ERC rebate al Gobierno: lo firmado es un "concierto económico" y si no quiere cumplirlo, a elecciones

"Y lo que se firmó es el concierto económico, aunque no quiera llamarlo así". Ésa fue la segunda enmienda.

Por la mañana, la también ministra de Hacienda había roto su silencio de más de un mes, desde que a mediados de julio sostuvo solemnemente "yo no comparto la idea de un concierto económico para Cataluña" hasta este miércoles, en el que negó que lo pactado lo sea: "Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación".

Luego apostilló que "cualquiera que diga otra cosa, miente".

Esquerra tenía motivos para estar enfadada. Porque las palabras de la vicepresidenta primera podían sugerir dos cosas: o que el PSOE pretende aguar lo pactado, y engañar a ERC en los próximos meses, o que el PSOE ya ha engañado a los republicanos y no pretende cumplir lo acordado.

Un diputado de Junts lo explicaba con sorna, en conversación con este periódico: "Están haciendo el ridículo, una vez más".

Pero fuentes cercanas a Marta Rovira, la secretaria general de ERC y negociadora del acuerdo con el PSOE, advertían de que la amenaza "no es para tomárselo a broma". Es decir, que si el PSOE incumple su palabra con la "financiación singular" u otras medidas incluidas en el acuerdo, "ERC retirará su apoyo y tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones".

Tres problemas...

El problema lo buscó Esquerra en la semántica: "Es un concierto, y que le llame como quiera", dijo la portavoz.

Aunque la amenaza la llevó a los hechos: "El PSOE sabe que necesita a ERC, entre otras cosas, para aprobar los Presupuestos, y si no cumple lo pactado, no apoyaremos ninguna otra de sus iniciativas".

Pero ese problema semántico logró tres cosas: acorralar a Montero, a Sánchez y a Illa ante sus propias contradicciones; y ponerlos en evidencia ante el resto de Comunidades Autónomas.

Por un lado, a los barones críticos del PSOE, todos menos María Chivite -beneficiaria del fuero navarro-, ya no les podrán decir que la "financiación singular" catalana no es "un concierto ni un cupo". Porque, aunque el texto del acuerdo nunca utilice esas palabras, el modelo negociado es una variante de los que recoge la Constitución para País Vasco y Navarra.

Y por otro, ante el resto de regiones, y la oposición del PP, ya no podrán sostener que este modelo debe "inspirarles" para renovar el sistema de financiación autonómica. Porque, por mucho que esas palabras exactas salieran de la boca de Montero, durante su rueda de prensa en Rota, el acuerdo describe unas cuantas características del modelo que la desmienten.

Una de ellas, por encima de las demás: si rige "el principio de ordinalidad", todas las Comunidades saldrían perdiendo, salvo Madrid y Baleares.

La polémica del día aún provocó una tercera consecuencia. Porque si esto "no es un concierto", como sostiene Montero, entonces es cierto lo que dijo Junts: que el pacto de investidura de Illa está construido sobre "un engaño consciente".

Porque el concepto "concierto económico", dijo el partido de Carles Puigdemont en un comunicado, ha ocupado entonces "los titulares y comentarios de todos los medios de comunicación" durante el mes y pico de silencio de la número dos del PSOE y del Gobierno. Y "fue un elemento relevante en la decisión de la militancia de ERC que se decantó a favor de investir al candidato socialista".

...pero Sánchez seguirá 

Ocurren dos cosas principales. Por un lado, que estrictamente esto no es un concierto con cupo.

Y por otro, que se han escenificado unas discrepancias que, en realidad, o no existen, o convienen a socialistas y republicanos: porque el acuerdo de investidura no obliga al PSOE a hacer nada antes de que se tengan que negociar, por ejemplo, los Presupuestos; y porque a ERC le hace falta mostrarse "feroz" para aminorar las acusaciones de "traición" de Junts.

Que no es un concierto con cupo es fácil de explicar.

La Constitución sólo recoge dos modelos específicos, fuera del régimen común, como producto de las negociaciones de la Transición, el de los territorios forales, cuyos "derechos históricos" se respetaron, como recoge la Disposición Adicional Primera.

Y ambos tienen dos patas: el concierto fiscal, que hace que estas regiones cobren ellas mismas todos los impuestos en su territorio; y el cupo, que se calcula -teóricamente- en función de los servicios que el Estado provee en esas Comunidades Autónomas.

En el caso catalán, lo firmado sí contiene que la Generalitat "gestione, recaude, liquide e inspeccione" el 100% de los tributos. Pero la aportación por las competencias del Estado no se negocia, sino que extrae de "un porcentaje de participación en los tributos".

Y además, se añade otra figura, que es la "aportación de solidaridad".

Eso no existe en los modelos vasco y navarro. Y ahí está la diferencia fundamental... aunque con trampa. Porque, a pesar de que eso suene a que Cataluña no dejará de ser aportadora neta al fondo de solidaridad -sólo esta Comunidad, la de Madrid y Baleares lo son-, se introducen tres principios que la condicionan: la "bilaterlaidad", el esfuerzo fiscal "similar" y la "limitación" de la "ordinalidad".

Es decir: que ninguna región tendrá nada que decir, sólo el Govern y el Gobierno ventilarán cuánto paga Cataluña.

Que esta región siempre quedará ubicada, como receptora de fondos, en el mismo puesto que ocupe como aportadora, lo que reduce su solidaridad con el resto indefectiblemente.

Y que además, quien ocupe la presidencia de la Generalitat siempre podrá alegar que tal o cual región no hace sus deberes presupuestarios. Y que, por tanto, para ellos no debería haber dinero.

Y esto es especialmente sensible teniendo en cuenta que no siempre habrá un socialista en el 'Govern', como hoy pasa con Illa, porque lo habitual es que lo presida una formación nacionalista. Y que, en todo caso, lo del "esfuerzo similar" siempre será tan políticamente opinable que los independentistas -gobernando o en la oposición- podrán alegar cada año que, de nuevo, "Espanya ens roba".

Pero, siendo todo esto verdad, decíamos que, para acorralar a Sánchez, ERC ha buscado un argumento que se queda simplemente en lo semántico.

Y es así: es verdad que el PSOE necesita sus siete votos en el Congreso para aprobar los Presupuestos. Pero que Montero puede llamar "concierto" o "lo que quiera" a este modelo también... y sin que afecte ni a lo pactado ni a la supervivencia de Sánchez en Moncloa. Al menos, de momento.

Porque el Gobierno no tiene obligación de hacer nada hasta el año que viene. Es decir, después de que haya tenido que llevar los Presupuestos al Congreso y de saber si se los votan o no. Tanto ERC como Junts o cualquiera de sus otros socios parlamentarios.

El pacto para investir a Illa es explícito en esto.

El apartado D. del punto 2, que es el que trata sobre el "nuevo modelo de financiación singular", que trata sobre los plazos de implantación, dice: "Con el objetivo de implementar este nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, será necesario formalizar el presente acuerdo durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el Gobierno de la Generalitat y el del Estado en relación al modelo de financiación".