Sánchez se niega a repartir a los menas por decreto al no contar con ERC y Junts y rehusar negociar con el PP

Según trasladan fuentes del Ejecutivo, el gran problema de sacar adelante un decreto ley es que después tendría que ser convalidado en el Congreso, algo para lo que no tiene apoyos. En la Moncloa consideran que llevarlo al Consejo para luego ser tumbado es una pérdida de tiempo, además que implicaría otra derrota parlamentaria para Pedro Sánchez.

Las citadas fuentes aseguran que Sánchez trasladará este mensaje al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la reunión que mantendrán este viernes en la isla de La Palma. Sin embargo, conocen la capacidad del presidente del Gobierno para sorprender, incluso a los suyos, y esperan que del encuentro salga un plan B.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ni siquiera planea comparecer tras la reunión con Clavijo. Según las previsiones avanzadas por Moncloa, la comparecencia posterior al encuentro será realizada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha estado asumiendo el peso del Ejecutivo en este asunto desde antes del verano.

En el Ejecutivo aseguran que si el PP anunciase su apoyo al decreto, lo podrían llevar al Consejo de Ministros. Sin embargo, el principal partido de la oposición no tiene esa intención y el Gobierno tampoco se está sentando a negociar con la formación de Alberto Núñez Feijóo.

La situación, completamente inmóvil, es prácticamente un calco de la que ya se vivió el pasado mes de julio, cuando el Congreso tumbó la reforma de la Ley de Extranjería que pactaron el Ejecutivo central y el canario y que recibió el no de Junts y del PP.

Los populares, entonces, acusaban al Gobierno de no tener en cuenta sus condiciones para ganarse su apoyo y el Gobierno, por su parte, censuraba que el PP no aceptase que la reforma fuera tomada en consideración para que se debatiera en sede parlamentaria.

Ahora, sin embargo, hay una diferencia con respecto a julio: la crisis migratoria se ha agravado y va a ir a peor de cara al otoño, con la mejora de las condiciones climáticas que facilitan la navegación en el Atlántico. En lo que va de 2024, se ha registrado un 66% más de llegadas a Canarias por vía marítima que en el mismo periodo de 2023, un año que ya fue histórico.

Fernando Clavijo insiste en pedir una reforma de la Ley de Extranjería mediante decreto ley. En declaraciones a los medios, este miércoles pidió al Gobierno de España "todos los esfuerzos para que esa modificación legislativa salga adelante" y aseguró que así se lo trasladaría el viernes en su reunión con Sánchez.

"Lo importante es que se haga una modificación porque ya no están llegando sólo a Canarias, ya estamos hablando de Ceuta, ya estamos hablando de Alicante… pero es que era evidente que eso iba a ocurrir y ya llevamos tiempo diciéndolo, luego tenemos que dar una respuesta como país a toda esa gente y especialmente a los menores", añadió.

Sin embargo, el Gobierno central se encuentra en un punto parecido al que estaba antes del verano. El ministro Ángel Víctor Torres mostró en ese momento sus recelos a llevar a cabo un decreto ley por la "inseguridad jurídica" de que lo tumbaran después.

El Ejecutivo asegura que está en la misma posición que entonces, y que todo "depende del PP". Desde el PP, en cambio, consideran que es la responsabilidad del Ejecutivo sentarse a negociar con ellos, especialmente después de haber visto que sus socios habituales en el Congreso le han fallado.

el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del de Canarias, Fernando Clavijo, en una imagen de archivo. Efe

Para no quedarse en el inmovilismo, el PP presentó esta semana una Proposición No de Ley (PNL) con medidas para paliar la presión que están sufriendo territorios como Canarias. Entre otras, el partido de Feijóo pide la colaboración de la Unión Europea para solicitar el despliegue de Frontex y la Agencia Europea de Asilo.

La responsable de Igualdad del PP, Ana Alós, presentó la PNL recordando que la competencia en materia de inmigración es del "Gobierno central" y que se trata de una "cuestión de Estado". El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre la PNL del PP –más allá de acusar al partido de insolidario– y tampoco puede contar con sus socios para sacar adelante una alternativa.

Junts ya votó en el Congreso en contra de la reforma de la Ley de Extranjería porque exige un trato especial para Cataluña, diferenciado del resto de comunidades autónomas. Esto es algo que el Ejecutivo no puede aceptar y que varios miembros ya han verbalizado que no sucederá.

ERC también pide una singularidad para Cataluña, aunque ese no es el motivo principal para no apoyar los planes del Gobierno. Según explican fuentes de los republicanos, "llevamos meses explicando que las cifras del Ministerio del Interior [sobre el número de inmigrantes que hay] están desfasadas y que no puede basarse un reparto en cifras que el propio Gobierno reconoce que no son ciertas".

Tal y como ya contó EL ESPAÑOL, Interior ni siquiera se atreve a dar una cifra del número de menores migrantes que hay repartidos en cada comunidad autónoma. ERC, por su parte, ya se abstuvo en la conferencia sectorial del pasado mes de julio para repartir menores migrantes y, aunque ya no está en la Generalitat, la postura no parece que vaya a cambiar en el Congreso.

De todas formas, aunque Sánchez consiguiera atraer a ERC hacia el sí, daría igual. La debilidad parlamentaria es tal que necesita incluir en ese paquete a Junts, algo que se aviene imposible. Podría salvarle el PP, pero no negocia con ellos. Hay entre todas las partes una sensación de completo desconocimiento sobre lo que puede pasar; mientras, las llegadas siguen creciendo.