El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto la semana pasada

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto la semana pasada Reuters

Política

El Colegio de Abogados de Madrid pide que el TS investigue a García Ortiz al ver "indicios cualificados"

Pide al TSJM que envíe a la Sala Penal el proceso abierto por la querella interpuesta contra dos fiscales por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso

28 junio, 2024 16:13

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que eleve a la Sala Penal del Supremo las diligencias abiertas por la querella del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por la filtración de datos relativos a la investigación abierta contra él por presuntos delitos fiscales.

Esta petición se produce tras las declaraciones prestadas ante el magistrado instructor, Francisco José Goyena, de los dos fiscales querellados (la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y Julián Salto) y ante los "indicios cualificados" que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Ambos querellados han manifestado que ellos no redactaron la nota informativa en la que la Fiscalía salía al paso de informaciones falsas sobre los contactos entre el abogado de González Amador y el fiscal Salto.

El propio García Ortiz ha asumido la responsabilidad de esa nota, pidiendo la elevación del proceso al Supremo.

El ICAM, que ejerce la acusación popular, ha decidido dar este paso teniendo en cuenta la cualidad de persona aforada del Fiscal General, lo que altera la competencia objetiva del órgano instructor en favor del Tribunal Supremo.

El decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, ha subrayado "la gravedad de los hechos y la necesidad impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes. La protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y este Colegio será firme ante cualquier vulneración del mismo".