Trabajo, antecedentes y origen: los datos que exige conocer el PP de cada migrante para regularizar a 500.000 ilegales

Aunque en su momento el texto gozó de una amplia mayoría, el punto clave para que saliese adelante dependía nuevamente de los votos de Junts, que se encuentra inserto en su propio debate interno sobre inmigración, o del PP, muy crítico con la gestión del Gobierno sobre este asunto. Ahora, según confirman fuentes parlamentarias, los de Alberto Núñez Feijóo han abierto la mano. 

Para aceptar la regularización extraordinaria, la primera desde 2005, el PP reclama examinar "caso a caso" el expediente de los inmigrantes y analizar "de dónde vienen, su situación de trabajo y sus antecedentes penales" tanto en España como en el país de origen. Según aclaran fuentes de la Cámara, los populares deberán presentar sus enmiendas al articulado de la ILP antes de las seis de la tarde de este miércoles.

En un principio, la propuesta que llegó al Congreso en abril establecía que se abriese un procedimiento de regularización para migrantes en "situación administrativa irregular" que se encontrasen en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021. No obstante, la última enmienda redactada por PSOE y Sumar amplía este plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, aunque abre la puerta a acotar otros detalles.

"¿Soy partidario de regularizarlos con controles sobre cada una de esas personas? Me parece bien, porque nos falta gente. ¿Sin controles y que se regularice a mansalva a todo el mundo sin saber quién es cada uno? Eso sería un error", expresaba este domingo el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, entrevistado por EL ESPAÑOL. "Si vamos a regularizarlos, miremos quiénes son", aclaraba.

Pau Venteo

Albiol: "Regularizar a 500.000 'sin papeles' está bien si miramos uno a uno sus antecedentes penales"

En un primer sondeo, fuentes de los dos partidos de Gobierno aseguran que no ven "con malos ojos" pactar con el PP una regularización de este tipo, a falta de ver el texto definitivo. La alternativa, en todo caso, sería hacerlo con los siete diputados de Junts, que se encuentra en un debate interno sobre su política de inmigración muy influido por las posturas xenófobas de Aliança Catalana.

Una vez desbloqueada la ILP en el Congreso, el siguiente paso es la convocatoria de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargada de elaborar la ponencia y el dictamen, que preside la diputada de Sumar Aina Vidal. Ahí es donde se negociarán las enmiendas y se decidirá, con el voto extraordinario de la coalición de izquierdas, si se quieren o no acelerar los plazos.

Nueve precedentes

La nueva versión de la iniciativa especifica que el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá en un período de seis meses un "procedimiento que permita que las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España, antes del 31 de diciembre de 2023, puedan acceder a una autorización de residencia y/o trabajo por motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios".

Si se opta por la vía de la regularización, el Congreso es el único medio posible. De las nueve veces que España ha aprobado una medida similar —cinco veces de la mano del PP y cuatro del PSOE— todas han pasado por el Hemiciclo.

Esta vez no será tan sencillo debido, principalmente, a las críticas nacidas de la gestión migratoria de Pedro Sánchez. Si no se opta por la regularización, fuentes parlamentarias advierten de que existe otra vía más directa, que es la de la carta de naturaleza.

Si se toma este camino, el Gobierno tendría la potestad de conceder la nacionalidad, que es lo que piden grupos como Podemos, sin pasar por la regularización. No obstante, cabe señalar que nunca se ha hecho de una manera masiva y, de momento, la Moncloa tampoco la plantea. Mucho menos si el PP abre la mano.