La ONU aclara que la carta de sus relatores contra las 'leyes de concordia' es una "opinión" no vinculante

La Moncloa difundió este viernes la carta en la que tres relatores del Comité de Derechos Humanos advierten de que las llamadas leyes de concordia de Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León "podrían afectar a la obligación del Estado español" de "preservar la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos".

Los tres expertos censuran incluso que la Ley de Concordia que las Cortes Valencianas admitieron a trámite el pasado 18 de abril incluya el reconocimiento a "las víctimas del terrorismo islamista y etarra", como víctimas de la violencia política.

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Algo que, alegan los relatores de la ONU, podría llevar a quitar "el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidas durante la dictadura franquista".

La carta es la respuesta al anuncio que el Gobierno realizó el pasado 4 de abril: después de que Pedro Sánchez se fotografiara en el Valle de los Caídos rodeado de esqueletos y calaveras, el Ejecutivo comunicó que denunciaría las leyes de concordia de Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León ante el Tribunal Constitucional y ante los relatores de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, y sobre Ejecuciones Extrajudiciales.

El presidente Pedro Sánchez utilizó este viernes la misiva de los relatores de la ONU para sostener que los gobiernos autonómicos formados por el PP y Vox "equiparan a las víctimas con los verdugos".

"Equiparar víctimas con verdugos es lo contrario a la concordia", escribió Sánchez en su cuenta de X, "Igualar dictadura a democracia es lo contrario a la verdad (...) El Gobierno de España defenderá la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo".

Tras conocer la misiva de los relatores, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que la próxima semana convocará la Comisión Bilateral con Aragón, para intentar convencer al Ejecutivo de Jorge Azcón de que dé marcha atrás a la derogación de la ley de memoria democrática de la región. 

El Gobierno mantiene la amenaza de llevar ante el Tribunal Constitucional a los gobiernos de Aragón (que tras derogar su ley de Memoria impulsa un Plan de Concordia para el reconocimiento de las víctimas), Comunidad Valenciana y Castilla y León.

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La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, denunció este viernes que la carta de los relatores contiene "graves errores", que a su juicio han sido "provocados de forma consciente e intencionada por el Gobierno de España al suministrar a la ONU una información sesgada, partidista, interesada, con la única intención de seguir haciendo una política de trinchera y confrontación".

Por su parte, en declaraciones a los medios en Lérida, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se preguntó "quiénes son las Naciones Unidas, que tienen tan buenas relaciones con regímenes dictatoriales y teocráticos, para decirle a un país democrático como España cuáles son las leyes que tiene que tener".

La misiva de la ONU fue firmada por el relator especial para la Verdad, la Justicia y la Reparación, Fabián Salvioli, el pasado 30 de abril, el mismo día que abandonó el cargo (desde el 1 de mayo el responsable de este área de la ONU es el canadiense Bernard Duhaime).

En una entrevista concedida en marzo de 2023 durante una visita a Baleares, Fabián Salvioli pidió derogar la Ley de Amnistía de 1977, aprobada durante la Transición, porque a su juicio impide juzgar los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos por el Franquismo.

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Y en un artículo publicado en La Vanguardia en septiembre de 2021, pidió indemnizar y restituir a Baltasar Garzón como magistrado de la Audiencia Nacional, después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinara que no tuvo un juicio justo cuando fue inhabilitado por prevaricación.

De hecho, el relator Fabián Salvioli ha compartido numerosos actos con Baltasar Garzón. Ambos participaron en marzo de 2023 en el III Foro de Derechos Humanos organizado por la Unesco y celebrado en Buenos Aires, que el Gobierno argentino convirtió en un acto de desagravio a su vicepresidenta Cristina Kirchner, para sostener que su condena a seis años de cárcel por corrupción se debe a una operación de lawfare.

El relator Fabián Salvioli también ha participado en varios actos organizados en España por asociaciones de memoria en colaboración con el Ministerio que entonces dirigía Félix Bolaños: intervino en la Jornada conmemorativa del Día Internacional del Derecho a la Verdad en marzo de 2021, y en la convención "Memoria Democrática, Educación y Cultura de Paz" (de nuevo con Baltasar Garzón) en noviembre del mismo año.

Salvioli también participó en una jornada organizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados el 9 de febrero de 2022 sobre Memoria, Justicia y Educación, junto al secretario general del PCE, Enrique Santiago, y el fiscal Joan Mena.

Y en octubre de 2022 difundió un vídeo en el que animaba a participar en una manifestación en apoyo a la ley de bebés robados durante la dictadura franquista. El proyecto de ley había sido registrado en el Congreso de los Diputados de forma conjunta por el PSOE, Podemos, Bildu y ERC en febrero de 2020. Sin embargo, la Mesa del Congreso presidida entonces por Mertixell Batet concedió sucesivas prórrogas para la presentación de enmiendas y el texto nunca se aprobó.

La carta que el Gobierno ha esgrimido contra las leyes de concordia del PP y Vox también está firmada por el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el chileno Morris Tidball-Binz (quien como forense colaboró con las Madres de la Plaza de Mayo para elaborar una base de datos de ADN de los desaparecidos durante la dictadura militar argentina) y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé.