Moncloa se desmarca de la 'ley anti Ferrovial' de Podemos: "Chocaría con la UE, no es conveniente"

Después de que se conociera que la empresa Ferrovial había decidido desplazar su sede social a Países Bajos, PSOE y Podemos iniciaron una campaña de descalificación basada en subrayar que tanto la empresa como su presidente, Rafael del Pino, habían logrado su éxito gracias a las contratas públicas.

El punto álgido de las críticas lo protagonizó Pedro Sánchez desde Helsinki cuando dijo que "la patria no es sólo hacer patrimonio, es ser solidario", junto a su homóloga finlandesa, Sanna Marin. "Es la tercera o cuarta fortuna de España y se ha hecho gracias a la contribución de los españoles", añadió.

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Podemos elevó la apuesta de los socialistas y presentó una proposición de ley para que las empresas que hayan recibido ayudas o subvenciones y que se trasladen fuera del territorio nacional tengan que devolver las cantidades percibidas en los últimos 10 años.

Dicha proposición fue calificada por la Mesa del Congreso de los Diputados el pasado martes y este viernes se ha publicado en el boletín de las Cortes, esperando ahora, por lo tanto, la contestación del Gobierno para seguir su trámite.

Pero "entre la crítica y cambiar la legislación hay un paso largo", resume un alto cargo del PSOE. Fuentes del Gobierno aseguran a este diario que tienen muchas dudas sobre si la reforma "puede chocar con la legislación de la Unión Europea", que no permite penalizar a una compañía por una decisión corporativa legal.

Además, la legislación comunitaria, y por ende la española, hace hincapié en que no se puede discriminar a empresas por tener su sede en otro país miembro, lo que sería el caso de Ferrovial y Países Bajos.

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Desde Moncloa también ven problemas con la retroactividad. Los morados quieren que afecte a los últimos 10 años, e introdujeron ese factor para penalizar expresamente a Ferrovial por su salida.

Desde Podemos aseguran que "la retroactividad es perfectamente posible" porque sería una ley administrativa y no penal. Así lo defendió el portavoz de la Ejecutiva, Pablo Fernández. Los socialistas no tienen nada claro que sea así y, además, no se sienten cómodos con una ley impulsada ad hoc.

La otra gran duda son los trámites parlamentarios. Una vez que el Gobierno conteste –tiene 30 días para hacerlo–, la proposición de ley tendría que ser tomada en consideración, se podrían presentar enmiendas a la totalidad o al articulado, acabaría en una comisión que tiene que emitir un dictamen que volvería al pleno del Congreso, que pasaría al Senado y que, ahí, podría volver a recibir enmiendas y volvería al Congreso.

Todo este trámite parlamentario, al que hay que añadir las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, las vacaciones de verano y la disolución de las Cortes por la convocatoria de las generales, hacen pensar que es difícil que la proposiciónde Podemos vea la luz esta legislatura y que el Gobierno no la vea "muy conveniente".

De todas formas, desde el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño aseguran que están "analizando bien el caso y los argumentos". "Con estas cosas hay que ir con prudencia y rigor", añaden.