La Fiscalía pide investigar si tres altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica han prevaricado

La magistrada María José Ortega instruye estas diligencias a raíz de una querella presentada por el grupo Riu contra Ana Oroño Valenciano (directora general de la Costa y el Mar), Ainhoa Pérez Puyol (secretaria general de Dominio Público Marítimo-Terrestre) y Jacobo Martín Fernández (secretario general técnico del Ministerio).

En la querella elaborada por el abogado y magistrado en excedencia Javier Gómez Bermúdez, el grupo turístico acusa a los tres altos cargos de haber maniobrado para anular las concesiones de ocupación de la zona de dominio público de costa en la que se encuentran los hoteles Oliva Beach y Riu Palace Tres Islas. Y lo habrían hecho de forma arbitraria, en contra de los informes de la Abogacía del Estado y basándose en infracciones urbanísticas que habían prescrito.

Perjuicio millonario

Los expedientes que instruyeron los tres altos cargos no sólo habrían privado al grupo Riu del derecho a explotar estos establecimientos, sino que también habrían implicado el posterior derribo de ambos complejos, con un perjuicio económico millonario para la cadena hotelera.

La juez María José Ortega dictó el pasado 4 de febrero un auto en el que admite a trámite la querella de Riu Hotels, al considerar que, "en una primera aproximación indiciaria, concurren todos los elementos que, debidamente acreditados por los medios legalmente previstos, podrían integrar el tipo penal" de prevaricación.

Tras notificarle la apertura de la causa, la Abogacía del Estado presentó un recurso de reforma en el que pide a la juez que no admita a trámite la querella, al entender que la actuación de los tres altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica fue ajustada a derecho.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso a este recurso y reclamó a la juez que "practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados".

En un auto dictado el pasado día 20, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid ha atendido la petición de la Fiscalía, ha desestimado los argumentos de la Abogacía del Estado y ha acordado seguir adelante con las actuaciones.

Concesión hasta 2089

El hotel Oliva Beach fue construido en los años 70 en la playa de Corralejo e incluye un conjunto de 400 apartamentos turísticos. En virtud de la Ley de Costas, tiene una concesión otorgada en 2003 para ocupar la zona pública del litoral hasta el año 2033, prorrogable en otros 30 años.

En cuanto al hotel Riu Palace Tres Islas, tiene una concesión otorgada por el Ministerio en 2007, también con una duración de 30 años prorrogables. Tras la entrada en vigor de la Ley de Protección del Litoral de 2013, el Ministerio otorgó al grupo Riu una prórroga de 75 años para explotar este establecimiento (hasta el año 2089), a cambio del pago de un canon anual de 1.996.794 euros.

El grupo Riu solicitó en diciembre de 2017 a la Demarcación de Costas de Canarias autorización para modernizar el complejo Oliva Beach, con la construcción de una nueva piscina y un auditorio de 1.900 metros cuadrados.

Al requerir información al Registro de la Propiedad, Costas descubrió entonces que 18 de los 400 apartamentos del complejo habían sido vendidos a terceros antes del otorgamiento de la concesión, y preguntó a la Abogacía del Estado si este era motivo para anularla.

En su informe, emitido en noviembre de 2019, la Abogacía determinó que sólo podría dictarse la nulidad parcial de la concesión respecto a los 18 apartamentos enajenados y descartó que esto sea motivo para denegar la autorización de las obras.

Pese a ello, señala el grupo Riu en su querella, los tres altos cargos del Ministerio pusieron en marcha un expediente para anular la totalidad de la concesión que ocupa el complejo turístico, sin prever las indemnizaciones que establece la ley y sin contar con competencias para ello, ya que habían sido traspasadas al Gobierno canario tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de 2018.

"Un plan preconcebido"

De forma paralela, el departamento de Costas del Ministerio de Transición Ecológica incoó en mayo de 2021 otro procedimiento para extinguir la concesión de dominio público que ocupa el hotel Riu Palace Tres Islas en la misma playa de Corralejo. En este caso, Costas esgrimió para ello un expediente sancionador instruido en 2008 (es decir, 13 años antes), que se había saldado con la imposición de una multa de 10.885 euros y la orden de demolición de una planta del inmueble.

"La voluntad del jefe de la Demarcación de Costas de Canarias al retomar un procedimiento sancionador que se encontraba inactivo desde hacía
más de 13 años", argumenta el grupo Riu en su querella, "no era asegurarse de su cumplimiento, sino emplearlo como pretexto para justificar la incoación de un expediente de caducidad de la concesión explotada por Riu".

La querella, elaborada por el magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, señala que todo ello responde a "un plan preconcebido dirigido a privar a las empresas de Grupo Riu Hoteles&Resorts de dos de sus principales activos económicos en las Islas Canarias, sea como sea, con infracción flagrante y dolosa del ordenamiento jurídico".

Las tesis del grupo Riu han sido respaldadas por la Asociación Plataforma de Defensa del Hotel Tres Islas —representada por el abogado Denis Miranda Wallace e integrada por un grupo de trabajadores del establecimiento—, que se ha personado en la causa. Atendiendo al criterio de la Fiscalía, la juez instructora ha acordado seguir adelante con las diligencias para determinar si los tres altos cargos del Ministerio han prevaricado en este procedimiento.