El pacto con Puigdemont sobre el catalán camino de naufragar en el Consejo de la UE que lo iba a 'aprobar'

Se trata del primer "hecho comprobable" que exigió Carles Puigdemont a Pedro Sánchez como precio a cambio de dar su apoyo a Francina Armengol como presidenta del Congreso. Y uno de los hilos con el que ir tejiendo la confianza entre el PSOE y Junts para la investidura. 

Tras registrar el Gobierno español su petición de hacer oficial el catalán en las instituciones europeas el 17 de agosto ante la Secretaría general del Consejo de la UE, Junts emitió un comunicado en el que anunciaba que el asunto sería incluido "para su aprobación" en la reunión que se celebrará el 19 de septiembre.

Sin embargo, este miércoles, Suecia dio a entender que vetará la oficialidad del catalán en la UE que prometió Sánchez a Junts: "Creemos que las consecuencias legales y financieras de la propuesta tienen que ser investigadas de manera más minuciosa. Hay muchas lenguas minoritarias que no son lenguas oficiales en la Unión Europea", aseguraba la ministra sueca de Asuntos de la Unión Europea, Jessika Roswall.

Suecia es el segundo Estado europeo que da este paso. Eslovaquia ya lo hizo a finales de agosto. Fuentes oficiales de la Representación Permanente de este país ante la UE dieron a conocer entonces a EL ESPAÑOL su frontal oposición. Para Eslovaquia, Sánchez no puede intentar oficializar el catalán, el euskera y el gallego sin haberlo hecho antes en toda España.

Pero además hay otras delegaciones que se oponen a los propósitos del Gobierno español. De hecho, la mayoría de los socios de la UE consideran "altamente improbable" que haya fumata blanca, tal y como ha podido contrastar EL ESPAÑOL en Bruselas. Consideran que la petición española debe discutirse y analizarse en detalle antes de adoptar una decisión.

[Eslovaquia destapa el engaño: el catalán no será lengua de la UE hasta que sea oficial en toda España]

Lo que más preocupa a los países europeos es el alto coste económico del reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas (y quién pagará la factura), así como el riesgo de un efecto contagio de reivindicaciones similares por parte de otras lenguas regionales europeas.

"Una decisión así requiere un proceso cuidadoso, tomarla en dos semanas es excesivamente ambicioso. En este proceso, necesitamos hacernos una mejor idea de las posibles consecuencias de reconocer estas tres lenguas. Las más importantes son el posible impacto financiero y las consecuencias para otras lenguas minoritarias de la UE", explica a EL ESPAÑOL un diplomático europeo, que se hace eco de preocupaciones similares en la mayoría de las delegaciones consultadas.

"Si el euskera, por ejemplo, es reconocido como lengua de la UE, eso tendrá consecuencias no sólo en España, sino también en Francia. Si la comunidad vascofrancesa logra que se reconozca su lengua, cabe esperar que los habitantes de Córcega, Bretaña o cualquier otro lugar pidan también el reconocimiento de sus lenguas, para seguir en pie de igualdad. Y entonces puede producirse un efecto dominó en todo tipo de lenguas minoritarias diferentes en toda la UE. Eso tiene efectos políticos, pero también costes", alerta el diplomático.

Mil millones en traductores

El coste total de la prestación de servicios de traducción e interpretación en las instituciones de la UE es de alrededor de 1.000 millones de euros al año, lo que representa menos del 1% del presupuesto de la UE o poco más de 2 euros por ciudadano, según los cálculos de Bruselas. Sólo en la Comisión Europea, que tiene a unos 2.000 traductores en plantilla, los costes totales de traducción ascienden a 349 millones de euros al año. 

Tras haber mantenido contactos con el resto de socios, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguraba recientemente que no veía oposición a incluir catalán, euskera y gallego en la lista de lenguas oficiales de la UE y que confiaba en que la petición de España saliera adelante el martes que viene. "No me consta que haya ningún país, ni públicamente, ni oficiosamente, que se haya opuesto por el momento a esta petición española", dijo en una entrevista a Europa Press.

El Ministerio de Exteriores todavía no ha hecho público ningún análisis del impacto presupuestario en la UE del reconocimiento de las lenguas cooficiales: defiende que las cuestiones prácticas deben abordarse una vez que se haya aprobado la reforma del reglamento (y no antes como piden el resto de socios). El Gobierno sostiene que el coste no es un escollo importante ya que las nuevas tecnologías están reduciendo el precio de las traducciones de forma acelerada.

El anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya cerró un acuerdo administrativo en 2005 con las instituciones de la UE que no reconoce estatus oficial a catalán, euskera y gallego, pero sí permite su uso en documentos y comunicaciones con los ciudadanos. También contempla la interpretación en determinadas reuniones del Consejo de la UE, así como en las reuniones plenarias del Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo.

El acuerdo salió adelante porque España ofreció pagar todos los costes, algo que de momento no ha hecho en esta ocasión. Aún así, la aprobación costó seis meses. El Gobierno de Zapatero calculó entonces un gasto de 1,5 millones para las traducciones de las lenguas cooficiales (medio millón por lengua).

El Parlamento Europeo fue la única institución que se negó a permitir el uso de catalán, euskera y gallego en los plenos. Como parte de los acuerdos de Sánchez con Esquerra, Albares volvió a la carga hace un año enviando una carta a su presidenta, Roberta Metsola, para que reconsiderara su decisión.

Después de un año dando largas, la Eurocámara discutió por primera vez el lunes la petición de Albares, porque los grupos socialista y verde (donde milita ERC) exigieron que se pusiera en la agenda. Pero el uso de las lenguas cooficiales españolas en los plenos ni siquiera se sometió a votación: la mesa del Parlamento ha decidido de forma unánime esperar a la reunión del día 19. Una muestra más de la enorme dificultad de que se apruebe este reconocimiento.

El ministro Albares tiene previsto asistir de forma excepcional a esa reunión (normalmente acude el secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro) con el fin de escenificar la importancia política que concede a este asunto el Gobierno de Sánchez.

La delegación española ha reclamado que la presentación, el debate y la aprobación de la iniciativa se produzca todo a la vez el mismo día, y así figura en la agenda provisional del encuentro. De hecho, el Gobierno de Sánchez ha remitido a Bruselas una propuesta de modificación del reglamento que fija el régimen lingüístico cuyo único cambio consiste en añadir "catalán, euskera y gallego" a la lista de "lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión" que recoge el artículo 1.