Las comunidades del PP aceptan el reparto de 347 menas de Canarias y sólo Cataluña se desmarca

La cumbre de todos los consejeros autonómicos con responsabilidad en la materia había sido convocada por el Gobierno, y a ella han asistido los ministros Sira Rego (Juventud e Infancia) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial). 

Sólo el gobierno catalán -de ERC, en funciones- se ha desmarcado del acuerdo y ha optado por abstenerse. Según fuentes presentes en la reunión, el consejero del País Vasco también mostró ciertas reticencias, pero al final acabó sumándose al pacto.

La decisión de los consejeros del PP ha provocado la reacción inmediata de Vox, que anunciaba en un comunicado su decisión de "cumplir con su palabra" y romper los cinco gobiernos de coalición: Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Castilla y Léon y Extremadura.

El principal punto del orden día de la conferencia sectorial ha sido el reparto voluntario de los menas que saturan los centros de Canarias y Ceuta, algo que ya fue consensuado en 2022.

Según trasladan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el encuentro, las comunidades gobernadas por el PP han aceptado las cuotas acordadas a repartir en sus territorios, pero lo han hecho entre duras críticas al Gobierno.

Estos gobiernos han censurado en bloque la "inacción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez al estar "endosando" a las comunidades autónomas el problema de la crisis migratoria "con un reparto impuesto que no soluciona nada".

Varios consejeros del PP, como Fabiola García (Galicia) y Ana Dávila (Comunidad de Madrid), también han aprovechado la ocasión para pedir de nuevo al Gobierno que convoque una conferencia de presidentes. Este es un reclamo que se viene haciendo desde el vuelco de poder territorial del pasado 28 de mayo y que Sánchez se está negando a atender.

La reforma de la ley

Además de acordar el reparto de los 347 menores, el Gobierno buscaba convencer a las comunidades autónomas para que apoyen una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, de manera que la distribución de los menores no acompañados deje de ser voluntaria y pase a ser obligatoria.

Desde Moncloa se quejan habitualmente de que las comunidades autónomas no siempre cumplen con los cupos pactados. En la reunión de este miércoles, la ministra Sira Rego afeó esta circunstancia a algunas comunidades, que replicaron que no es por falta de voluntad, sino porque Canarias está siendo incapaz de tramitar las salidas.

Según fuentes presentes en la conferencia, desde los territorios gobernados por el PP criticaron que el Gobierno les trasladó la propuesta de reforma de la ley el martes a las 19.00 horas, menos de 24 horas antes de la reunión, y que no han tenido tiempo para analizarla correctamente y tener una opinión formada al respecto.

En cualquier caso, esa reforma se votará en el Congreso de los Diputados dentro de dos semanas, cuando el Gobierno previsiblemente presente la reforma de la ley. Por lo tanto, no serán los gobiernos autonómicos quienes tengan la última palabra, sino los grupos parlamentarios.

Durante la conferencia de este miércoles, la consejera de Andalucía, Loles López, pidió que la reforma de la Ley de Extranjería recoja la singularidad de su comunidad autónoma. López defendió que Andalucía ya recibe muchos migrantes en sus costas –sólo esta semana han llegado 13 menores– y que ese tipo de cuestiones debería condicionar los criterios de reparto y la reforma de la norma.

Por su parte, la consejera de la Comunidad de Madrid denunció que la ley podría ser inconstitucional por la invasión de competencias.

Feijóo tendrá que decidir ahora qué votará su partido. La tramitación parlamentaria permitirá al PP hacer algunas modificaciones. Aunque en la conferencia de este miércoles todas las autonomías gobernadas por los populares fueron al unísono, las opiniones en cada territorio no coinciden al cien por cien.

Por ejemplo, los gobiernos de Canarias, Ceuta o Melilla están a favor de la reforma de la Ley de Extranjería por la enorme presión migratoria que sufren, mientras otras, menos afectadas, muestran dudas, particularmente por la falta de recursos y una creciente presión social en contra de seguir acogiendo a inmigrantes ilegales.