El PSOE no aclara qué es el "fin de la represión por las vías legales necesarias" pactado con ERC

Según el texto literal del acuerdo difundido por ERC, a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, "el Estado se compromete con el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las vías legales necesarias".

Para los independentistas, se trata de la antesala de la amnistía, aunque el comunicado oficial de ERC aclara que este acuerdo debe concretarse "en el marco de la segunda fase de la negociación", que se inicia ahora, para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

[La ANC tacha de "sumisión al Estado" los pactos alcanzados por ERC y JxCat para la Mesa del Congreso]

De modo que el PSOE tenga que ir pagando a plazos todas las facturas que le presentan sus socios: "Todavía queda mucha tela por cortar" para que el PNV apoye la investidura de Sánchez, advirtió este jueves el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban.

Al aceptar "las condiciones fijadas por los republicanos", Pedro Sánchez asume la retórica de ERC, según la cual la Justicia española es un órgano "represor" que persigue a los independentistas por ejercer sus libertades.

"Estamos ante una oportunidad de oro para el independentismo catalán", reiteró este jueves la diputada de ERC Teresa Jordà, "estamos encantados de que todo el mundo lo asuma. Es una oportunidad fantástica".

Una vez el PSOE ha reconocido que el procesamiento de líderes independentistas por el 1-O responde a la existencia de "un conflicto político entre Cataluña y el Estado", indicó Jordà ante los periodistas, "podemos seguir hablando de desjudicialización y vamos a seguir avanzando en la Mesa de Negociación. Allí hablábamos de referéndum y amnistía. Vamos a seguir hablando y esto pasa por la amnistía", recalcó.

[ERC presume de tener a Sánchez en sus manos: "Es una ocasión de oro, Junts no la debe echar a perder"]

Aunque el texto del acuerdo suscrito por el PSOE es suficientemente ambiguo para que Sánchez se haya limitado a dar hilo a la cometa, e intente prolongar la negociación a lo largo de la legislatura en la nueva edición de la "Mesa de Diálogo entre Cataluña y España".

El acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC alude expresamente a poner fin a la "represión relacionada con el 1-O". La amnistía afectaría de este modo tanto a los exaltos cargos de la Generalitat condenados por la organización del referéndum (entre ellos, Oriol Junqueras) como a los prófugos de la Justicia (Carles Puigdemont, Lluís Puig, Antoni Comín, Marta Rovira y Clara Ponsatí).

Si el acuerdo se materializa en una Ley de Amnistía aprobada por el nuevo "bloque de investidura" configurado en torno al PSOE (178 escaños), los huidos de la Justicia podrían regresar a España, retomar su actividad política y volver a presentarse a las elecciones, sin reproche penal. Su regreso a España será el momento cumbre de la legislatura.

Porque las medidas que impulsó el Gobierno de Sánchez el pasado mes de diciembre para "desjudicializar el procés", a cambio de que ERC le aprobara los Presupuestos de 2023, no dieron el resultado esperado. Tras la derogación del delito de sedición, el Supremo ha pasado a imputar a los huidos de la Justicia por desobediencia (que puede acarrear multa e inhabilitación, pero no penas de cárcel). 

[Los '4.000 indepes' que esperan la amnistía: del espionaje ruso a los que fabricaban explosivos]

Pero el Alto Tribunal mantiene a Puigdemont, Lluís Puig y Antoni Comín imputados por el tipo agravado de malversación (por el dinero público desviado para la organización del referéndum), en contra de los planes del PSOE y ERC.

La amnistía que reclaman ERC y Junts afectaría también a los 29 excargos intermedios de la Generalitat y empresarios imputados en el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona (que todavía están a la espera de juicio) por participar en los preparativos del referéndum ilegal.

Pero los independentistas además quieren hacer extensiva la amnistía a decenas de independentistas imputados por participar en altercados violentos, los dirigentes de los CDR que querían atentar con explosivos contra infraestructuras en octubre de 2019 (cuando se hizo pública la sentencia del Supremo sobre el procés) y los promotores del llamado Tsunami Democràtic. Una causa, esta última, que puede salpicar de lleno a Marta Rovira, hoy huida de la Justicia en Suiza.

Aun cuando Sánchez atienda todas estas exigencias, la legislatura que ahora se inicia se va a convertir en una permanente "subasta" (en la expresión utilizada por Puigdemont), pues el PSOE va a tener que negociar con cada uno de sus socios la aprobación de los Presupuestos anuales y de las distintas iniciativas legislativas. También con los cinco diputados de Podemos, que exigen negociar al margen de los acuerdos que adopte Sumar.

La quita de deuda

Y Junts mantiene otras dos bazas para negociar. En primer lugar, la quita completa de la deuda millonaria de la Generalitat sobre el Estado: el PSOE ya asume la posibilidad de condonar al Govern los 71.000 millones de deuda del FLA.

El PP denuncia que, de este modo, la deuda de una de las regiones más ricas de España tendrá que ser asumida por los ciudadanos de otras comunidades autónomas menos prósperas. La solidaridad interterritorial, al revés.

La meta final de la negociación es ejercer el "derecho a la autodeterminación", que no tiene por qué materializarse necesariamente en la celebración de un nuevo referéndum. Para Carles Puigdemont, se trata de hacer efectivo el resultado del 1-O (que fue avalado por unos "observadores internacionales" contratados con dinero público por la Generalitat, a través del Diplocat).

En cambio, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), ha apelado durante los últimos meses a una nueva fórmula, un "pacto de claridad" (como el que se estableció en Canadá ante las exigencias de la región de Quebec) que establezca las condiciones en la que se haría efectivo el resultado de un nuevo referéndum de independencia.