El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, habla con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una foto de archivo.

El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, habla con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una foto de archivo. Fernando Villar EFE

Política ACUERDO PARA INVESTIR A ILLA

Díaz pedirá a Sánchez que atrase el debate del 'cupo catalán' hasta después del congreso de Sumar

A la coalición le surgen brechas tanto en su Ejecutiva como, sobre todo, en el grupo parlamentario, donde no puede garantizar el voto de sus diputados.

7 agosto, 2024 02:50
Luis Casal Alberto D. Prieto

El acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa a cambio de un concierto fiscal en Cataluña tiene, hoy por hoy, más detractores que aliados. La sorpresa es que algunos de estos detractores se encuentran dentro de la coalición de Gobierno, entre los barones críticos del PSOE y en la maraña de siglas que conforman Sumar. El último ha sido Carlos Martín Urriza, considerado el "gurú económico" de Yolanda Díaz y su portavoz de Economía y Hacienda. 

A primera hora de la mañana, nada más conocerse una tribuna del diputado en eldiario.es en la que hacía públicas sus críticas, los grupos de Telegram de Sumar en el Congreso "empezaron a echar humo" con un debate, el de la financiación territorial, que sólo se había dado en la Ejecutiva del partido pero no entre los aliados parlamentarios.

La opinión que mantiene la dirección del partido es que, de momento, ese debate necesita tiempo. Así, la vicepresidenta plantea pedir a Pedro Sánchez que retrase el debate sobre el cupo catalán en el Congreso, igual que hará con los Presupuestos, a la espera de que el tema pierda foco en la actualidad política y les dé margen para celebrar su primera cumbre de la era pos-Díaz.

Todo esto no lo ha precipitado la tribuna de Martín Urriza, pero sí lo ha hecho evidente. Sobre todo, porque la línea oficial de Sumar ya había tomado partido a favor del pacto... a pesar del criterio de algunos aliados, que temen "poner en riesgo la redistribución" entre comunidades autónomas. 

Se trata de una crítica que, con sus matices, habían expresado estos días otras formaciones de Sumar, como Izquierda Unida, Compromís o Chunta Aragonesista. Esto genera varios problemas. 

El primero, que para cambiar el régimen fiscal de una comunidad autónoma es necesario reformar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Y para eso hace una falta una mayoría absoluta en el Congreso que, ya entrados en agosto, parece muy lejana. Ni siquiera Sumar puede garantizar en Madrid los votos que el PSOE promete en Cataluña.

En este contexto, la coalición está pendiente de celebrar su mesa de partidos en algún momento del otoño, y uno de los puntos candentes será el peso que tomen las organizaciones territoriales. La idea de Sumar era organizarla a finales de junio, justo después de la dimisión de Díaz, pero finalmente se optó por retrasarla hasta después de verano para "dejar enfriar" las guerras internas.

El segundo problema con el que ahora se encuentra la coalición es que, con la citada tribuna de Martín Urriza, ha quedado claro que la división dentro de Sumar no se encuentra "sólo" en su grupo parlamentario en el Congreso (donde convive la maraña de partidos), sino en el seno de la formación y en su Ejecutiva. 

Una voz autorizada del partido niega la mayor en este caso, y asegura que la cúpula de Movimiento Sumar —el partido matriz con más diputados— conocía la opinión de Martín Urriza y que iba a publicar la citada tribuna. No se opusieron porque, dicen, "contribuye al debate" y "su opinión es como economista y sindicalista". 

Tres visiones

Por sintetizarlo, en la coalición habría tres opiniones mayoritarias: una, la de Chunta y Compromís (que no forman parte de la Ejecutiva), que es apoyar el concierto siempre y cuando las ventajas fiscales se trasladen también a sus comunidades. Sus diputados han advertido de que votarán contra cualquiera reforma legal que no recoja mejoras de la financiación para sus comunidades.

Otra, la de Izquierda Unida y Carlos Martín, que es atacar cualquier tipo de concierto que "ponga en riesgo la redistribución" del régimen común, incluido el régimen foral "o el paraíso fiscal de Madrid". Que el sistema no funcione, dicen fuentes de IU, "no es excusa para buscar atajos particulares que den pie a distorsiones aún más profundas".

Por último, está la opción que defienden Yolanda Díaz y los Comuns, que es apoyar el cupo catalán como una vía para "abrir el debate" del régimen común y que el resto de comunidades se vayan sumando. "Es una oportunidad para abrir la puerta hacia una mayor federalización del Estado", aseveran las fuentes.

Estas tensiones se relacionan con otro asunto todavía más antiguo, que es la vieja pugna entre los partidos que se sienten desautorizados y aquellos a los que consideran privilegiados dentro de la coalición. Da la casualidad de que, en el caso de Compromís e Izquierda Unida, también representan a dos de los territorios (Comunidad Valenciana y Andalucía) infrafinanciados, cosa que no pasa con Cataluña.