España necesitará unanimidad en la UE para ser el único Estado con cuatro lenguas oficiales

La mesa de negociación entre el Gobierno y el Govern catalán ya aprobó el impulso al uso de las lenguas cooficiales tanto en el Senado como en el Parlamento Europeo. El primero se dilató debido a las enmiendas aceptadas por la mesa de la Cámara Alta, entonces presidida por el socialista Ander Gil, cargo que, desde hoy, ocupa el recién elegido Pedro Rollán, del Partido Popular. Y con el segundo no se hizo nada... hasta este 17 de agosto de buena mañana.

Pero España, el Gobierno, el PSOE... necesitará unanimidad entre los Veintisiete para sacar adelante una promesa.

Fuentes europeas alertan de que el problema podía estar en lo que Sánchez pueda ofrecerle a los otros 26 estados miembros de la UE a cambio de que le acepten las tres lenguas cooficiales españolas. Ahora mismo están en juego la sede de la AMLA (Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales) a la que aspira España, retirar la candidatura de Calviño para el BEI (Banco Europeo de Inversiones) o la de Margarita Delgado para la presidencia del MUS (Mecanismo Único de Supervisión).

Este mismo jueves José Manuel Albares, ministro de Exteriores en funciones, admitía que se han dado pasos para responder a esos "hechos probables" y "no promesas" exigidos por Carles Puigdemont para comprometer su voto a favor de Francina Armengol en la Mesa del Congreso. Aunque el expresident fugado en Waterloo se contentó con el registro de entrada de una carta enviada por Albares a una funcionaria de Bruselas.

Más allá de que la promesa para el Senado va a costar aún más cumplirla, porque ahora está en manos de una mayoría absoluta del PP —que no prevé cambiar el reglamento de la Cámara Alta—, el presunto logro de Junts y de ERC puede quedarse en nada. En apenas un mes, pasará su primer filtro en Bruselas, y no puede fallar el sí de un solo Estado miembro.

El pasado julio, el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez envió una carta a Roberta Metsola, presidenta de la Eurocámara, para anunciarle el deseo de que las lenguas cooficiales españolas pudiesen utilizarse en las sesiones plenarias. Pero ahí se quedó la promesa hecha, entonces, a Esquerra. Nunca fue impulsado oficialmente.

El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, explica a la prensa los pactos con Junts sobre la lengua, en el Congreso. EP

Fuentes del entorno de Metsola explican a este diario que "si algún grupo español lo trae, se estudiará. Pero la decisión depende la de la Mesa y, de momento, nadie lo ha pedido".

Este jueves, ya sí. ¿Por qué ahora? "Es parte del acuerdo al que se han llegado con Junts", admitía Albares. "Y se ha enviado en el día que se ha considerado oportuno. El día en el que arranca la legislatura". Cierto, pero a la iniciativa aún queda un largo y tortuoso camino legislativo por delante.

La petición

La condición de los independentistas para apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso era que el PSOE ofreciese "hechos probables" del cumplimiento de algunos puntos del acuerdo, condición que ha sido respetada por los socialistas.

En la mañana del jueves, los negociadores del PSOE acreditaron ante los de Junts que el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, solicitó in extremis a la secretaria general del Consejo de la Unión Europea, la francesa Thérèse Blanchet, que el catalán, el euskera y el gallego fuesen incluidos en el régimen lingüístico de la UE como lenguas oficiales.

[Los diputados que darán que hablar en el nuevo Congreso: quién es quién entre los 205 debutantes]

"Se agradecería el inicio de los procedimientos de modificación previstos en el Consejo, así como la inclusión del asunto en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales del 19 de septiembre de 2023", reza la misiva remitida por Exteriores este mismo jueves a las 6.47 de la mañana... prácticamente de madrugada.

En el texto se pide la modificación del Reglamento Nº 1 que regula el régimen lingüístico, de conformidad con el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

Esto significa que el 19 de septiembre los 27 representantes permanentes (o ministros) de los Estados miembros se deberán reunir para valorar y aprobar por unanimidad o desestimar la petición de España.

Periplo legislativo

Según fuentes europeas, este cambio de reglamento se lleva a cabo por el "procedimiento escrito". Es decir, que tras esa primera votación (que podría ni siquiera hacerse en el mismo día), pasará a la Comisión para su evaluación por todos y cada uno de los comisarios de la Unión.

Esto supone que si no hay enmiendas, o un comisario que requiera que el tema se debata por el procedimiento verbal —es decir, en una reunión presencial del colegio—, la propuesta se considera aprobada por la Comisión en un plazo determinado de tiempo. Si se requiriese votación, la Comisión se reuniría y se decidiría por mayoría simple.

Pero aún hay un filtro más: el texto aprobado pasa entonces al Parlamento Europeo y, de nuevo, al Consejo.

En todo caso, es difícil que la propuesta de Sánchez y sus socios independentistas progrese ya desde el inicio de este periplo legislativo. Y es que el posible efecto dominó entre otros nacionalismos europeos que, históricamente, han reivindicado sus respectivas lenguas, podría impulsar un auténtico caos. Así, las minorías corsas (Francia) o del Véneto (Italia) tienen sus propias lenguas; hay minorías rusófonas en República Checa y (sobre todo) los países bálticos... o de habla ucraniana en Polonia.

De este modo, la promesa del PSOE a Junts y Esquerra es, de momento, un brindis al sol.

No obstante, el propio Pedro Sánchez confirmó que continuará en la senda allanada en sus contactos con Waterloo: "Debemos hacer más, podemos hacer más y vamos a hacer más. Promocionar las lenguas cooficiales debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo. Por eso quiero anunciar que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar durante la presidencia española de la Unión Europea".

Si finalmente el Consejo de la UE y la Comisión decidieran aprobar la adhesión del catalán (y el gallego y el euskera) a la lista de lenguas oficiales de la UE, fuentes europeas advierten de que "sería el Estado español quien sufragaría los gastos logísticos y de personal" que ello implicase. Así lo señalan a EL ESPAÑOL desde el entorno de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, refiriéndose a la avalancha de traductores que habría que sumar a las instituciones.

Una vez en marcha, dicha petición supondría que estas tres lenguas cooficiales en España junto al castellano se sumarían a las 24 lenguas oficiales y de trabajo de la Unión Europea. Cualquier representante político podría dirigirse a las instituciones comunitarias en esos idiomas y los documentos oficiales tendrían que ser publicados de forma obligatoria en esas lenguas. Así lo señala el Reglamento 1 de 1958, en el que se establece el régimen lingüístico de las instituciones europeas.