Feministas del PSOE achacan a la "torpeza" de Irene Montero la rebaja de pena en 'La Manada'

En la mañana de este martes se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra había decidido rebajar la condena impuesta a Ángel Boza por su participación en la violeación grupal a una joven durante los Sanfermines de 2016.

De los 15 años que impuso el Tribunal Supremo, la condena a Boza ha bajado a 14 por ser más favorable. Ya son 1.127 los agresores sexuales beneficiados por estas rebajas y 115 de ellos han sido excarcelados.

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La primera feminista socialista en pronunciarse públicamente ha sido Ángeles Álvarez, que fue portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados. "El Tribunal aplica la ley que 'alguien' modificó torpemente. Hay relatos que no se sostienen", publicó en la red social Twitter en referencia a las críticas de los sectores de Podemos que aseguran que son los jueces los que, desde una actitud machista, aplican la ley.

La vicepresidenta de la asociación de feministas socialistas Femes, Altamira Gonzalo, critica que Irene Montero "no hizo caso del movimiento feminista a pesar de que se lo advertimos de manera muy clara, le dijimos que la ley podía implicar rebajas de condenas". "Eso no responde a la forma feminista de pensar, sino a la antipunitivista. Es antipunitivismo respecto a los delitos de los que fundamentalmente son víctimas las mujeres", asegura en conversación con EL ESPAÑOL.

Uno de los aspectos más llamativo de esta rebaja de pena es que la ley del sólo sí es sí se impulsó, precisamente, como respuesta a los hechos protagonizados por La Manada. Hubo una gran movilización social entonces porque se calificó como abuso sexual una conducta que muchos interpretaron como una violación.

"La ley iba a venir para aclarar esta situación, para que no hubiera casos así", dice Gonzalo. "Es el colmo que uno de los condenados por la sentencia que dio lugar a la reforma se beneficie de esa ley. Si con eso no dimite… por dignidad, pedimos dimisión", añade. "Afortunadamente, eso se resolvió por la reforma posterior del PSOE, aunque ahora los efectos retroactivos no tienen solución", apuntala.

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, este lunes en una aparición en el Canal Red de Pablo Iglesias. E.E.

En la anterior legislatura, como ya publicó este diario, varios ministros y dirigentes socialistas lamentaron haber cedido la cartera y las competencias de Igualdad a Unidas Podemos. Lo hacían por asuntos como la rebaja de condenas, pero también por el cisma que provocó en el feminismo la tramitación de la llamada ley trans.

Por eso, en el PSOE está creciendo la disposición para volver a controlar Igualdad si Pedro Sánchez vuelve a resultar investido y se forma un Gobierno de coalición con Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz. Este va a ser uno de los puntos de tensión fundamentales en las negociaciones entre ambos, ya que la vicepresidenta segunda también opta a controlar estas competencias por la importancia que suponen para su electorado.

Montero quiere seguir

La historia de la ley del sólo sí es sí ha jalonado, así, toda la legislatura y marca el inicio de la siguiente, todavía con el Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos en funciones. Irene Montero se limitó este martes a "hacerse cargo" del "dolor" de la víctima de La Manada, pero según ha podido saber este diario, niega a dimitir, asegura no tener miedo a una destitución de última hora e, incluso, insiste en reclamar para ella la continuidad en el Consejo de Ministros al frente de Igualdad.

Fue el caso de la Manada el que utilizaron los líderes de Podemos para impulsar su Ley de libertad sexual. Y fue ese mismo asunto el que arrojaron contra el PSOE cuando, a los seis meses de estar en vigor la norma, no pudo soportar la presión de más de 1.000 rebajas de penas y más de 100 violadores y pederastas excarcelados, e impulsó una contrarreforma de la ley: "El PSOE cede ante los que quieren volver al Código Penal de La Manada, ese que obliga a la mujer a demostrar que hubo violencia".

Este anteproyecto fue el primero de los morados que había entrado al Consejo de Ministros, a finales de febrero de 2020. Y lo hizo después de una bronca monumental, porque el consejillo previo de los jueves, presidido por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, había desechado el texto por falta de rigor legislativo.

Era la semana previa al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y Montero no aceptó la afrenta… hasta el punto de que Pablo Iglesias forzó que el articulado se pusiese en la mesa del Gobierno, a pesar de todo el martes siguiente.

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A cambio, el anteproyecto de ley durmió más de un año sin volver a ser revisado en Moncloa, mientras Calvo forzaba a que Justicia entrara como coproponente del texto, para "peinarlo". Es decir, para adecuarlo al resto de legislación española e introducir "rigor" en sus reformas.

Sin embargo, ya por entonces, fuentes de Igualdad reconocían en privado que la nueva norma "podría rebajar algunas penas" correspondientes al nuevo delito de "agresión sexual", que integraba en un solo tipo lo que hasta entonces eran diferentes figuras: el abuso (sin violencia y/o intimidación) y la agresión.

"No estamos por el derecho punitivo", alegaban entonces fuentes oficiales del Ministerio de Irene Montero. "Lo importante es que el consentimiento pasa a ser el centro de la redacción". Desde el PSOE regañaban a la ministra morada, argumentando que eso "siempre" había sido así. Y que era necesario evitar esos posibles "efectos indeseados" de la ley.

Por eso, Juan Carlos Campo, titular de Justicia, fue encargado de revisar la última versión de la nueva codificación penal. Aun así, el Consejo de Ministros no atendió las advertencias de la oposición ni, sobre todo, los informes preceptivos que emitieron del Consejo de Estado, el Fiscal y el del Poder Judicial. Este último era demoledor y advertía expresamente de la posibilidad de que hubiese revisiones a la baja de condenas ya impuestas.

Una vez aprobada la ley en las Cortes, Montero cambió su argumentación. La ministra de Igualdad negaba cualquier posibilidad de esos "efectos negativos", señalando preventivamente a los jueces, a los que instaba a "formarse" antes de emitir sentencias, y acusando a la oposición de "intoxicar con falsedades" para desacreditarla.

Después, y ante las primeras rebajas, tanto ella como su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez 'Pam', y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la jueza en excendencia Victoria Rosell -a quien se atribuye la redacción del texto legal- acusaron directamente a los jueces firmantes de esos fallos de formar un "reducto machista" dentro del Poder Judicial.

Ahora, la Manada cierra el círculo sobre Montero y su equipo. La norma que se inspiró en la polémica judicial alrededor de aquella violación en grupo de los Sanfermines de 2016 ha servido para beneficiar a uno de los perpetradores. Los "efectos indeseados" de la ley en la que se justificó la unificación de tipos penales que igualaban en el mismo delito "un piquito" sin consentimiento -como el que Luis Rubiales propinó a Jennifer Hermoso- y una violación en grupo, dejan ya sin excusas a la ministra que la sigue defendiendo y al presidente que nunca se planteó destituirla.