Belarra registra su 'ley mordaza': un 'consejo ciudadano' podrá multar a los medios con 600.000 €

Esta iniciativa está incluida en la Proposición de Ley Orgánica de garantía del derecho a la información veraz y lucha contra la desinformación, registrada por Ione Belarra en la Cámara Baja, y publicada este viernes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Se trata de una suerte de ley mordaza, en este caso destinada a "atar en corto" a los medios de comunicación, en la expresión utilizada habitualmente por la líder de Podemos. 

La iniciativa parlamentaria prevé la creación del Consejo del Derecho a la Información, que estaría integrado por 50 miembros elegidos por sufragio universal. Podemos propone que la designación de sus miembros se lleve a cabo cada cinco años, colocando una segunda urna cada vez que se celebren elecciones europeas.

Según el texto elaborado por Podemos, podrá presentar candidaturas a la formación de este Consejo ciudadano cualquier sindicato, asociación, colegio profesional o agrupación de electores.

Este órgano será encargado de velar por el cumplimiento de las normas de "pluralismo" informativo, detectar las noticias falsas publicadas e imponer sanciones a los medios y periodistas.

El régimen sancionador prevé tres tipos de infracciones: leves (con multas de 1.000 a 12.000 euros), graves (con multas de 12.001 a 120.000 euros) y muy graves (de 120.001 a 600.000 euros).

Entre otros supuestos, se considerará infracción grave "incumplir la obligación de transmitir información veraz con prácticas comunicativas que, deliberadamente, falten a la verdad mediante falsas afirmaciones u omitiendo información relevante" para influir en cualquier proceso electoral, presente o futuro.

También cuando la noticia considerada "inveraz" pueda interpretarse como una "incitación al odio" o "discriminación" sobre colectivos por causa de "su ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, sexo, orientación o identidad sexual, aporofobia, enfermedad o discapacidad", entre muchos otros supuestos.

Cuando un medio o periodista sea sancionado por segunda vez en un período de cuatro años, su infracción pasará a considerarse "muy grave" (y por tanto, con multa de hasta 600.000 euros).

La iniciativa parlamentaria de Podemos establece que "en el caso de que se hubieran sancionado dichas conductas en varias ocasiones y se persistiera en el incumplimiento de las obligaciones previstas", el Consejo del Derecho a la Información podrá decretar la retirada de la licencia del medio por un período de 5 a 10 años.

El Consejo también podrá impedir que el medio infractor pueda acceder a la publicidad institucional durante un período de dos años. Estas sanciones sólo se podrán recurrir ante el mismo organismo, o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Tras su retiro de cinco días, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado medidas para combatir a los "pseudomedios" que difunden "bulos" y "fango". Podemos intenta tomarle la palabra para que el PSOE apoye esta iniciativa parlamentaria.

En su exposición de motivos, el partido morado justifica la necesidad de aplicar estas medidas afirmando que "un 68% de españoles y españolas tiende a no confiar en los medios de comunicación, una cifra que supera en 11 puntos la media europea".

La iniciativa parlamentaria pretende imponer la norma de los "tres tercios" (así la ha definido Ione Belarra) en la concesión de licencias de televisión: la tercera parte estará reservada para los medios públicos, otra tercera parte para los medios privados y el último tercio para asociaciones o entidades sin ánimo de lucro.

El texto también establece nuevas obligaciones para los medios. Por un lado, los presentadores de "programas informativos o de actualidad política" de televisión, así como los accionistas y directivos de los medios estarán obligados a hacer pública una "declaración de bienes e intereses", en los mismos términos que los diputados y senadores.

Es decir, deberán hacer público cuántas viviendas y vehículos poseen, cuánto dinero tienen en el banco, si son accionistas de alguna empresa, si tienen inversiones en Bolsa y cuánto han pagado en su declaración de IRPF. Este registro será gestionado por el Ministerio de Presidencia, hasta que se constituya el Consejo del Derecho a la Información.

Del mismo modo, se creará un registro público que refleje la identidad de los accionistas de todos los medios de comunicación (tal como ya prevé el Reglamento 2024/1083 de la UE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, que el Gobierno debe trasponer a la legislación española), así como la cuantía de la publicidad institucional que han recibido de las distintas Administraciones.

La proposición de ley orgánica registrada por Podemos también pretende combatir la concentración empresarial en este sector. Según su texto, ningún medio podrán superar el 25% de audiencia a nivel nacional, o el 35% en cualquier autonomía. 

Concentración de medios

Si una misma empresa tiene intereses en distintos ámbitos (radio, televisión, prensa escrita y prensa digital), no podrá superar el 10% de la audiencia nacional, ni el 20% en una autonomía. Para ello, Podemos propone crear "un nuevo sistema de medición de audiencias que sea objetivo", que deberá ser impulsado por el Gobierno.

Incumplir estas normas de transparencia y concentración de medios también será objeto de sanciones impuestas por el Consejo de Derecho a la Información. 

Por último, Podemos propone modificar la Ley 29/2005 de Publicidad Institucional para primar, en el reparto de los fondos, a las empresas periodísticas que contraten a parados o a personas con familias vulnerables.