Reynders perderá sus competencias en Justicia y deja en el aire la reforma y renovación del CGPJ

Fuentes del PP advierten de que sin esa supervisión de Bruselas "no hay opción alguna" de negociar nada con el PSOE o el Gobierno. "No hay confianza y, sin la Comisión en la mesa, no hay nada que hablar", explica un dirigente popular. "Simplemente, el Gobierno nos engañó la última vez, y así es imposible negociar nada", alegó Alberto Núñez Feijóo hace unas semanas.

En su encuentro del pasado 22 de diciembre, el líder del Partido Popular planteó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta fórmula novedosa para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales cumplieron mandato hace ya más de cinco años.

El comisario de Justicia es un político belga que ocupó ministerios en el Ejecutivo de su país ininterrumpidamente desde el año 1999 hasta que saltó a Bruselas tras las elecciones europeas de 2019. Meses antes, ya había aspirado a la Secretaría General del Consejo de Europa, pero salió derrotado por la croata Marija Pejcinovic.

La institución, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con la Unión Europea. De hecho, es el organismo político más antiguo del continente e integra, en la actualidad, a 46 Estados. Está destinada a promover, mediante la cooperación de los países europeos, "la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley".

La supervisión por parte de la Comisión Europea fue aceptada por el jefe del Gobierno a regañadientes, tras mostrarse reticente a ello en un principio, según fuentes populares. El PSOE, posteriormente, argumentó que "cualquier opción es aceptable si es para superar el incumplimiento de la Constitución por parte del PP". Y a los dos días, la Comisión anunció que el Gobierno había solicitado su ayuda... si bien Moncloa no emitió nota alguna.

Por qué Reynders

Pero los populares celebraron el éxito de la jugada como "un gol por la escuadra". Para la dirección de Génova, esta propuesta era tan irrechazable por parte de Sánchez como beneficiosa para sus posiciones.

[El PP cree que la ley y la renovación del CGPJ irán en paralelo: "Sánchez no podrá engañar a la UE"]

"Lo primero, porque la Comisión es un actor neutral, pero también una institución española, desde que le hemos cedido parte de nuestra soberanía", argumenta un dirigente del PP. "Y lo segundo, porque con su supervisión nos aseguramos de que Sánchez cambie la ley para asegurar la independencia de la Justicia, que es el último ámbito que todavía no ha logrado ocupar en sus ansias de poder". 

Es cierto que el PP viene defendiendo desde hace ya años (incluso en la etapa de Pablo Casado) que no su cerrazón con el CGPJ no es por "una ristra de excusas". Sino que simplemente exige al PSOE que se avenga a las advertencias de Bruselas: "Es urgente renovar el CGPJ e inmediatamente después, cambiar la ley para que su sistema de elección se atenga a los estándares europeos".

Así viene recogido en los últimos informes sobre el Estado de derecho que, anualmente, publica la Comisión Europea desde el año 2020. En todos ellos, España ha recibido suspensos por parte de Bruselas, que ha ido agravando su evaluación sobre la salud de la separación de poderes, el abuso de los decretos, las garantías a las libertades y la igualdad ante la ley, la lucha contra la corrupción y la independencia de la Justicia en España.

Fuentes jurídicas socialistas recuerdan que "no existe tal cosa en los tratados que se corresponda con eso de los estándares europeos". Es decir, que nada permite a la Comisión mandatar a España someterse a un modelo determinado.

Fuentes de Moncloa aceptan "hablar con el PP" sobre la ley del Poder Judicial, pero vienen insistiendo en que "rotundamente no" está el Gobierno dispuesto a reformar el sistema de elección. Este mensaje contradictorio acrecienta las sospechas de "engaño" por parte del PP y "refuerza", asegura el entorno de Feijóo, la "necesidad" de la intervención de la Comisión.

La ley del CGPJ

Y es que, concretamente, estos estándares europeos en la designación de los vocales del Poder Judicial son un criterio fijado por el Consejo de Europa, al que ahora aspira Reynders, y que él mismo ha puesto en su boca en numerosas ocasiones: "Que al menos la mitad de los integrantes del gobierno de los jueces sean jueces elegidos por sus pares, sin participación alguna de los políticos, ni del Legislativo ni del Ejecutivo". 

Esto, en España, y ateniéndose a la Constitución, significaría que 12 de los 20 vocales del CGPJ deberían ser designados por una elección directa de los jueces. Actualmente, la fórmula en vigor da participación a la judicatura en una preselección de 50 nombres. Posteriormente, son los partidos políticos representados en las Cortes Generales los que seleccionan a esos vocales jueces, seis por el Congreso y seis por el Senado.

Esto es así desde la última reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, que se hizo por consenso, en el año 2001, tras una iniciativa del PSOE, liderada por Juan Fernando López Aguilar, posteriormente, ministro de Justicia con Zapatero, al entonces titular de la cartera, el popular José María Michavila.

Pero lo cierto es que, más allá del actual e interminable bloqueo, el "cambio de cromos" siempre se acaba haciendo por cuotas de poder entre el Gobierno y el primer partido de la oposición. De ahí que los actuales negociadores sean el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons.

Los actores

Reynders fue el miembro de la Comisión a quien el PP sondeó "pocos días antes" de que Feijóo le planteara a Sánchez la supervisión de Bruselas en la negociación de "la renovación y la reforma" del Poder Judicial.

El político liberal, dirigente del Movimiento Reformista (MR) belga, aspiraba a repetir en el próximo gabinete si Von der Leyen renueva cargo en Bruselas, que es lo más probable. Y para ello, pretendía presentarse como cabeza de lista de su partido a las elecciones europeas de junio.

El anuncio de la dirección del MR designando a Charles Michel, actual presidente del Consejo Europeo, como el principal candidato en sus listas, precipitó el movimiento del comisario de Justicia, en busca de acomodo en un puesto por el que ya mostró interés y al que, tras su paso por el gobierno de la UE, le será mucho más fácil aspirar con éxito.

La relación de Reynders con González Pons fue muy estrecha durante los años del popular valenciano en Bruselas. Y a pesar de que Pilar Llop fue ministra de Justicia, desde la llegada de Bolaños al Consejo de Ministros, fue el madrileño su interlocutor en España.

Un portavoz oficial de la Comisión Europea explica a este periódico que Von der Leyen "actuará ahora con el comisario de Justicia Reynders del mismo modo que hizo con Margrethe Vestager durante su campaña para presidir el BEI". La danesa, vicepresidenta ejecutiva y titular de la cartera de Competencia, "fue retirada de sus funciones sin sueldo" por la presidenta del Ejecutivo comunitario hasta que perdió la carrera con la española Nadia Calviño para "salvaguardar la apariencia de independencia" de Bruselas y darle libertad política.

Esto ocurrirá con Reynders, de 65 años, entre marzo y abril, cuando el Consejo de Europa lo confirme oficialmente como candidato. La interinidad de su posición, pues, lo coloca en una posición "imposible", según fuentes europeas, para mancharse en una negociación muy incierta. Fuentes comunitarias señalan que el Gobierno español ha transmitido en privado sus reticencias a la fórmula ideada por el PP, motivo por el que la Comisión dice seguir "reflexionando" sobre su decisión.

Aunque dirigentes del Partido Popular lo atribuyen a que "Moncloa sabe que tenemos razón, y que el árbitro estaría de nuestra parte".