Begoña Gómez critica que el juez recabe datos del rescate a Air Europa: "No es el objeto de esta causa"

En un nuevo escrito enviado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del que es titular Peinado, Camacho señala que esos hechos "no son objeto del presente procedimiento", en el que está investigada la mujer del presidente del Gobierno. Por ello, la defensa de la investigada ha recurrido dicha decisión.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el magistrado solicitó a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) diversa documentación sobre el rescate público a Air Europa, concedido, debido a la crisis de la Covid-19, por un Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.

La denuncia que dio origen a esta causa judicial, presentada por el sindicato Manos Limpias, aludía a los vínculos de Begoña Gómez con el holding Globalia, al cual pertenece la aerolínea rescatada. 

No obstante, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargado por el juez y cuyo contenido íntegro fue adelantado por este diario, desvinculaba a la primera dama de este holding.

Los agentes que lo redactaron, de hecho, subrayaron que "el único elemento que, por el momento, vincularía objetivamente a Begoña Gómez con Globalia es el hecho de que coincidiera con Javier Hidalgo [antiguo consejero delegado de la compañía] en dos eventos".

Pese a ello, el juez ordenó a la SEPI que le remitiera "los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas" a la aerolínea.

Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia.

"En cualquiera de sus fases", precisaba el juez, "así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto".

Ahora, en respuesta, en un escrito fechado este jueves, el letrado Antonio Camacho recurre esta decisión. Y argumenta que, "procesalmente, las ayudas otorgadas por el Gobierno a Globalia/Air Europa no constituyen el objeto del presente procedimiento ni hay resolución judicial alguna del Juzgado de Instrucción que así lo acuerde".

"En estas circunstancias, parece absolutamente contrario a los principios que rigen el proceso penal que se pretenda investigar unos hechos respecto al cual no se ha incoado ningún procedimiento en el seno del cual investigarlos", añade.

"Si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe pedir una documentación que tiene que ver con la concesión de unas ayudas aprobadas en Consejo de Ministros que, dada la condición de [aforados de] los integrantes de éste [los ministros], ni siquiera estaría dentro de la competencia del presente Juzgado para investigar los mismos", recuerda el abogado.

Citada el 5 de julio

El llamado caso Begoña se inició con la denuncia de Manos Limpias, que acusa a la mujer de Sánchez de los delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Está citada a declarar como investigada el próximo 5 de julio.

Nada más abrirse esta causa, la Fiscalía recurrió la decisión del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid con la intención de que se archivase el caso. No obstante, este tribunal, jerárquicamente superior al magistrado instructor, avaló la apertura de diligencias, "pese al contenido algo deslavazado de la denuncia" firmada por el sindicato.

La Audiencia dividió la causa en tres asuntos. Uno de ellos lo componen datos erróneos o falsos. Otro, todo lo relativo a los contratos obtenidos por una UTE (unión temporal de empresas) en la que participó Carlos Barrabés, miembro del claustro de profesores que Gómez co-dirige en la Universidad Complutense de Madrid.

Además, en 2020, la primera dama firmó dos cartas de recomendación que fueron presentadas por dicho empresario en los procesos de adjudicación a los que la UTE se presentó y en los que resultó vencedora. La unión de compañías se embolsó por ambos algo más de 10 millones de euros, concedidos por la entidad pública Red.es, dependiente en aquella época del Ministerio de Hacienda.

No obstante, tal y como publicó este periódico, Peinado cedió a la Fiscalía Europea esta parte concreta de la investigación, que le había sido reclamada por este organismo, dado que esos dos contratos fueron financiados con fondos de la UE.

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