Meloni desviará la 'bomba migratoria' del verano a España y Grecia justo con Sánchez al frente de la UE

Serán seis meses en los que su ministro del Interior podrá "derogar algunas normas del ordenamiento vigente" a nivel nacional, lanzar redadas masivas, construir centros de retención y expulsar migrantes de manera urgente. Las fechas coinciden con la llegada del verano, cuando las mafias activan las rutas y la presión en las rutas del Mediterráneo es mayor.

Por eso, el mensaje de dureza italiano, en contraste con el español, hace temer al Ejecutivo de nuestro país que la bomba migratoria que tratará de evitar Italia -con bloqueos marítimos y expulsiones masivas- se desvíe a la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, la ruta occidental; o a la oriental, por Grecia.

La Guardia Costera italiana opera el salvamento de una barcaza de inmigrantes, este lunes, en el Mediterráneo. Efe

En el último año, es precisamente esta vía, la que termina en las costas españolas, la única que no sólo no aumenta las llegadas, sino que las está reduciendo en casi un 25%, según los datos oficiales. Justo lo contrario que lo que ocurre en las playas de Italia donde, por ejemplo, han arribado no menos de 3.000 personas en los últimos tres días. En lo que va de año se ha cuadruplicado el flujo de inmigrantes llegados por mar, principalmente a Lampedusa y a Sicilia.

Eso es lo que ha hecho estallar a la presidenta y líder del neofascista Fratelli d'Italia. Y a su titular de Interior, Matteo Piantedosi, mano derecha del vicepresidente, Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Lega.

Hasta ahí, lo policial y lo social, que por muy grave que se ponga la situación, la experiencia de las fuerzas de seguridad y de Protección Civil españolas permite confiar en que se pueda gestionar. Pero lo político es lo que más preocupación provoca en el entorno de Moncloa: esos seis meses también coinciden con el inicio de la presidencia de turno española del Consejo de la UE.

"Querida Giorgia", dijo e insistió Sánchez en la comparecencia sin preguntas de Roma, demostrando una sintonía inesperada con la gobernante transalpina. Y es que la cita versó, esencialmente, sobre uno de los expedientes principales que debe cerrar el Ejecutivo español durante su presidencia de turno: el Pacto de Migración y Asilo europeo.

De hecho, la Eurocámara llegó a un acuerdo con el Consejo, las cinco últimas presidencias y la Comisión para cerrar un acuerdo antes del fin de la legislatura europea, tras casi una década de retrasos.

Sintonía Sánchez-Meloni

El viaje de Sánchez, la semana pasada, a Roma buscaba precisamente hallar una aliada en Meloni. No en vano, en Moncloa se preparó la visita con "cierta esperanza" en hallar espacio para el acuerdo, ya que Meloni, decían, había virado su discurso. Y en Moncloa sorprendió la "sintonía personal" entre ambos mandatarios, mucho mayor de la esperable.

La primera ministra italiana ofrecía declaraciones "más europeas", incluso alejándose de la política agresiva que mantuvo antes de la tragedia de Cutro (Calabria), en febrero. La Guardia Costera acosaba embarcaciones y se negaba a dejar desembarcar otras en sus puertos, aunque la ley del mar obliga a llevar una nave en problemas al puerto más cercano.

Según el equipo de colaboradores del presidente Sánchez, Meloni se estaba acercando a la posición española, que ofrece "responsabilidad" pero reclama "solidaridad" de la UE: "Las fronteras exteriores son nuestras, pero el territorio es europeo", repiten las fuentes de Moncloa, que proponen como solución la experiencia de los sucesivos gobiernos desde 2007 llegando a acuerdos con los países de origen y tránsito.

Ahora, todo eso ha estallado. La posible alianza con Italia para que dos de los cuatro países grandes de la Unión hicieran fuerza junto al resto de la ribera sur y del límite oriental, ha saltado por los aires.

Italia ha vuelto, y de manera radical, a la política del castigo. La del "incentivo negativo", como prefiere llamarla, que amenaza a los países "que no colaboren aceptando devoluciones" con retirarles visados e, incluso, los fondos de cooperación al desarrollo.

"Nosotros preferimos el incentivo positivo, llegar a acuerdos", explican las fuentes del Gobierno español. "Es mucho más efectivo trabajar en el terreno y trabajar la confianza entre fuerzas de seguridad y las autoridades de cada país". El Gobierno Sánchez cuenta en esto con el apoyo de Bruselas, pero en el Consejo extraordinario de febrero, España aceptó la exigencia húngara de reclamar dinero para levantar vallas en la frontera con Ucrania.

De hecho, a pesar de las palabras, Meloni ya deslizó en la rueda de prensa conjunta con Sánchez que también quiere -como Hungría- que Bruselas "financie infraestructuras" en los límites exteriores de la UE. Es decir, que Europa se amuralle con verjas, drones, fosos y cámaras en el este y con patrulleras y aviones de vigilancia en el Mediterráneo. Y que eso lo pague la Comisión Europea.

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo italiano, junto al vicepresidente Matteo Salvini, y el ministro del Interior, Matteeo Piantedosi. E.E.

Así, el ministro Piantedosi, que ya fue jefe de Gabinete de Salvini cuando el líder de la Lega fue ministro del Interior en el gabinete de Giuseppe Conte -que unía en coalición a la izquierda radical de Cinco Estrellas y a los ultraderechistas- gestionará seis meses de "emergencia migratoria", tras rechazar "los años de cháchara" de los anteriores gobiernos, "incapaces de gestionar" las llegadas de embarcaciones con inmigrantes irregulares.

Expulsiones, redadas...

El Gobierno de Meloni denuncia la "insolidaridad e inmovilismo" de la UE ante este "fuerte aumento" en los flujos a través del Mediterráneo. La medida aún no está suficientemente aclarada. De momento se sabe que permitirá suspender la vigencia de algunas leyes, pero no de cuáles.

Fuentes del Gobierno español, consultadas por este periódico, se limitaron a responder, sorprendidas, que dudan de que esa posibilidad sea "jurídicamente legal".

El estado de emergencia estará respaldado por una financiación inicial de 5 millones de euros. "Que quede claro, no estamos resolviendo el problema, la solución sólo puede depender de la intervención responsable de la Unión Europea", dijo Nello Musumeci, ministro de Protección Civil.

Además, según Reuters, la medida permitirá al Ejecutivo de Meloni repatriar de manera urgente a las personas en situación irregular que no pueden permanecer en Italia. Se podrán impulsar redadas de identificación y expulsión, reveló una fuente gubernamental a la misma agencia.

El Gobierno italiano se comprometió a frenar la inmigración masiva, a su llegada al poder el pasado octubre. Pero en lo que va de 2023 han llegado a Italia unos 31.300 inmigrantes, según muestran datos del Ministerio del Interior, frente a los 7.900 en el mismo período del año pasado.

Este lunes, la Guardia Costera dirigió las operaciones de rescate de dos barcos que transportaban un total de 1.200 personas, y otras embarcaciones de ONG también se unieron a los esfuerzos para salvar vidas en el mar.

Después del naufragio frente a la región de Calabria, en el sur de Italia, a fines de febrero, en el que murieron, al menos, 60 personas, Meloni instó a la UE a "hacer más" para detener la inmigración ilegal, con propuestas como endurecer las penas de cárcel para los traficantes de personas.

"Es correcto que el Ministerio del Interior y las instituciones tengan poderes especiales para abordar y gestionar un fenómeno complejo que está ejerciendo presión sobre algunas regiones del sur", sentenciaba este lunes el gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, en un comunicado.