La UE avalará la reforma de pensiones de Sánchez contra el criterio técnico y en plena campaña del 9-J

La decisión llegará a finales de mayo, pero será "un sí con salvedades", según fuentes del colegio de comisarios, que tratan de evitar una crisis en el Mecanismo de Recuperación, si suspendieran a uno de los grandes de Europa. El visto bueno del Ejecutivo comunitario es necesario, ya que éste fue uno de los hitos comprometidos por Moncloa con Bruselas para cobrar los Fondos Next Generation.

Pero ese sí llegará un año y medio más tarde de lo previsto, el pago a España llegará con recortes, desprestigiado por las irregularidades en el procedimiento y, finalmente, lo hará gracias a una "decisión política" en contra de "los criterios técnicos" de los funcionarios de la Comisión.

Por un lado, el retraso se debe a las dificultades del Gobierno para cumplir con su propio calendario. La reforma de las pensiones debería haber estado cerrada en diciembre de 2022, y no se aprobó hasta mediados del año pasado.

Por otro, los recortes vendrán motivados porque otra de las obligaciones de España no se ha formalizado, el cambio en la regulación del subsidio de desempleo.

Por su parte, las irregularidades, se explican por una demora inexplicada de dos meses concedida por Bruselas para la evaluación. Y finalmente, la bronca interna de la Comisión ha podido conocerla este diario al constatar que todos los informes de los servicios de estudios, de momento, han suspendido la reforma, "pero la decisión política ya está tomada" a favor de España.

Así lo revelan a este periódico fuentes conocedoras de la negociación interna en Bruselas.

De hecho, el pasado martes el Banco de España (BdE) publicó su Informe Anual 2023, criticando con contundencia la reforma que José Luis Escrivá llevó a cabo cuando estuvo al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la pasada legislatura.

Para el regulador español, su modelo incrementa "notablemente" las obligaciones de gasto del sistema de pensiones en las próximas décadas. En concreto, cifra el aumento del gasto de entre 3,2 y 4,7 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) para 2050, partiendo del ya altísimo 13,1% del PIB en el que se incurrió el año pasado.

Con estas proyecciones, y de no cambiar de manera radical el sistema, el BdE calcula que España necesitará 24 millones de inmigrantes más en edad de trabajar en el año 2053, si se quiere mantener el equilibrio entre trabajadores y pensionistas.

Los informes

Ningún gabinete de estudios independiente ha validado la ley del exministro Escrivá. Todos, desde la AIReF al propio Banco de España, pasando por FEDEA y (sobre todo) los propios servicios técnicos de la Comisión, han dictaminado o que convierte en "insostenible" el sistema o simplemente que España entrará en "alto riesgo" al ser el país europeo con mayor aumento de su déficit en este capítulo en las próximas décadas.

Hace casi tres semanas, Eva Poptcheva, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON), enviaba una carta a Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión, y a Paolo Gentiloni, comisario económico. En la misiva, a la que ha tenido acceso este diario [consúltela aquí en PDF], la eurodiputada liberal advierte de su "preocupación" por una evaluación "indulgente" a la reforma de las pensiones.

"En caso de que la evaluación de la solicitud del cuarto pago ofrezca una valoración indudablemente positiva de esta reforma, podría interpretarse como una desatención a consideraciones fiscales cruciales", avisa Poptcheva.

La europarlamentaria de Ciudadanos -recientemente fichada para las listas del PP en las elecciones del 9 de junio- sometió el lunes 22 de abril a la Comisión a un auténtico interrogatorio en una sesión conjunta con la Comisión de Control Presupuestario. En ella, advirtió de que está en juego la credibilidad del Mecanismo de Recuperación -"y la propia supervivencia de una herramienta clave para la competitividad de la Unión en el mundo"- si se imponen los criterios políticos sobre el rigor de las normas.

Porque lo cierto es que, según ha sabido este periódico, de Ursula von der Leyen a Gentiloni, pasando por Dombrovskis, "la orden es darle el visto bueno a la reforma de las pensiones española". Así lo confirmaron dos altos funcionarios de Bruselas recientemente, en sendos eventos de análisis y estudio sobre el asunto.

Lo hará a pesar del reciente Ageing Report 2024, publicado por el mismo Ejecutivo comunitario a mediados de abril, que anticipa un "alto riesgo" para España con esta nueva ley de pensiones. Y también en contra de lo que aconsejarían las conclusiones del In-Depth Review 2022, otro dictamen de la misma Comisión, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y publicado el mes pasado.

"Órdenes políticas"

Parece claro que ya no es tal esa "velocidad de crucero" que se promocionaba cuando España era el país que más rápido pedía y recibía los fondos (y cuando era el que más dinero europeo tenía ya en sus arcas). Pero el Gobierno de España recibirá la noticia del 'sí' de Bruselas al cuarto desembolso, en plena campaña de las elecciones europeas.

Las salvedades se deben a que "todos los servicios técnicos de la Comisión creen que deben dar un suspenso a la reforma de las pensiones y, sin embargo, hay órdenes políticas de darla por buena", advierte una fuente del Parlamento Europeo implicada en las negociaciones de los Next Generation.

Cuando Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, presentó su reforma, en la primavera de 2023, tachó de "frívolo, insolvente e irresponsable" al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, simplemente por pedirle que no presentara la reforma sin esperar al informe de la AIReF.

Ante la insistencia de la prensa, en una comparecencia de Escrivá en Bruselas, inquiriéndole sus por sus prisas, Escrivá dijo: "La AIReF ya tiene la información, y ya veremos qué opinan cuando consideren que deben hacerlo", respondió tras entrevistarse (una vez más) con Gentiloni.

Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó el decreto a los pocos días, presumiendo de que se hacía con el "aval" de Bruselas, y sin aguardar a que el la AIReF, ente fiscalizador independiente, dijera lo que el Gobierno ya se temía: que la reforma no solucionaba el problema de la sostenibilidad del sistema.

El propio Gentiloni llevaba un año advirtiendo públicamente a Sánchez para que hiciera "sostenible" una reforma que el Gobierno fue aprobando en tres tramos, y que dejó lo más complicado para el final.

El ejecutivo comunitario, molesto, se resarció del engaño posteriormente, con un desmentido público al Gobierno de España: "La Comisión sólo evaluará formalmente los elementos [...] en el contexto de la próxima cuarta solicitud de pago de España". 

Y un año después, seguimos a la espera de esa evaluación... a las puertas del cierre de la legislatura europea y con la Comisión atacada por varios frentes, dado el retraso en la ejecución de los fondos, que la Eurocámara ya ha calificado de "potencial fracaso" en varios informes.

En el caso español, el problema de la reforma radica en que la indexación directa al IPC de la revalorización no se ve compensada por el nuevo "recargo de solidaridad" ni por el novedoso "Mecanismo de Equidad Intergeneracional" (MEI).

Así lo dijo la AIReF en el informe que Escrivá (su antiguo presidente) no quiso esperar. A los pocos días de la decisión del Consejo de Ministros, el dictamen finalmente vio la luz. Y era demoledor, tanto o más que el reciente del BdE.

Más cotizaciones en 2025

Ahora, según las fuentes consultadas, los técnicos de la Comisión Europea coinciden con aquel diagnóstico. Y los altos funcionarios de Bruselas anticipan que en 2025, efectivamente, las cotizaciones volverán a subir, como ya lo han hecho este año, por mor del "automatismo de revisión" que introdujo el Gobierno en la ley.

Esta herramienta permite que el sistema se vaya actualizando por sí mismo cuando las previsiones de ingresos no cubren las previsiones de aumento de gastos. Y fue ésta la cláusula que permitió a Moncloa pasar el filtro definitivo de Bruselas tras meses de negociación. Con eso, se arreglaba la supuesta "sostenibilidad" del sistema.

Sin embargo, "esto no hace sostenible el sistema, sólo las cuentas anuales", apunta la citada fuente europarlamentaria.

"Se supone que es un mecanismo de emergencia... y se va a activar desde el primer año, lo que demuestra que el sistema está desequilibrado, recargando más el peso en los ingresos, haciendo más caro el empleo, obstaculizando la contratación y reduciendo la competitividad de la economía española".

Y eso, advierte la fuente, "incumple el objetivo específico de la Comisión con la reforma".

En el Informe sobre envejecimiento 2024 presentado la segunda semana de abril en Bruselas, los servicios de estudios del Ejecutivo comunitario, advertían de que tal como está redactada la reforma española, antes de 2050 España ya incumplirá el límite de déficit estructural solo con las pensiones, que desviarán gastos de ingresos en 3,1 puntos de PIB.

Y las fuentes consultadas calculan que corregir ese desvío supondrá buscar donde hacer un ajuste de 12.000 millones de euros. Así lo apunta, también, Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro Y esto, ¿quién lo paga?. De la Torre, también exdiputado en el Congreso, advierte de que, aplicando el mecanismo automático que prevé la ley de Escrivá, la compensación supondría "un alza del 8% más en las cotizaciones".

En estas circunstancias, advierte la carta de Poptcheva a los comisarios Gnetiloni y Dombrovskis, quedan claros "los limitados esfuerzos políticos realizados por el Gobierno español para hacer frente a los elevados niveles de deuda pública y déficit estructural".

Según la vicepresidenta de ECON, el informe de los técnicos de Bruselas "identifica riesgos para la sostenibilidad fiscal asociados a la reforma de las pensiones en vista del irreversible envejecimiento de la población".

2.000 millones de menos

Nadia Calviño, hace un año vicepresidenta primera, anunció varias veces en 2023 que España presentaría la petición del cuarto desembolso. Primero, en junio; luego, en otoño. Finalmente, se hizo el 20 de diciembre.

La respuesta de Bruselas debería haberse recibido en dos meses máximo, el 20 de febrero. Así lo marca el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Pero nunca llegó. Y ya a finales de marzo, Bruselas anunció un "acuerdo" con España para darse dos meses más de tiempo, en contra de su propio Reglamento.

Así, el aval a la reforma de pensiones de Escrivá deberá llegar en la cuarta semana de mayo. Y con ella, el dinero de los fondos... eso sí, un año más tarde de lo previsto.

Nuestro país se juega 10.000 millones, pero previsiblemente no los recibirá al completo porque la reforma del subsidio de desempleo sin aprobarse y la de las pensiones ocupa el foco de las dudas y la polémica.

El mismo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya reconoció que "muy probablemente" el pago vendrá con "recortes". Es decir, que no será por el total de los 10.000 millones de euros solicitados.

Y además, esos mismos funcionarios de alto rango de la Unión admiten que hay salvedades que están provocando tensiones internas en el seno de la Comisión, porque los políticos han ordenado dar el sí a las pensiones.

Los recortes esperados serán de alrededor de 2.000 millones. Y se dan por hecho, con toda seguridad, porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha podido aprobar la reforma del subsidio de desempleo.

La norma se aprobó por decreto en diciembre, pero no pasó el filtro del Congreso en enero. Los cinco votos de Podemos fueron en sentido negativo y Yolanda Díaz no supo negociar con sus excompañeros de grupo para salvar su medida.