El "plan B" de Rovira: que el Parlament apruebe la 'desconexión fiscal' y el Gobierno no recurra

Sin embargo, este periódico ha podido averiguar por dónde han ido las negociaciones entre republicanos y socialistas. Éstas han profundizado en que el consorcio tributario, contemplado en el Estatut y nunca desarrollado, sirva como vía para atribuir a la Agencia Tributaria Catalana las competencias de "recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos" que se pagan en Cataluña.

Así, con todos esos verbos, consta en el Acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, que prevé que el Govern de Illa "impulse un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado". 

El Parlament debería aprobar esas leyes de desconexión fiscal de Cataluña con el resto de comunidades Autónomas del régimen común. Y el Gobierno de España tendría que "tomar decisiones", según Rovira: es decir, no recurrir unas normas que contradirían a la actual legislación.

Los escollos

El mismo documento pactado admite que la única vía para poder convertir en norma la "financiación singular" de la Comunidad Autónoma catalana pasa por la reforma de cuatro normas de alto rango.

Para empezar, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que exige una mayoría absoluta en el Congreso que, de momento, no existe. Y además, el eternamente relegado nuevo marco de financiación autonómica, que data de 2009 y lleva, por tanto, una década caducado: habría que sustituir la Ley que Regula el Sistema de Financiación de las CCAA de Régimen Común.

Y finalmente, las Cortes Generales también deberían armar mayorías suficientes para cambiar de arriba abajo dos normas: la Ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y, por supuesto, la Ley de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Pero el pacto es, de momento, un "preacuerdo". Aún le falta pasar, al menos, dos filtros.

El primero, este mismo viernes, es que lo acepte la militancia de ERC. Las bases, algo más de 8.000 personas, deben votar si están de acuerdo con investir a un president no independentista y exministro del Gobierno de España. La movilización de sus cuadros directivos es total, porque la actual dirección sabe que los afiliados a este partido son "más indepes" que la Ejecutiva.

Y el segundo, que todas esas reformas salgan adelante en un congreso de los Diputados en el que Pedro Sánchez no tiene quién le apoye. Ya lo dijeron tanto ERC como Junts el día que pactaron con él la investidura de su reelección, el pasado noviembre: "Estamos aquí para resolver el conflicto político entre España y Cataluña, no por la gobernabilidad de España".

Pero el problema es que lo que parece convenirle políticamente a Esquerra -evitar una repetición electoral en Cataluña- es lo opuesto a lo que quiere Junts.

Carles Puigdemont apuesta todo al bloqueo y a que se llegue al 26 de agosto sin president. Sólo así se evitaría cumplir su "promesa" de retirarse de la política y tendría una nueva oportunidad de ser "restituido". Y el entorno del expresident fugado confía en que "el hecho de que Illa sea tan poco empático con la catalanidad puede ser la clave de la consulta" a la militancia de Esquerra.

Con estas premisas, los siete votos de Junts en el Congreso no servirán para apuntalar "al más españolista del PSC" en la Generalitat. Así lo han confirmado fuentes del partido de derecha separatista a este diario...

...y por eso es necesario que Rovira diga que hay un "plan B". 

Por eso y, también, porque Oriol Junqueras, su rival interno en la batalla por el futuro de Esquerra, se ha pronunciado lo justo sobre el preacuerdo. Primero, un portavoz suyo advirtió de que el expresidente del partido (y aspirante a volver a serlo) se limitaba a "confiar" en lo que negociara Rovira. Y después, se supo que Junqueras "entiende las dudas que pueda tener la militancia sobre el cumplimiento por parte del PSOE de lo acordado".

El consorcio paritario

Pero si es el Parlament el que aprueba todas leyes de desconexión fiscal con España, ERC podría presumir con razón de que Cataluña tendrá "la caja y las llaves de la caja". Eso, claro, "si el Estado no recurre", según incide Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y exdiputado de Ciudadanos.

El artículo 204 del Estatuto de Autonomía de Cataluña utiliza exactamente las mismas palabras que el preacuerdo negociado por Moncloa y Esquerra para investir a Illa. El "consorcio tributario" entre el Estado y el Govern para la "gestión, recaudación, liquidación e inspección" de "todos los tributos".

Y al ser un nuevo ente participado paritariamente por las dos administraciones, podría hacerse realidad la triquiñuela legal: el Estado no cedería por ley los impuestos que hoy en día son exclusivos, pero al mismo tiempo sería verdad que los gestionaría la Generalitat.

Porque este artículo, "que sí pasó el filtro del Tribunal Constitucional" en la sentencia de 2010 -tal como recuerda una dirigente del PSC con hilo directo en Moncloa consultada por este diario-, otorga al nuevo ente todas las atribuciones sobre los tributos "propios de la Generalitat de Cataluña" y sobre "tributos estatales cedidos totalmente a la Generalitat", a los que no pone límite, precisamente por el diseño del citado "consorcio".

En el Parlament, este eventual Govern de Illa sí tendría los votos para pasar estas leyes. Los 42 diputados del PSC, sumados a los 20 de ERC y a los seis de los Comuns hacen exactamente los 68 que marca la mayoría absoluta.

La "recaudación, gestión y liquidación" de todos los tributos de Cataluña, "con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para realizar frente a las necesidades" de la región, es el objetivo acordado por socialistas y republicanos. Fuentes de ERC reconocen que la vía del consorcio "puede ser la adecuada" para llegar a una solución. 

Eso sí, el plan B de Rovira no sólo precisa de que el Gobierno no recurra esas leyes, o de "la voluntad política" para ir cediendo impuestos. También exige la permanencia en Moncloa de Sánchez, algo que la misma investidura de Illa pone en duda.

Primero, porque Puigdemont tratará de vengarse. Y segundo, porque no es creíble que el PP esté de acuerdo con "un modelo que destroza lo que marcan la Constitución, la LOFCA y las demás leyes sobre las CCAA de régimen común", tal como han advertido varios presidentes autonómicos populares, en charla con EL ESPAÑOL.

La líder de facto de ERC dice su plan alternativo "se podría hacer desde el Gobierno español, que tendría que tomar determinadas decisiones". Y que "el PSOE se ha comprometido a ello, evidentemente". Éste es el plan.