El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, junto al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en Moncloa.
La UE pide a Sánchez que le informe sobre a quiénes y por qué delitos pretende amnistiar con su nueva ley
Tras la declaración institucional del CGPJ, el comisario Reynders reclama, en una carta enviada a los ministros Bolaños y Llop, "información más detallada" sobre la "ley de amnistía prevista" y que negocia con Puigdemont.
8 noviembre, 2023 20:00"La Comisión está trabajando en una reacción", explicaba una fuente europea, horas antes de que Didier Reynders enviara una carta reclamando "información detallada" sobre la ley de amnistía acordada con ERC y que ahora han cerrado Santos Cerdán con Carles Puigdemont en Bruselas.
Este alto funcionario no podía concebir que Bruselas fuera a dejar la concesión de una amnistía a un prófugo por atentar contra la Constitución de un Estado miembro en el cajón de los "asuntos internos" en los que, normalmente, no se inmiscuye. Pero esta vez, después de la declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Bruselas sí ha decidido intervenir.
El comisario europeo de Justicia ha pedido información "detallada" al Gobierno en funciones sobre la ley de amnistía, sobre la que considera que existen "serias preocupaciones". La carta de Reynders llega directamente motivada por la declaración institucional del CGPJ, de la que tiene una copia traducida al inglés sobre su mesa, enviada por el vocal José María Macías.
En una carta enviada a los ministros de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, el comisario dice: "Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista". [Consulte aquí la carta en PDF]
El pasado lunes, en un pleno extraordinario, el CGPJ se convirtió en el primer órgano constitucional que se pronunciaba en contra de "la futura ley de amnistía" que Pedro Sánchez acordó ya con ERC y negociaba con Junts, estos días en Bruselas, para lograr su investidura como presidente del Gobierno.
El órgano de gobierno de los jueces aprobó un durísimo texto en el que afirma que la amnistía a los encausados del procés "supone la degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho en España". Y ésa es la clave para el comisario Reynders.
En Bruselas ya se esperaba "que la Comisión plantee preguntas" al Gobierno en funciones de Sánchez, "después de la declaración de los jueces", afirmaban al menos dos fuentes en las instituciones europeas. Y el comisario se adelantó a todas las previsiones de quienes manejaban esa información en la capital europea.
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, en Madrid durante la presentación del World Law Congress. EFE
Un alto funcionario en asuntos jurídicos de la UE aclara que lo lógico habría sido que Reynders esperara a leer el texto de la proposición de ley. "Normalmente, sin el texto delante, no hacen nada". Pero tras recibir la declaración institucional del CGPJ, la alarma ya había saltado en Bruselas.
Para el comisario de Justicia tiene un peso sustancial el documento del órgano de gobierno de los jueces, mucho más que las advertencias de las asociaciones judiciales, como la del último comunicado de la APM, aunque sea la mayoritaria.
Además, es notable que Reynders ha recibido presiones políticas "para que pase de las palabras a los hechos" en defensa de la institucionalidad y la separación de poderes en España. Y que la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, debe afianzar su posición de cara a la candidatura para su reelección tras las elecciones europeas de junio, tras ser criticada en el seno del PP Europeo por su "excesiva cercanía" al presidente español.
Garantías europeas
Hace tiempo que a la oposición española se le culpa, desde las filas socialistas, de "hacer política nacional en Europa". Pero lo cierto es que sin convencer al Parlamento Europeo de levantarle la inmunidad a Carles Puigdemont, la defensa del Estado de derecho español no habría contado con aliados...
Fue gracias a las garantías de la UE que se ha podido seguir (a trompicones) el proceso legal y judicial contra el expresident fugado en Waterloo. Porque Francia, cuando la ha visitado, no lo ha detenido y entregado; Alemania no aceptó los cargos de rebelión que le imputaba el magistrado instructor, Pablo Llarena; y los tribunales de Bélgica no han considerado a los españoles fiables de "un juicio justo" al líder de Junts.
Sin embargo, ahora Sánchez necesita sus votos para la investidura de su reelección. Y, ejerciendo como primer ministro (en funciones) del país que ocupa la presidencia de turno de la UE, ha negociado una ley de amnistía que Reynders ya advirtió de que "vigilaría de cerca", porque es su competencia como miembro de la Comisión, guardián de los Tratados, y sobre todo, por lo referente a su alcance en "los delitos de malversación", ya que España es el uno de los mayores receptores de fondos europeos.
Los cuatro informes sobre el Estado de derecho publicados por el comisario de Justicia desde 2020 han suspendido a España, con preocupaciones "crecientes" por parte de Bruselas respecto a "la separación de poderes", la "independencia del Ministerio Fiscal", la lucha "contra la corrupción" y el bloqueo a la renovación del propio CGPJ, además de por la ley que marca su sistema de elección.
Para la Comisión Europea, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 "no cumple con los estándares europeos". Éstos son los que establece la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que indican que "al menos la mitad de sus miembros sean jueces elegidos directamente por sus pares", sin interferencia política alguna. Y ése es el argumento que esgrime el comisario en su carta al Gobierno español.
Desde el resultado electoral del 23-J, y el consiguiente cambio radical de posición del presidente del Gobierno en funciones respecto al prófugo Puigdemont, se han ido elevando voces en las instituciones europeas, como eco del escándalo que la amnistía a los implicados en el procés independentista de Cataluña supone para una gran mayoría de españoles: al menos un 76,1%, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
Y a esa polarización social se refiere también Reynders, al advertir de que ha sido "contactado por los ciudadanos" al respecto.
"En el Consejo empiezan a darse cuenta de quién es Pedro Sánchez", añade otra alta dirigente en Bruselas: "No gustó nada que, como presidente de turno, reventara el documento de conclusiones, reabriendo el debate, en la última cumbre", concluye, en referencia a la delicada posición común acordada previamente, durante maratonianas jornadas, por las REPER (Representaciones Permanentes) lo que veníamos contando algunos desde hace años", confirma.
Declaración institucional
Además de Reynders, ya tienen la copia en inglés de la declaración institucional del CGPJ, Von der Leyen y Věra Jourová, presidenta y vicepresidenta de la Comisión Europea; e incluso Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.
En su envío, el vocal Macías hace constar que la remisión del texto a las instancias europeas se debe a una iniciativa suya, no a una decisión del órgano de gobierno de los jueces.
Macías ha promovido en el seno del CGPJ varios acuerdos en los que el órgano de gobierno de los jueces ha denunciado la sistemática política del Gobierno de Sánchez de impulsar reformas trascendentes en materia de Justicia (por ejemplo, la limitación de competencias del CGPJ) eludiendo el informe de la propia institución, ya que las reformas no se tramitan como proyecto de ley, sino como proposición de ley.
A su juicio, este subterfugio es contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que impone que, cuando una iniciativa legislativa se refiera a aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial o afecte al estatuto o las funciones del órgano de gobierno del Poder Judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ.
El Gobierno ha hecho caso omiso de estas quejas del órgano de gobierno de los jueces y, de nuevo, va a utilizar la vía de la proposición de ley para la amnistía a los encausados del procés.
El vocal del CGPJ quiso asegurarse de que las instituciones europeas conocieran la posición mayoritaria del Consejo, radicalmente contraria a esa amnistía, de ahí la remisión de la declaración institucional.
Macías intervino este miércoles, como representante del CGPJ, en el plenario de la Red Judicial Europea, que se celebra dentro de los trabajos de la presidencia española de la UE.
A la reunión asistieron 140 representantes de los poderes judiciales, fiscalías y ministerios de Justicia de los miembros de la UE y otros países europeos.
"Las sentencias y resoluciones emitidas por cualquier autoridad judicial europea deben respetarse y ejecutarse, además de en el propio Estado, en cualquier otro Estado de la Unión", dijo Macías durante su discurso en ese acto.
"Lo que es condición básica y elemental para que en un Estado pueda afirmarse la vigencia del Estado de derecho y el imperio de la ley -que las sentencias siempre se cumplan en el propio Estado- lo es también entre los Estados que aspiran a compartir un espacio judicial real y efectivo", añadió.
