La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, firman el acuerdo para la investidura de Salvador Illa, en Barcelona.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, firman el acuerdo para la investidura de Salvador Illa, en Barcelona. EP

Política CONCIERTO CATALÁN

El Gobierno admite que no podrá culminar el pacto con ERC si el PP no apoya reformar la LOFCA

Ni Sumar puede garantizar sus votos, ni Junts los quiere dar si no es a cambio del referéndum, ni por supuesto los populares están dispuestos.

28 agosto, 2024 02:33

Para sacar adelante el acuerdo con Esquerra Republicana, en lo tocante a la "financiación singular de Cataluña", el Gobierno admite que tiene que impulsar la reforma de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y para que eso ocurra, al ser una ley orgánica, necesita 176 votos en el Congreso que hoy no tiene. Es más, que asume que, a día de hoy, sólo le podría dar el PP.

En realidad, Moncloa sabe, culminando esa regla de tres, que no podrá cumplir lo acordado. Porque sus vías están cegadas: tiene que disciplinar a los suyos, ya que en Sumar están divididos (IU, Chunta y Compromís rechazan ese "privilegio"). Así que ni hallando un regalo que convenza a Junts, mantendría la llamada "mayoría de investidura".

De este modo, su única esperanza, de momento, es encontrar cómo dividir a las comunidades autónomas del PP. Y ni aun así, al menos a la vista del manifiesto recién publicado por los presidentes autonómicos del partido de Alberto Núñez Feijóo: "Estamos en parar el golpe, no en la financiación", explica un alto dirigente de Génova a este diario.

Es decir, separemos los debates. No vaya a ser que alguno ceda a cambio de dinero. Que es más importante lo institucional, el modelo de Estado, la igualdad de todos los españoles (o casi, porque la Constitución ya cedió privilegios a vascos y navarros) que el reparto de la tarta. Que eso viene después.

La Izquierda Unida de Antonio Maíllo no está por "romper la caja común". La visión colectivista y hasta sindicalista del viejo-nuevo líder así lo impone.

Los dos diputados valencianos de Compromís dicen que no… salvo que su tierra tenga lo mismo. Pero las cuentas, en realidad, no saldrían. Y lo mismo le pasa al aragonesista de la Chunta, que no podría explicar en su Teruel Existe de origen que prefiere el bienestar del vecino rico al de su tierra "vaciada".

Por su parte, Carles Puigdemont necesita vengarse. Con cuidado, para no perder la influencia sobre un presidente que podría acabar cayendo antes de que él esté amnistiado, pero "sacar las garras".

En ERC dicen estar seguros de que Junts nunca podría explicar "un rechazo al concierto que los independentistas llevamos exigiendo décadas". Pero el partido del expresident fugado no juega en esa liga: sólo está aquí para sacar tajada, y no tiene ninguna atadura con el PSOE: "Deben saber que o nos dan el referéndum pactado, o se olviden de nosotros", apunta un diputado del partido de derecha separatista.

Y Junts sabe hacer bien dos cosas clave aquí: cómo extorsionar a Sánchez, ya lo hizo en enero con los decretos; y cómo generar relatos victimistas, como está haciendo ahora contra la "traición" de Esquerra por la investidura de Salvador Illa.

La "literalidad"

En Moncloa se reconoce que "si hablamos de financiación autonómica, es evidente que necesitamos al PP". Y esto es así, primero, porque gobierna en 12 Comunidades Autónomas (todas menos Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y Cataluña), además de Ceuta y Melilla, y el modelo debe salir del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a las CCAA con Hacienda.

La literalidad del acuerdo entre el PSC y ERC lo deja por escrito: "Los objetivos serán [...] el impulso de las modificaciones que correspondan de la LOFCA, de la Ley de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley de cesión de tributos a Cataluña que sean necesarias para la implementación de estos objetivos".

Así que la primera, que decide quién está y como en el régimen común; la segunda, caducada desde 2014; y la tercera, tendrán que cambiarse en las Cortes Generales para sacar adelante todo lo pactado con los republicanos.

"Iremos a la literalidad", dice un miembro del Consejo de Ministros, "y la intención es cumplirlo entero", cuando se le insiste en preguntarle dónde ve la diferencia con el concierto vasco para no llamarle concierto al catalán.

También es imposible contar con el PP para estas reformas porque le va en ello el ariete principal de su oposición a la "reforma constitucional por la puerta de atrás" que ve Feijóo en este proyecto.

No, cada uno por lo suyo

Así que la intención de Moncloa hoy no casa con la realidad de los números. Cada uno por sus motivos, pero nadie alrededor de PSOE y ERC quiere que salga. Pero nadie quiere ser el que lo protagonice.

El PP ha sabido marcar los distintos tableros de juego. Pero aún teme alguna disensión por el ahogo fiscal de sus territorios, y no quiere que el tema avance.

Mientras, Puigdemont espera a ver si la manera de darle a ERC una prebenda es entregarle a él la mayor (el referéndum). Porque si no, tendrá que retratarse.

Por su parte, los barones díscolos del PSOE aguardan a que el castillo se le derrumbe a Sánchez para evitarse liderar una rebelión interna.

Y, por qué no, en Sumar también se desea que la votación no acabe dependiendo de ellos… porque entonces se verá si pesa más estar en el Gobierno o la coherencia con lo dicho por el gurú económico que eligió Yolanda Díaz.