Los otros escollos del pacto PSC-ERC: necesitaría el voto de Junts y no sería extensible a las otras CCAA

Ahora el pacto sería entre el PSC y ERC, para la investidura del socialista Salvador Illa como próximo president de la Generalitat, pero con respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez, que es quien debe aplicar la cesión de impuestos.

La diferencia sustancial es que en todos los casos anteriores el modelo pactado fue extendido luego a todas las comunidades autónomas de régimen común.

Esta vez, el sistema pactado de cesión de impuestos a la Generalitat no es aplicable en el resto de comunidades, precisamente porque lo que se busca es la singularidad. Este es precisamente uno de los escollos fundamentales para que el PSOE acepte el acuerdo con ERC en Cataluña.

Moncloa admite que supone un agravio para el resto de comunidades y, por tanto, para todos sus líderes regionales. Empezando por los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, Emiliano García Page y Adrián Barbón, respectivamente. Y siguiendo por los barones del PSOE que pretenden competir con el PP en sus territorios. De nuevo Sánchez lleva al límite al PSOE al hacerles apoyar lo que antes negaba y sin consultarles.

Por eso, la dirección socialista pondrá en marcha una campaña de explicación en esas comunidades si se termina de formalizar la cesión de impuestos.

Incluso el acuerdo entre el Gobierno y ERC para la investidura de Sánchez sobre la condonación de 15.000 millones de deuda para Cataluña incluía la referencia a la posible extensión a otras comunidades.

El Gobierno, con Sánchez a la cabeza, habían asegurado reiteradamente que no aceptarían un sistema de concierto. La última vez fue hace dos semanas cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se lo dijo a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De nuevo lo han hecho.

Han dejado, además, que sea ERC qjuien expusiera el pacto y hablara de "concierto solidario", dando a entender que el del País Vasco no es solidario.

El otro escollo para que prospere el pacto se refiere a la plasmación práctica del acuerdo en la ley. La propuesta de "financiación singular" debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas las comunidades de régimen común y el Gobierno, sin posibilidad de veto.

A partir de ahí, si necesita cambios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómicas (LOFCA) será preciso el voto de Junts en el Congreso para llegar a la mayoría absoluta requerida. La portavoz de ERC, Raquel Sans, expresó en la comparecencia para explicar el pacto su convencimiento de que Junts apoyará en el Congreso esa refoirna legal

El Gobierno ya tiene constancia directa de que Carles Puigdemont se ha descolgado de la legislatura y no puede tener la certeza de que apoyará iniciativas como los Presupuestos y otras normas. De hecho, Moncloa ya ha empezado a dejar caer que la legislatura podría avanzar con Presupuestos prorrogados de nuevo.

Eso puede hacer complicado que Junts apruebe en el Congreso la reforma de la LOFCA que requiere el pacto entre PSC y ERC. Ahora bien, este escollo en la aplicación del pacto, no impediría la investidura de Illa en agosto.

También tendrán que aoyar la reforma legal el diputado de Compromis y el de Chunta, integrados en Sumar, y el del BNG, pese a que perjudica a las comunidades de Valencia, Aragón y Galicia.

Otra peculiaridad del acuerdo es que si se consuman el pacto y la investidura, sería extraño que quien tuviera que aplicarlo en Cataluña fuera ERC desde la oposición.

Por supuesto, el PSOE también teme el resultado de la votación por parte de las bases de ERC que debe ratificar lo firmado con el PSC. Los socialistas catalanes han pedido a los dirigentes de ERC una implicación activa para que las bases ratifiquen el acuerdo. Esa consulta se produciría en un momento de debate muy cruento en el seno de los republicanos y con la presión de Junts y la posible vuelta de Carles Puigdemont a España.

Los precedentes

En 1993, Felipe González gobernó con apoyo de CiU y, por eso, introdujo un retoque notable al sistema de 1992: cedió el 15% del IRPF. El PP votó contra el pacto y los gobiernos socialistas de Extremadura, Castilla y León y Galicia no lo aceptaron en primera instancia, aunque, a la larga, fueron los beneficiados.

En 1996, José María Aznar necesitó pactar con CiU para su investidura un nuevo sistema de financiación que se aprobó con el rechazo de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, las tres que sustentaban el poder territorial del PSOE. Se introdujo el principio de corresponsabilidad fiscal; con cesión de hasta el 30% del IRPF y la concesión de facultades normativas en relación con los tributos cedidos.

En 2001 se aprobó otro sistema de financiación autonómica que estuvo en vigor hasta 2009. Este sistema mejoraba la responsabilidad fiscal de las comunidades, al ceder la recaudación de más impuestos y dar competencia normativa a algunos, especialmente, el IRPF.

Desde 2004 Zapatero gobernó en minoría con acuerdos puntuales con distintos partidos, entre ellos CiU y ERC, e hizo un retoque en 2005 para aligerar la presión de las comunidades para financiar la sanidad. También se aplicó a todos, pero la reivindicación nació de Cataluña, donde gobernaba el PSC con apoyo de ERC.

En 2009, en plena efervescencia por el nuevo Estatuto de Cataluña, el Gobierno central y el catalán pactaron otro modelo de financiación que, obviamente, se extendió a todas las comunidades a las que se les dieron más recursos. La particularidad de este sistema es que es el primero con el que CiU, entonces en la oposición, no estuvo de acuerdo.

Desde 2011, Rajoy también pactó con CiU cambios en el sistema de financiación y rechazó un sistema de concierto que pedía Artur Mas. El sistema caducó en 2014 y desde entonces no ha sido posible aprobar uno nuevo.

En todos los casos precedentes, las necesidades políticas y parlamentarias de PSOE y PP provocaron esos cambios del sistema que, finalmente, se extendieron a todas las comunidades.