La Ley de Amnistía se aprueba hoy sin garantías de respaldo de ERC y Junts a la legislatura de Sánchez

Al menos, es la ley que permitió que arrancara la legislatura y que partidos como Junts y ERC votaran la investidura de Pedro Sánchez, y la que más tiempo y polémica se ha llevado de la agenda política desde las elecciones generales del 23 de julio.

Tendrá los votos del PSOE, de Sumar y del resto de socios de la investidura. Es decir, todos salvo los de PP y Vox levantarán el veto del Senado y aprobarán definitivamente la ley, salvo sorpresas.

[Sánchez ordena a todos sus diputados pasar noche en Madrid para asegurar la votación de la amnistía]

La ley que exigieron los independentistas catalanes para arrancar la legislatura empezará desde el viernes la fase de aplicación en los tribunales sin garantías de que Junts y ERC mantengan el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez para avanzar en la legislatura.

También arranca con dudas en el Gobierno sobre el largo proceso de aplicación en los tribunales que ahora se inicia. Esperan que no haya tribunales que acaben obstaculizando la aplicación de la amnistía. Sobre eso, hay cierta inquietud en Moncloa, viendo que hay jueces que ya se han pronunciado en contra de la ley y dados los antecedentes de decisiones judiciales adversas.

Dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno confían estos días en que ese apoyo se mantenga a finales de año, cuando se tramiten los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Pero no tienen garantías, sobre todo, porque el resultado de las recientes elecciones catalanas ha servido para que el PSOE tenga un relato potente de reivindicación de la política de reconciliación que encarna la amnistía, pero, al tiempo, ha complicado las opciones de mantener los acuerdos en el Congreso.

Altas fuentes socialistas admiten las dificultades porque el escenario ha cambiado y al resultado positivo de haber sacado a los independentistas del Gobierno de la Generalitat le sigue justamente la dificultad de lograr que Junts y ERC sigan siendo socios en el Congreso, siendo partidos de oposición en Cataluña.

¿Giro en ERC?

Es decir, que si los independentistas arrancan concesiones en los Presupuestos, como una obra pública concreta, quien gestionará ese acuerdo será Salvador Illa como presidente de la Generalitat. "Illa cortaría la cinta de inauguración y nadie se acordará de que fue un mérito de ERC o de Junts", explica un ministro.

Las elecciones catalanas ya impidieron que hubiera Presupuestos para 2024 y ahora todo está pendiente de las negociaciones para el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Ha quedado claro que la única opción es que Illa sea investido presidente y el PSOE ve casi descartado que sea con apoyo y acuerdo con Junts, por lo que ven sólo viable el apoyo de ERC para que el socialista gobierne en minoría.

El problema a partir de ahí para el Gobierno es qué ocurrirá en interior de los dos partidos independentistas fuera de la Generalitat.

ERC negocia a través de Marta Rovira, secretaria general, pero el presidente, Oriol Junqueras, ha dimitido para intentar volver en el congreso de la formación fijado para noviembre. 

En este caso, el primer escollo es la negociación con Illa, luego la consulta en la que los militantes deben ratificar el acuerdo sin liderazgo que marque el camino y en tercer lugar el resultado de ese congreso de noviembre. Ese cónclave será justo en el momento en el que se negocien los Presupuestos, con la duda de si el desastre de ERC en las elecciones se traduce en un giro para distanciarse del PSOE, es decir, el Gobierno del Estado.

Por cierto que Junqueras estará hoy en el Pleno del Congreso que aprobará definitivamente la Ley de Amnistía encabezando una delegación de Esquerra Republicana que seguirá la sesión desde la tribuna de invitados del hemiciclo.

Respecto a Junts, todo depende de si Carles Puigdemont cumple su promesa de dejar la política si no es investido president. 

En esto el Gobierno ve dos problemas básicos: la duda de si Puigdemont se arriesgará a perder el aforamiento y la incertidumbre sobre si es posible la vuelta del nacionalismo moderado.

El calendario

En el primer caso, sólo caben especulaciones sobre opciones remotas como que puede ser elegido senador por el Parlament. Pero esta opción no pasa de pura elucubración de algún dirigente socialista.

Para la segunda, el PSOE confía en la presión de los empresarios catalanes que prefieren la estabilidad que daría una Convergència dispuesta a facilitar la gobernabilidad del Estado.

El calendario se complicaría si no hay acuerdo de investidura y deben repetirse las elecciones hacia el mes de octubre. En ese caso, sería aún más complicado el proceso de negociación de Presupuestos.

A partir de la publicación en el BOE se abrirá un periodo de dos meses para la aplicación de la Ley de Amnistía por los tribunales en los que hay casos vinculados al procés.

Desde su publicación se levantarán automáticamente las medidas cautelares, pero cabe la posibilidad de que algunos tribunales planteen recursos de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia la Unión Europea (TJUE). Esos recursos frenarían la aplicación de la ley para esos casos, hasta que se resuelvan, lo que ocurrirá dentro de un mínimo de seis meses, según algunos cálculos.

Posteriormente, cabe también la posibilidad de que los jueces presenten cuestiones de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que también paralizaría la aplicación.

En todo caso, el proceso de aplicación podría durar aún varios años. Es decir,  prolongarse toda la legislatura. Fuentes del Gobierno entienden que Junts y ERC pueden preferir que Sánchez siga en la Moncloa durante ese largo periodo de aplicación de la ley.