de los que los cometieron". 

¿Es inmune o no lo es?

Pero, ¿no hay una orden de detención contra Puigdemont en nuestro país?

Efectivamente, la hay. Y acaba de renovarse. Concretamente, hace dos semanas, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del expediente del procés, emitió su último auto. En él, obligado por las circunstancias, dejaba sin efecto la acusación de sedición contra el expresident huido, pero le mantenía la del delito de malversación de fondos públicos en todos sus términos.

Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo. Efe

Entonces, si Puigdemont viaja a España dentro de dos meses como miembro de la misión del Parlamento Europeo, en su condición de eurodiputado, ¿sería arrestado?

Lo lógico es pensar que sí, porque Llarena ha ordenado su detención. Pero también lo lógico es pensar que no, porque -aunque de manera cautelar- todavía goza de inmunidad parlamentaria.

Pero, ¿la Eurocámara no había concedido el suplicatorio al Supremo para poder proceder contra él? Efectivamente, es así. Entonces, ¿cómo es que mantiene la inmunidad?

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Porque Puigdemont tiene recurrida esa decisión ante el Tribunal General de la UE (TGUE). Y el vicepresidente de la corte atendió su petición de medidas cautelares: así que hasta que no se dicte sentencia, al líder independentista fugado, en teoría, no se le puede procesar. Y por tanto, tampoco detener.

Y entonces, ¿por qué Llarena ha emitido esa orden de detención contra él? Porque en territorio español, el magistrado se atiene a las leyes españolas. Y lo que dice la Junta Electoral es que a Puigdemont no se le emitió el acta de europarlamentario. Porque nunca juró la Constitución presencialmente tras ser elegido en las urnas.

De hecho, el mismo Parlamento Europeo reconoció, ante el TGUE, que fue "probablemente ilegal" el reconocimiento del político separatista catalán como eurodiputado. 

¿Y cuándo habrá sentencia? "En primavera", apuntan fuentes europeas, sin comprometerse, tras la vista del pasado 25 de noviembre. ¿Y cuándo es primavera? Justo ese señalado 21 de marzo.

Antes de eso, el martes que viene, el político independentista cruzará otra meta volante. El otro Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe resolver la cuestión prejudicial planteada por el mismo juez Llarena.

Se trata de dilucidar si Bélgica tiene derecho a denegar la entrega de Puigdemont, alegando la incompetencia del Supremo para juzgar esos delitos. El abogado general ya le ha dado la razón al magistrado español, y en un altísimo porcentaje de casos las sentencias del TJUE se atienen a este criterio.

España y el Estado de derecho

Así las cosas, y tras la reforma legal impulsada por los partidos del Gobierno (PSOE y UP), aprobada con los votos de los partidos interesados (ERC, entre otros), Llarena cambió su orden de detención en el mismo día, 12 de enero, que entraba en vigor la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación.

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Ésa reforma que causó la enorme crisis institucional de diciembre por su forma (suspendida por inconstitucional) y su contenido (pendiente de recurso ante el TC). La misma reforma por la que Llarena entiende que la figura de "desórdenes públicos agravados" no se ajusta a los hechos que antes encajaban en la de "sedición", por lo que la conducta de Puigdemont se queda en "desobediencia".

Pero también la misma por la que el magistrado del Supremo contradijo los vaticinios (y el mismo diseño) previstos por Moncloa, según reconocen fuentes del Gobierno, en lo tocante a la malversación. Por eso, Puigdemont a última hora de ese 12 de enero, publicó un vídeo en el que advirtió de que no volverá a España "para ser esposado".

Horas antes, el abogado del expresident, Gonzalo Boye, si había celebrado el auto de Llarena, anticipando incluso el regreso de Puigdemont "tras febrero o marzo". Y esa última es la fecha que ahora vuelve al centro de los focos.

¿Se atreverá el fugado a subirse al avión con el resto de eurodiputados, en misión de exigirle al Gobierno de Sánchez las explicaciones que lleva negando seis meses a la Eurocámara? ¿Aterrizará en Madrid el 21 de marzo Carles Puigdemont, investido de la autoridad de una Unión Europea?

No en vano, Bruselas lleva tres años amonestando a España en sus Informes sobre el Estado de derecho, lo mismo que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Y el comisario de Justicia advierte insistentemente a Pedro Sánchez por sus reformas legales con dudoso "encaje en las normas comunitarias". La última vez, hace sólo una semana.