Los 5 argumentos del PP para que la Comisión de Venecia emita un dictamen contrario a la amnistía

Durante las próximas 48 horas, los integrantes de la Comisión enviados a España pasarán por las Cortes, donde se reunirán con sus presidentes, Francina Armengol y Pedro Rollán, y con los grupos parlamentarios. Y también irán al Centro de Estudios Constitucionales para escuchar a expertos constitucionalistas. 

Se trata de la primera visita oficial a nuestro país de un ente europeo que tiene por objeto recabar información sobre la medida de gracia a los responsables del procés. En los encuentros con la Comisión, los populares defenderán que la norma va en contra del "ordenamiento jurídico" español. 

[Una delegación del Consejo de Europa visitará España en enero para preparar su dictamen sobre la amnistía]

En el Senado, de parte del PP, se sentarán con la delegación europea Alicia García, portavoz parlamentaria; Javier Arenas, secretario general del grupo, y Antonio Silván, portavoz de Justicia. En el Senado, harán lo propio Cuca Gamarra, Esteban González Pons o Cayetana Álvarez de Toledo, entre otros diputados. 

A las dos citas con los expertos de la Comisión de Venecia, según ha podido conocer EL ESPAÑOL por un documento interno, los populares llevarán cinco argumentos para sostener su oposición a la amnistía. En ellos, combinarán razonamientos políticos con otros de índole jurídica. La intención final es convencer al órgano de que la norma supone una quiebra de "la separación de poderes" en España. 

1. Sin consenso político

Si el objetivo de la amnistía, según reza el preámbulo de la ley, es "superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como la integración de las diversas sensibilidades políticas", en relación con el procés; el PP denunciará que se lleva a cabo "a costa del consenso parlamentario". 

Buena muestra de ello, expondrán los dirigentes del PP ante los miembros de la Comisión, es el resultado de la toma en consideración de la ley en el Congreso: recibió el rechazo de hasta 172 diputados. Y no sólo: en la votación final contó con una amplia mayoría de votos en contra (178 frente a 172). 

Los populares enfatizarán que la amnistía ha abierto una brecha en "la relación política entre los partidos de la mayoría y de la oposición", y ha provocado "una gran división en la sociedad española", además de que no cuenta con el beneplácito de buena parte "del mundo jurídico".  

La amnistía, expondrán, sólo ha tenido una motivación: "Obtener los votos necesarios para la investidura del presidente del Gobierno en el Congreso, como resultado de una negociación política en la que han intervenido directamente algunos políticos que van a beneficiarse de la amnistía". 

Todo lo contrario a lo que sucedió en 1977, cuando las Cortes españolas, de forma prácticamente unánime, aprobaron la amnistía que abrió la transición a la democracia. 

2. Perdona la corrupción

Uno de los principales elementos de la amnistía a los que se aferran en Génova para trasladar su denuncia a la Unión Europea es la inclusión de delitos de malversación. Por lo que este será un punto prioritario en la exposición del PP para que la Comisión les dé la razón. 

Concretamente, los de Feijóo pondrán el foco en los artículos de la ley que se refieren a los "actos cometidos con la intención de promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, como la usurpación de funciones públicas o de malversación y actos cometidos con la intención de convocar, promover o procurar la celebración de referéndums o consultas". 

La pregunta que lanzarán al órgano europeo es si considera "compatible con los estándares del Estado de derecho la plena eliminación de la responsabilidad penal para los autores de los actos indicados". Para ello, harán referencia a la directiva europea 2017/1371, que exige que la malversación sea considerada una infracción penal.  

3. Incluye el terrorismo

La inclusión de delitos de terrorismo es, a ojos de los dirigentes del PP, el principal talón de Aquiles de la amnistía. En plena polémica por las exigencias de Junts al PSOE, que pide incluir en la ley todos los delitos de terrorismo, los populares redoblarán su queja por esta vía.  

Especialmente, después de que los fiscales del Tribunal Supremo, en amplia mayoría, hayan corroborado las tesis del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que pide investigar a Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo, por su relación con Tsunami Democràtic. 

Según arguyen en Génova, mandar al olvido los delitos de terrorismo es, directamente, incompatible con "los criterios de la Comisión", y así lo recalcarán delante de los integrantes de la delegación con los que se reunirán en el Senado y el Congreso. 

4. Limita a los jueces

Bajo la premisa de que la separación de poderes es la columna vertebral de toda democracia avanzada, en el PP subrayan que la amnistía "condiciona, restringe e incluso impide la actuación de los jueces y tribunales españoles". 

Ante los expertos europeos, los parlamentarios populares incidirán sobre el artículo de la medida de gracia que reza: "Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos". 

En ese sentido, alegarán que la amnistía contraviene la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que "prevé, para la cuestión de inconstitucionalidad, la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión". 

5. El 'lawfare'

En el acuerdo que sellaron PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, había una mención expresa al "lawfare" y la posibilidad de crear en el Congreso de los Diputados comisiones de investigación para llamar a comparecer a los jueces que intervinieron en la condena de actos delictivos durante el procés. 

Un hecho del que se servirán los parlamentarios del PP para intensificar su denuncia de que la amnistía pone en riesgo "la independencia judicial y la separación de poderes" en España. Además, los populares mencionarán los ataques proferidos por miembros del Gobierno y sus socios contra jueces, con nombres y apellidos.