Sánchez bate su propio récord: coloca a dedo a 35 directores generales que deberían ser funcionarios

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado 35 excepciones a la obligación legal de que los directores generales y titulares de organismos autónomos sean funcionarios de carrera, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL. Se trata de la cifra más alta de la historia de la democracia, en una maniobra que sirve para colocar a dedo a altos cargos que no cumplen con los requisitos legales para serlo.

Con esta cifra, el Gobierno del PSOE en coalición con Sumar supera el récord que ya batió la pasada legislatura, en la que el Tribunal Supremo tumbó algunos de los nombramientos. Además, rebasa con creces las excepciones aprobadas por Mariano Rajoy (12 en su punto más alto), José Luis Rodríguez Zapatero (9) y José María Aznar (2).

Aunque todavía no se ha nombrado a la totalidad de los 35 altos cargos, ya se puede comprobar que están al frente de estas direcciones generales personas afines a los dos partidos de la coalición y que no reúnen los requisitos establecidos por ley.

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Es el caso, por ejemplo, de Luis Guillermo Tapia Martínez, nuevo director general de Relaciones con las Cortes, nombrado por el ministerio de Félix Bolaños, y cuya principal experiencia laboral ha sido la de ser asesor de los grupos parlamentarios socialistas en el Congreso y el Senado.

Lo mismo pasa con el director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, Julio del Valle de Iscar. Diputado del PSOE en la pasada legislatura, antes fue concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, de donde proceden el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, titular de la cartera que le nombra.

Estas excepciones también se han aplicado a organismos autónomos cuya dirección tiene rango de dirección general, como el Instituto de la Juventud, el Imserso, el Instituto de las Mujeres, o el CIS. Al frente de este último órgano ha sido ratificado de nuevo el histórico socialista José Félix Tezanos, muy cercano a Pedro Sánchez.

Según la ley, estos nombramientos, por su relevancia, "habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales". Sin embargo, permite que el Ejecutivo pueda saltarse con carácter extraordinario ese requisito, "debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional".

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El objetivo del legislador al prever esta excepción a la norma es que, cuando por una circunstancia puntual, no exista entre la carrera funcionarial el perfil requerido para el cargo, se pueda recurrir a personas que, sin ser funconarios, reúnan las capacidades adecuadas. Serviría, por ejemplo, para casos en los que sería óptimo que el director general de turno tuviera una acreditada experiencia en un sector privado concreto.

Sin embargo, desde 2020 se está observando cómo las direcciones generales las están ocupando personas afines al Gobierno, y el recurso excepcional de estos nombramientos pasa a ser habitual.

Esto se ha demostrado en el Real Decreto 1009/2023, del pasado 5 de diciembre. En el texto, se explica que algunas de las direcciones generales a las que se aplicó la excepción la legislatura pasada vuelven a restablecer el requisito de que las dirija un funcionario de carrera, sin que hayan cambiado las competencias o las características del organismo.

Cifra histórica

Las alarmas ya saltaron en enero de 2020, cuando se formó el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y se aplicó la excepción a 34 direcciones generales, una menos que en la actualidad. Entonces, se interpretó que la formación morada era relativamente nueva y que, al no contar con funcionarios afines, tenía que ubicar en estos altos cargos a personas de confianza.

Sumar, ahora, está en la misma situación y el PSOE, por su parte, no ha hecho un ejercicio para intentar poner coto a estas dinámicas.

La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) impugnó ante el Tribunal Supremo una veintena de los nombramientos de la pasada legislatura por considerar que no estaban suficientemente justificados. El tribunal les dio la razón en dos de casos, y podría haberlo hecho en muchos más, pero el tiempo para reclamar ya había expirado.

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Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que, si bien en la actual legislatura se trata de una cifra récord, el porcentaje de excepciones con respecto al total de direcciones generales es ahora menor que en 2020. El número de direcciones generales a las que se ha aplicado la excepción representan ahora el 22%, frente al 23% que representaban la legislatura pasada.

Sin embargo, siguen siendo cifras muy elevadas si se observan en perspectiva. Durante el primer gobierno de Pedro Sánchez (2018 a 2020), el actual presidente aplicó la excepción a sólo ocho direcciones generales. Mariano Rajoy la aplicó a 12 en su segundo Gobierno y a seis en su primero.

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero aplicó la excepción a seis direcciones generales en su segundo mandato y a nueve en el primero. José María Aznar inauguró las excepciones aplicándola a sólo dos direcciones generales. El Ejecutivo actual aplica 17,5 veces más esta excepción en el nombramiento de sus altos cargos.