Sumar votará en contra de la ley de Sánchez contra el proxenetismo y obliga al PSOE a aprobarla con el PP

Sumar votará en contra de la tramitación de la iniciativa legislativa del PSOE para castigar el proxenetismo, abolir la prostitución y multar a quien pague por sexo que se debate este martes en el Pleno del Congreso, lo que coloca al PP como el grupo del que dependerá su viabilidad, y acusa a su socio de "dividir al feminismo". 

Se trata del segundo intento de los socialistas por sacar adelante su ley abolicionista para castigar, a través de una reforma del Código Penal, el proxenetismo en todas sus formas y penalizar a los burdeles. Ya lo hizo la pasada legislatura, cuando se aceptó su toma en consideración gracias a los votos del PP, pero no se culminó su tramitación ya que ERC y los comunes votaron en contra y PNV y Bildu se abstuvieron.

Las diputadas de Sumar Gala Pin, Tesh Sidi y Engracia Rivera han anunciado hoy que todo el grupo parlamentario votará en bloque en contra de esta tramitación, al igual que hará ERC. Por su parte, ni PNV, ni Junts ni Podemos han aclarado el sentido de su voto, algo que tampoco ha hecho el PP, pese a que comparte con el PSOE una postura abolicionista. 

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Desde la formación de Yolanda Díaz lamentan que el PSOE presente esta proposición del ley de manera unilateral sin contar con ellos y dejan claro que si los socialistas quieren que salga adelante deberán contar con el apoyo del Partido Popular. 

Precaridad, indefensión y vulnerabilidad

Desde Sumar argumentan su rechazo explicando que esta proposición situaría en un contexto de "más precariedad, indefensión y vulnerabilidad a muchas de las mujeres que ejercen la prostitución" y por ese motivo no pueden apoyarla.

Subrayan, además, que esta ley no aborda las cuestiones estructurales que afectan a estas mujeres y que están atravesadas por la "desigualdad", el "racismo estructural", la "transfobia" o la "pobreza".

El partido de Yolanda Díaz consideran que esta propuesta "ahonda en la división", ya que la prostitución esta una cuestión que "divide al feminismo", pero dejan claro que están a favor de "perseguir el proxenetismo coactivo" -el que se ejerce con intimidación y violencia- pero ve "grandes lagunas" en el texto del PSOE, que no consideran integral al no abordar medidas sociales y económicas como la empleabilidad, la vivienda o la formación. Sin esto, dicen, difícilmente se va erradicar la prostitución como pretende el PSOE.

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La propuesta abolicionista del PSOE

La intención del PSOE con esta proposición de ley es castigar todo tipo de proxenetismo, esto es, el lucro de la prostitución ajena así como multar a los hombres que pagan por sexo y penalizar a los burdeles. 

Actualmente sólo está penado el proxenetismo que se ejerce con intimidación y violencia, pero el grupo socialista considera que la redacción actual del Código Penal ha llevado a una "impunidad total del proxenetismo".

Su iniciativa amplía el artículo 187 del Código Penal para castigar con cárcel a todo aquel que "promueva, favorezca o facilite" la prostitución de otra persona "con ánimo de lucro": con penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de 18 a 24 meses si se emplea violencia, intimidación o engaño y penas de dos a cuatro años y multas de 12 a 24 meses si el proxenetismo no implica violencia, aun con el consentimiento de la persona prostituida.

También se incluye en ese artículo el castigo de la tercería locativa, es decir, ganar dinero por destinar un inmueble o cualquier otro espacio de manera habitual para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento. Aquí la pena sería de dos a cuatro años de prisión y multa de 18 a 24 meses.

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Se quiere añadir asimismo un tercer punto al artículo 187 para que quienes pagan por sexo tengan un reproche penal: se castiga con multa de 12 a 24 meses a quien convenga "la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico".

Si la persona prostituida fuera menor de edad o se encontrase en situación de vulnerabilidad, quien pague por acceder a su cuerpo se enfrentará a una pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses.

En el artículo se precisa que "en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución".

En la exposición de motivos, el PSOE indica que "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos" y "representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución".

Por último, la iniciativa otorga a las personas prostituidas los derechos recogido por el Estatuto de la víctima del delito y garantiza que puedan acceder a la atención que presta la ley del sólo sí es sí.