Junts advierte a Illa: si es investido con Puigdemont preso dará por roto todo lo pactado con Sánchez

Nadie puede imaginarse que el jefe del Ejecutivo pueda hacer algo para evitar o revertir el arresto de un prófugo de la Justicia. En un Estado de derecho, donde impera la separación de poderes, eso es imposible.

Pero eso, un prófugo acusado de un grave delito de corrupción, es lo que sigue siendo el líder del partido de derecha independentista desde octubre de 2017.

Entonces, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena imputó a Puigdemont por varios delitos. Hoy, algunos están borrados del Código Penal (sedición) y otros amnistiados (desobediencia). Pero el de malversación sigue pendiendo sobre él.

Junts interpreta que el PSOE está "mirando hacia otro lado" mientras "los jueces incumplen la ley aprobada democráticamente" en las Cortes españolas. Concretamente, la de amnistía, la única que realmente ha salido del Parlamento desde que Puigdemont se la intercambió a Pedro Sánchez por siete votos.

En aquel papel, rubricado por Santos Cerdán después de una semana eterna de idas y venidas en la capital belga, había más compromisos: Junts prometía apoyo a cambio de que el PSOE entregara cosas.

Es decir, que por el diseño del documento en el que tanto tiempo se invirtió, según las fuentes consultadas en Junts, los pactos eran un do ut des. "Nunca fue un acuerdo de legislatura", explica uno de los redactores de la amnistía, "sino que se pactaba la investidura a cambio de que una amnistía total abriera el escenario para todo lo demás".

"Rebelión de los jueces"

Y todo lo demás quedará roto este jueves, ya que Sánchez, en realidad, no podrá hacer nada por Puigdemont. El mismo Gobierno da por hecho que será arrestado, trasladado a Madrid e ingresado en prisión provisional: la gravedad de la pena de su presunto delito (malversación, hasta 12 años) y su demostrada capacidad de sustraerse de la acción de la Justicia (lleva siete años huido) así lo aconsejarán.

Para Junts esto es permitir la "prevaricación de los jueces del Supremo". Pero, a no ser que Gonzalo Boye -su abogado- invente alguna pirueta efectiva con sus recursos ante el juez, la sala y finalmente, el Tribunal Constitucional, habrá poco que hacer.

Jordi Turull, secretario general de Junts, advertía este martes de que si el expresident catalán es detenido, su partido deberá "replantearse" el acuerdo que firmó con el PSOE. Y Albert Batet, presidente del grupo parlamentario, exigió al PSC que actúe contra "la rebelión de los jueces del Supremo".

O lo que es lo mismo, que Illa apoye la suspensión del Pleno que él mismo pedirá al presidente de la Cámara para "garantizar los derechos políticos" de Puigdemont y de los electores a los que representa. Aunque en esta suspensión, que nadie quiere detallar, uno sabrá cómo entra, pero no cómo se sale de ella. 

Ni cuándo.

Y esa puede ser la clave, porque el pleno se celebra el jueves 8 de agosto. Es decir, a poco más de dos semanas de que el 26 de agosto se cumpla el plazo legal para que, si no hay president investido, el Parlament se disuelva automáticamente y se convoquen nuevas elecciones autonómicas, el escenario con el que sueña Junts.

Otro relato, otros socios

En una entrevista concedida a TV3, Turull denunció que el acuerdo entre ERC y el PSC supone "un cambio de relato" en cuanto a la "resolución del conflicto político" entre Cataluña y el Estado. Y que en él ya no se sienten representados: "No es el que nosotros acordamos con el PSOE", advirtió.

Eso quiere decir que las reuniones mensuales en Suiza, bajo la mediación de Henri Dunant y del relator salvadoreño, se suspenderían. Y que todo lo avanzado para "resolver el déficit fiscal" de la región o su "reconocimiento nacional" habría sido "traicionado".

No sólo por el PSOE, sino por los otrora compañeros de viaje en el 1-O, la Esquerra de Marta Rovira. Ella misma sugería a la misma hora que, aunque ahora no, tal vez en una segunda parte de la legislatura, ERC sí podría entrar en el Govern de Illa.

La secretaria general republicana también supeditaba esa condición de socios del PSC al "cumplimiento" de los socialistas. Pero sin el apoyo de Junts en Madrid, no habrá socialistas a los que hacer cumplir ningún acuerdo.

Por un lado, porque el pacto firmado por ERC y el PSC es, sobre todo, un documento que debe cumplir el Gobierno de España. Y por otro, porque sin el oxígeno que le da Puigdemont, Sánchez puede seguir en Moncloa, pero no puede tomar ninguna decisión de peso... como la de la cesión del 100% de los tributos a Cataluña, ese "concierto económico solidario" concedido a cambio de que los 20 de Esquerra voten sí a Illa este jueves.

Junts sabe jugar mejor aún a sólo sugerir. Es lo que un miembro destacado del partido explicaba hace unas semanas en este diario como "jugar al juego del PSOE, la política de estado, sin que a nosotros el Estado nos afecte en nada". Y por eso, Turull no concretó la amenaza. Sólo dijo que habrá que "estudiar todos los escenarios".

"Si las condiciones han cambiado, el acuerdo no puede continuar de ninguna de las maneras", alertó.

Puigdemont ya advirtió, en una conversación con EL ESPAÑOL, que "la única opción para Sánchez es que Illa no sea president". Por eso, de momento el partido que dirige todavía no ha tomado la decisión de desligarse del llamado Acuerdo de Bruselas. Pero si el socialista es investido con Puigdemont preso, Junts actuará "en consecuencia" según los acontecimientos.