Santos Cerdán volverá a visitar a Puigdemont fuera de España para pedir su apoyo al Presupuesto

Moncloa considera difícil lograr el voto de Junts y ERC, pero no imposible. Sobre todo, porque ambos partidos celebran sus congresos en noviembre y, en diferente medida, uno de los asuntos en discusión es si mantener o no el apoyo a Sánchez, como continuidad del acuerdo de investidura de hace casi un año.

Por si acaso, el Gobierno ya prepara el terreno para una prórroga, tanto para minimizar el efecto político que tendría el hecho de que no prosperasen los Presupuestos, como para favorecer su posición negociadora y elevar el éxito político que supondría lograr de nuevo un pacto que a priori parece imposible.

Arte EE Efe

[Sánchez da por liquidada la "mayoría progresista" y prepara la prórroga de los Presupuestos para 2025]

En los próximos días, el responsable de Organización del PSOE, Santos Cerdán, viajará fuera de España para retornar los contactos directos con Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, según fuentes socialistas.

Esas fuentes insisten en que esos contactos presenciales y directos, que debían ser mensuales, se interrumpieron el pasado mes de junio. No ha habido reuniones de ese tipo después de que el PSC firmara el acuerdo con ERC, de que Salvador Illa fuera investido por ese pacto y, por supuesto, de que Puigdemont volviera a fugarse, tras burlar a los Mossos d'Esquadra.

En el último encuentro de Puigdemont y Cerdán, el dirigente socialista no logró evitar que Junts rechazara el llamado techo de gasto a finales de julio, primer paso para aprobar los Presupuestos.

Por cierto, que la mayoría de las reuniones celebradas hasta ahora no se han celebrado en Suiza, sino en Francia.

Moncloa y Junts coinciden en señalar que las relaciones están en pésima situación, la peor desde que se firmó el acuerdo para investir a Sánchez el pasado mes de noviembre. De ahí el pesimismo de los socialistas de cara a los Presupuestos.

Puigdemont reprocha a Sánchez la demora en la aplicación de la Ley de Amnistía que, en su caso, no será resuelta por el Tribunal Constitucional antes de la primavera de 2025, en el mejor de los casos. Entiende que el presidente del Gobierno no ha hecho lo suficiente para imponer la ley a los jueces competentes.

Eso no quiere decir que no haya contactos entre el Gobierno y Junts. De hecho, los independentistas hablan con el Gobierno en los ministerios afectados y en el Congreso sobre la cesión a Cataluña de las competencias sobre inmigración, que se pactaron en diciembre para sacar adelante una votación en el Congreso.

Según fuentes del Gobierno, esa negociación está aún muy retrasada, aunque ambas partes han intercambiado propuestas. Por el momento, Junts exige una cesión "integral" de las competencias que el Gobierno considera imposible.

En todo caso, esa negociación se desarrolla en una "ventanilla" distinta a la de las reuniones fuera de España.

Los ayuntamientos de Junts

Cerdán intentará atraer a Puigdemont para lograr que apoye los Presupuestos para 2025. El Gobierno pone sobre la mesa un aumento de las inversiones para Cataluña y quiere que Junts apruebe ahora el techo de gasto para tener más margen para la Generalitat y, sobre todo, para los ayuntamientos catalanes controlados por el partido de Puigdemont.

Entre el miércoles y el jueves, el ministro Félix Bolaños ha intentado ponerse al frente de la operación para recomponer los acuerdos. El miércoles se reunió en el Congreso con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y el jueves con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y su portavoz parlamentario, Aitor Esteban.

Moncloa diferencia claramente entre la posición de Junts y la del PNV. Entiende que los independentistas catalanes tienen una posición más difícil de revertir por su situación en Cataluña, con el PSC al frente de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y con un respaldo electoral menguante.

Respecto al PNV, los socialistas aseguran que la votación de la proposición no de ley sobre Venezuela en contra del Gobierno es un caso aislado que no impedirá que negocie los Presupuestos. Entre otras cosas, porque el PNV gobierna con los socialistas en el País Vasco.

Atribuyen su posición sobre Venezuela a su interés por aprovechar las grietas en el bloque de investidura y arrancar en situación más fuerte las negociaciones presupuestarias. También hablan en el Gobierno de la vinculación del PNV con empresas que operan en Venezuela, como Repsol, y hasta mencionan discrepancias en el seno del propio partido.

Para el PNV es fundamental en la negociación de los Presupuestos el capítulo de los impuestos energéticos y los que gravan a las empresas en general. Desde antes de verano lo negocian con el Gobierno con algunas dificultades para llegar a acuerdos, porque el Ejecutivo no renuncia a prorrogar esos impuestos y para ello ha hecho algunas propuestas que el PNV no acepta, como gravar el almacenaje de energía.

Respecto a ERC, la dificultad para el Gobierno es la situación complicada de este partido en vísperas de su congreso de noviembre. Hay ya cuatro candidaturas para ese congreso y Moncloa tiene dificultades para encontrar interlocutor. No obstante, mantiene contactos con el sector de Oriol Junqueras y el que incluye a Marta Rovira. Con este último pactó el PSC la investidura de Salvador Illa.

En ese escenario, el Gobierno considera difícil cumplir la exigencia constitucional para presentar las cuentas en el Parlamento antes de final de septiembre y estima que puede haber un cierto retraso, excusado por la necesidad de volver a someter a votación el techo de gasto en el Congreso.