El Gobierno admite ante Bruselas el posible mal uso de 17,8 millones de fondos europeos en el 'caso Koldo'

Desde el estallido del 'caso Koldo', el Ejecutivo comunitario ha mantenido contactos constantes con el ministerio de Hacienda (que es el responsable último de la gestión de las ayudas europeas en España) con el fin de determinar si hay fondos comunitarios involucrados.

El martes 27 de febrero, la Comisión envió una carta formal al departamento de María Jesús Montero solicitando aclaraciones. La respuesta de Hacienda llegó a Bruselas el viernes 8 de marzo.

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"Una vez completada su evaluación de los contratos investigados, la Autoridad de Gestión identificó ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Solidaridad de la UE por un importe de alrededor de 14,7 millones de euros y de 3,1 millones, respectivamente", ha explicado a EL ESPAÑOL un portavoz del Ejecutivo comunitario.

"La Comisión seguirá siguiendo de cerca la situación y tomará las medidas adecuadas para garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión. Tenemos muchas posibilidades y herramientas para proteger el presupuesto de la UE: por ejemplo, se pueden interrumpir o suspender pagos a los Estados miembros, imponer correcciones financieras, adoptar medidas administrativas y recuperar dinero ya pagado", ha explicado el portavoz.

De los 14,7 millones del FEDER, un total de 3,7 millones corresponden al programa de las islas Baleares, mientras que 10,9 millones son del programa de las islas Canarias, según la Comisión.

"La Comisión tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la UE y tiene tolerancia cero con el fraude", ha insistido el portavoz.

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En Hacienda confirman que las cifras son correctas. "Es el importe de contratos cofinanciados con esa empresa (Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas). El Gobierno central va a descertificar por prudencia ese gasto (es decir, renunciar a la financiación europea), tal y como ya ha hecho Baleares", explican fuentes del departamento de Montero.

"En cualquier caso, también recordamos que la Justicia en España analizó los contratos y estableció que fueron correctos y los procesos legales", señalan las fuentes consultadas.

Además de las gestiones del Ejecutivo comunitario, la Fiscalía Europea ya ha anunciado la apertura de una investigación formal por el 'caso Koldo' sobre los gobiernos de Francina Armengol en Baleares y de Ángel Víctor Torres en Canarias. Lo hace tras haber identificado indicios de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de ayudas europeas.

En concreto, la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid tiene previsto concentrar sus pesquisas en los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las islas Baleares para el suministro de mascarillas durante los peores momentos de la pandemia. Unos contratos por los que la trama liderada por Koldo García Izaguirre, asesor personal del entonces ministro José Luis Ábalos, supuestamente cobró comisiones irregulares.