El 'plan Sánchez' pretende 'regenerar' CCAA y medios privados sin tocar los medios públicos ni el CIS

El Gobierno explica que las 32 medidas son sólo una hoja de ruta a desarrollar durante los tres años de legislatura y, por eso, necesariamente tienen que ser genéricas, para que puedan ser negociadas y discutidas por los grupos parlamentarios.

La polémica es si en esas inconcreciones pueden entrar medidas que puedan afectar a la libertad de expresión o a la actividad de los medios de comunicación privados.

Además, el Gobierno no incluye medidas sobre los medios públicos de comunicación, pese a que la directiva europea invocada sí las exige; impone limitaciones a las empresas encuestadoras en tiempo electoral, pero no habla del CIS y no concreta ninguna medida de incompatibilidades de altos cargos, pese a que sí incluye a las comunidades autónomas en las propuestas de dación de cuentas y de publicidad institucional.

De hecho, el plan nace de los cinco días de encierro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Sánchez habló entonces de medidas contra los bulos y los pseudomedios.

Su incierto futuro queda demostrado por la imposibilidad de algunas de ellas para salir adelante en el Parlamento cuando han sido planteadas por el PSOE con una mayoría tan ajustada y con intereses contrapuestos. Por ejemplo, el PNV ya dijo ayer que "las medidas anunciadas son inconcretas. Tendremos que esperar para ver en qué se traducen exactamente muchas de ellas.

El Grupo Vasco no puede realizar una valoración en profundidad del plan porque no ha sido consensuado y desconoce el contenido exacto del mismo, pero no es una legislatura para legislar, y menos para lanzar medidas sin hablarlas con quienes dan soporte parlamentario".

La más veterana de las propuestas recicladas es la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, cuya reforma empezó a tramitarse en 2014, estuvo cerca del acuerdo en la pasada legislatura y terminó decayendo. Su reforma depende de dos medidas que el Gobierno de Sánchez siempre ha rechazado: el uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y las devoluciones en caliente de migrantes.

Hay otra que, incluso, estuvo entre las propuestas electorales de José Luis Rodríguez Zapatero como líder político y nunca se ha abordado por dificultades técnicas y políticas. Se trata de la obligatoriedad de los debates entre candidatos en campañas electorales.

Fuentes de los equipos socialistas anteriores explican que nunca se supo cómo establecer la obligatoriedad, ni decidir cuántos en cada campaña, con qué formato y con qué participantes. El ministro Félix Bolaños aseguró este viernes en la presentación del plan que no hay decisión para hacer una propuesta sobre todas esas medidas.

La reforma de los delitos de expresión, como los referidos a la Iglesia o las instituciones, fue anunciada en 2020 por el entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, sin que se terminara de abordar. Años después, el Pleno del Congreso aceptó admitir a trámite una propuesta de Sumar que quedó aparcada en el Congreso.

El Gobierno de Sánchez aprobó un anteproyecto de Secretos Oficiales en la pasada legislatura que fue rechazado por sus socios y no avanzó en la tramitación. Y el PNV lleva casi 10 años presentando textos en las distintas legislaturas que el PSOE siempre ha rechazado.

También se tramitó en el Congreso la pasada legislatura una proposición de ley sobre el secreto profesional de los periodistas, a propuesta de asociaciones profesionales. Se avanzó en su negociación, pero decayó al disolverse las Cámaras. Ahora lo recupera el Gobierno.

El PSOE y el PP han querido también reiteradamente desde hace años legislar sobre los grupos de influencia o lobbies. Se han aceptado a trámite diversas iniciativas, pero nunca se ha aprobado. Ahora el Gobierno lo incluye en el plan de nuevo.

Otro grupo de medidas es el de las inconcretas, a desarrollar en el futuro. Por ejemplo, Sánchez anunció en abril una reforma de las leyes de Protección del Derecho al Honor y de Rectificación, que ahora vuelve a incluirse en plan. Sin embargo, el Gobierno en la presentación de ayer no pasó de hablar de la actualización de las normas que fueron aprobadas en los años ochenta.

Lo mismo ocurre con la reforma del Código Penal sobre los delitos de libertad de expresión o con otras referidas a los medios de comunicación.

La mayoría de las referidas a los medios se apoyan en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que aprobó el Parlamento Europeo el pasado mes de abril, con votos de socialistas y populares en esa Cámara.

Por ejemplo, las referidas a la transparencia en la propiedad de los medios y la publicidad institucional que reciben. En algunos casos, el Gobierno adapta ese reglamento y, por ejemplo, hace que sea Comisión Nacional del Mercado de Valores la que controle el registro de medios y si cumplen o no las normas.

No explica el Gobierno qué ocurre si desde una web no registrada como medio de comunicación se difunden bulos o qué perjuicios tendrá esa página respecto a las que sí sean consideradas medios. Es decir, no acabaría con lo que Sánchez llama los "pseudomedios" ni tampoco a grupos de Telegram como el utilizado por Alvise Pérez para difundir bulos, en los que se ha apoyado para sacar un gran resultado en las elecciones europeas.

Hay una medida que anuncia el Gobierno que no está en el reglamento europeo, que es la que prevé limitar el porcentaje máximo de publicidad institucional que puede recibir un solo medio.

Sí establece el reglamento exigencias de transparencia y proporcionalidad para el reparto de publicidad institucional. En este punto surge una dificultad para su aprobación, porque los partidos nacionalistas o independentistas son reacios a ver limitada su capacidad para gestionar esa publicidad en el ámbito autonómico respectivo.

Curiosamente, el plan del Gobierno no habla siquiera de medios públicos de comunicación, pese a que el reglamento es muy exigente en este capítulo. No hay referencia alguna, pese a que la norma europea exige respeto a su independencia y condiciones para los ceses y nombramientos de sus responsables.

Las medidas contenidas en el plan requieren cambios en al menos seis leyes: la ley de Publicidad, el Código Penal, la de altos cargos, la ley de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), la Ley de Seguridad Ciudadana y la electoral. Algunas de ellas son leyes orgánicas, es decir, requieren una mayoría absoluta difícil de conseguir.

Respecto a la Ley Electoral, la propuesta, además de los debates, es exigir a los medios privados que publiquen los metadatos de las encuestas. No habla del uso de las encuestas oficiales del CIS, ni menciona las escasas cuantías de las multas por vulnerar el deber de neutralidad del Gobierno durante las campañas electorales. Sánchez y varios ministros han sido sancionados reiteradamente por romper esa neutralidad.

Habla el plan de "ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés", pero tampoco se concretó de qué manera o si, por ejemplo, podría afectar a la pareja de los presidentes del Gobierno.

Tampoco queda claro cuál es la competencia de la comisión sobre bulos que se pretende crear en el Congreso. El Gobierno no explica si es para detectar bulos, para estudiar medidas, para exigir responsabilidades políticas o para controlar las actuaciones de las autoridades.

Algunos socios del Gobierno, como ERC o Podemos han exigido en los últimos meses medidas que fueran más allá y que incluyeran sanciones a quien difunda bulos, además de medidas sobre la Justicia para evitar lo que califican como lawfare, es decir, el uso de la Justicia con fines políticos.

También exigen medidas sobre las "puertas giratorias" que tampoco están explicitadas en el plan.