Moncloa espera que el fiscal general imponga su criterio a los fiscales del TS y ayude a la amnistía

El Gobierno confía en que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imponga su criterio al de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo (TS) para frenar la investigación por terrorismo a Carles Puigdemont y facilitar la amnistía.

Portavoces del Ejecutivo aseguran que la Fiscalía es una institución jerárquica y, por tanto, lo importante es lo que decida el máximo responsable. Explican que la Junta de Fiscales es un "órgano consultivo" y la decisión es del fiscal general, en este caso, Álvaro García.

El acuerdo de la Junta de Fiscales es un grave inconveniente para la aplicación de la amnistía a los independentistas y supone un varapalo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró que no hay terrorismo en los hechos del procés. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha limitado a mostrar respeto a la decisión.

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Este martes la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala del Supremo ha decidido tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo, que se oponía a que el TS investigara a Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del procés.

Tras una reunión que ha comenzado en torno a las 10.00 horas y ha durado varias horas, el criterio de la mayoría se ha impuesto provocando un vuelco en la postura de Fiscalía, ya que Redondo proponía no imputar a Puigdemont, al tiempo que descartaba posibles delitos de terrorismo.

De esta forma, la Fiscalía del Supremo se alinea con el juez instructor de Tsunami Manuel García-Castellón, que en una exposición razonada de más de 100 páginas pedía al alto tribunal investigar por terrorismo a Puigdemont, el diputado del Parlament Rubén Wagensberg —ambos aforados— y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas.

Una vez rechazado ese informe, se abre un escenario complicado porque la Fiscalía del Supremo aprecia terrorismo frente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que descarta de plano que los hechos ocurridos tras conocerse la sentencia del procés en octubre de 2019 sean constitutivos de este delito.

Ante esta discrepancia intervendrá la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde para que, en virtud del principio de unidad de actuación que rige el Ministerio Público, fije la postura definitiva a seguir en ambas fiscalías, la del Tribunal Supremo y la de la Audiencia Nacional.