Sánchez cede a Junts la amnistía "total e inmediata" que "cubre terrorismo y traición"

El Gobierno rectifica radicalmente su posición pública de las últimas semanas y acepta que se incluyan como amnistiables delitos de terrorismo, pero no con la referencia del Código Penal, sino de la definición de los tratados europeos.

Aunque los independentistas se jactan de haber arrancado a Pedro Sánchez unas cesiones que aseguró que no estaba dispuesto a conceder, el presidente del Gobierno también saca rédito de esta situación. Con el pacto, se garantiza seguir medio mandato pese al escándalo del caso Koldo y haber quedado debilitado por el resultado de las elecciones gallegas.

Más aún si el acuerdo sobre la amnistía lleva unido también como pretendía al Gobierno el compromiso de los independentistas para aprobar unos Presupuestos Generales de 2024 que le permitiría llegar como mínimo a la mitad de la legisaltura.

Desde que Junts retrasó la tramitación de la ley de amnistía el pasado 30 de enero al tumbar el dictamen de la norma, en el PSOE afirmaron por activa y por pasiva que no se tocaría ni el delito de terrorismo ni el de alta traición.

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Estas eran las principales exigencias de los independentistas catalanes, especialmente de Junts, porque consideran que con la redacción de entonces no se blindaba a Carles Puigdemont ni a Marta Rovira, imputados ambos por terrorismo.

Según la versión oficial de Moncloa “en materia de terrorismo, la amnistía no incluirá los actos que vulneren tanto la Directiva europea sobre delitos de terrorismo del año 2017 como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos”. Es decir, queda casi como estaba antes de la última modificación que terminó rechazando Junts en el último momento.

La duda es si los tribunales que deben aplcarlo entenderán que los delitos de terrorismo por los que se investiga a Carlos Puigdemont entran o no dentro de ese capítulo.

“En el caso de los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, se rechaza la amnistía de cualquier delito haya tenido como resultado una vulneración de los principios de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones de la Asamblea General sobre las relaciones pacíficas entre países (es decir, que se haya producido una amenaza o un uso de la fuerza efectivos contra la independencia o la integridad territorial de España)”.

Explica que “se refuerza el régimen de los delitos económicos para aclarar que en ningún caso pueden ser amnistiados delitos donde haya habido enriquecimiento” y “.la exclusión de los tratos inhumanos y degradantes se ajusta a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, operando, por tanto, cuando dichos actos hayan quebrado la resistencia moral y física de la víctima”.

Moncloa asegura que “deja fuera los delitos más graves de terrorismo, torturas, traición o contra la independencia del Estado y la corrupción que suponga enriquecimiento persona.

Por último, “en el ámbito administrativo, la devolución de sanciones sigue excluida, aunque se podrán exceptuar las sanciones menos graves impuestas en materia de seguridad ciudadana, que podrán ser devueltas por la Administración que las impuso si concurren razones de proporcionalidad y así lo decide”.

Fuentes independentistas explican que en la nueva redacción "se tocará la referencia al terrorismo para acercarlo a lo que dicen los tratados europeos", eliminando las referencias al "Código Penal español". Además, explican que se ampliará el plazo de cobertura de la ley, retrasándolo del 1 de enero de 2012 en el que estaba fijado, al 1 de noviembre de 2011.

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Las fuentes añaden que quedarán incluidos en la amnistía "todos los acusados del Tribunal de Cuentas", no sólo los que cometieron los presuntos delitos a partir del 1 de enero de 2012. "Gracias a que Junts aguantó la posición y votó lo que votó, hoy tenemos una ley con garantías y hemos podido incorporar a la ley todas las mejoras de la Comisión de Venecia", aseguran desde el partido.

A pesar de que los independentistas y el Gobierno se sienten respaldados por la Comisión de Venecia, lo cierto es que el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional afirma en su borrador de informe que la amnistía "debería adoptarse mediante una mayoría cualificada adecuada" y que el debate ha causado una "división profunda" en la sociedad.

Desde ERC subrayan que la anterior redacción de la ley ya permitía amnistiar a Puigdemont y Rovira, y critican que este retraso, provocado por Junts, ha llevado a que "haya que celebrar algunos juicios que podían haberse detenido y dar margen a las acciones persecutorias de jueces como Manuel García-Castellón".

"Hemos conseguido asegurar que la Generalitat pueda devolver las multas impuestas por la ley mordaza, así como afinar la redacción de la exclusión de los delitos de torturas y trato degradante", destacan.

El rédito de Sánchez

A pesar de las aparentes cesiones a los independentistas, Pedro Sánchez puede dar hoy un paso decisivo para garantizarse una parte importante de la legislatura. Lo hace en su peor momento como presidente del Gobierno, acosado por primera vez por la corrupción y debilitado por los resultados de las elecciones en Galicia.

El Gobierno dará a conocer el acuerdo con Junts para aprobar la ley de amnistía hoy poco antes de que se reúna la Comisión de Justicia del Congreso, en un pacto que también incluiría el compromiso de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

Fuentes del Ejecutivo dan por hecho que este acuerdo permitirá avanzar la legislatura casi hasta la mitad, es decir, dos años, salvo imprevistos o salvo que los resultados en las elecciones vascas, europeas y, sobre todo, las catalanas provoquen un final abrupto. Pero esto último ocurriría, en todo caso, ya en 2025.

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De esta forma, Sánchez busca árnica para sacudirse momentáneamente el caso Koldo con los acuerdos en el Congreso, dando impresión de que pese a todo puede seguir en la Moncloa. El presidente del Gobierno es fiel a su trayectoria, cargada de ejemplos de giros políticos y golpes de efecto para salir de momentos de dificultad.

La amnistía podría estar en el BOE a finales de mayo o principios de junio y para esas fechas podrían estar aprobados los Presupuestos, si no se atascan en el procedimiento. Justo en ese momento se superará la fecha del 29 de mayo, a partir de la cual ya es posible legalmente convocar elecciones generales.

Desde esa fecha sí tendrá que hacer frente al efecto político de las elecciones europeas en junio y la aplicación por los tribunales de la ley de amnistía que, con seguridad, supondrá un nuevo largo pulso con los jueces.

Problemas en el Congreso

Moncloa entiende que esa difícil aplicación de la ley, que afectará al Tribunal Supremo y a instancias judiciales europeas, necesitará cierta "vigilancia" por parte del Gobierno, y Carles Puigdemont será consciente de que sólo con Sánchez en Moncloa eso es posible. Es decir, que la aprobación de la amnistía aún precisará de la intervención de Sánchez.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ya ha sondeado a todos los socios parlamentarios e incluso ha entrado en detalle sobre los números y considera posible esa aprobación.

Para hoy ha convocado el Comité de Inversiones Públicas, trámite previo a la inminente presentación de los Presupuestos.

Para septiembre de este año, el Gobierno tendría que abordar la aprobación y tramitación de los Presupuestos para 2025. En caso de apuro podría prorrogar los que ahora se aprueben, hasta llegar a septiembre de 2025, más allá de la mitad de la legislatura.

Sánchez seguirá teniendo difícil sacar adelante otras iniciativas en el Parlamento, podrá aprobar proyectos de ley en el Consejo de Ministros con el riesgo de atascarlos en el Congreso por falta de apoyos.

Incluso, tendrá complicado aprobar decretos leyes, porque necesitaría convalidarlos en el Congreso, y ya comprobó en enero la dificultad de hacerlo por la resistencia de Podemos y las dificultades de pactar iniciativas con Junts. Moncloa explica que su voluntad será, esta vez, negociar con todos sus socios antes de aprobarlos en Consejo de Ministros, no después.