El PP lleva al Congreso si es legal que el Gobierno ceda la inmigración a Cataluña, como pretende Sánchez

La iniciativa del Partido Popular, a la que ha tenido acceso este periódico, recuerda al Gobierno que las competencias "indelegables en razón de soberanía" no son susceptibles de ceder a las Comunidades Autónomas.

Y establece un catálogo, basado en el artículo 149 de la Constitución: las de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. También las relaciones internacionales, las de Defensa y Fuerzas Armadas, de Justicia, el Régimen aduanero y el Sistema monetario.

El texto pretende también "reabrir" la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, "secuestrada por el Gobierno", y adonde quiere llevar este debate. Según fuentes del PP PSOE mantiene cerrada esta comisión, sin prácticamente actividad, desde el inicio de la legislatura.

Los populares han presentado varios escritos a la Mesa del Congreso denunciando que el presidente de este órgano, el diputado socialista José Zaragoza, lo mantiene en una "inaceptable inactividad" a pesar de que la Comisión Constitucional tiene "atribuidas las funciones de máxima trascendencia para nuestro sistema democrático".

"Ni transferible ni delegable"

Esta nueva PNL del PP insta al Gobierno de Pedro Sánchez a respetar las disposiciones constitucionales, que establecen expresamente que la política migratoria "no es transferible ni delegable".

El texto argumenta que, según el artículo 149 de la Constitución Española, hay determinadas políticas que "garantizan la integridad territorial del Estado y la igualdad de los españoles", por lo que ni pueden ser reclamadas por una Comunidad Autónoma ni el Estado tiene la potestad de cederlas.

El acuerdo fue una exigencia del partido de Carles Puigdemont cuando, el pasado 10 de enero, amenazó al Gobierno, apenas mes y medio después de entregar sus siete votos para investir a Pedro Sánchez, con tumbar los tres primeros decretos que el Consejo de Ministros sometía a convalidación en la legislatura.

La formación de derecha independentista mantuvo su no a los decretos, alegando que invadían competencias autonómicas y que no se habían "negociado previamente en Waterloo" hasta que, en una negociación in extremis, arrancó varios compromisos del PSOE. Uno de ellos fue el de entregar a la Generalitat las competencias exclusivas en política migratoria.

Desde entonces, el Gobierno ha dejado dormir el asunto. Pero el pasado fin de semana, en Ginebra, Puigdemont, Míriam Nogueras y Jordi Turull exigieron a Santos Cerdán, secretario de Organización socialista, la culminación de ese traspaso. "Con el grado de incumplimiento de Sánchez hasta ahora", explica una fuente oficial del partido, "es imposible que podamos sentarnos siquiera a negociar la senda déficit y, mucho menos, los Presupuestos de 2025".

La semana pasada, el Gobierno retiró del orden del día del Congreso la votación de la senda de déficit, prevista para el jueves. Y fuentes de ambas partes confirmaron que a estaba "en marcha" la negociación. "Se han enterado por fin de que el 'a cambio de nada' con nosotros no funciona", apunta una fuente de Junts. "Se abren espacios de diálogo", expresa una del PSOE.

"Soberanía nacional"

El caso es que el primer punto que exige Puigdemont ver sustanciado es el de la política migratoria. Y por eso el PP se ha apresurado a presentar esta PNL. 

El "sistema descentralizado que permite transferir o delegar competencias a las administraciones subnacionales", se puede leer en la exposición de motivos, se basa en "criterios de eficacia y calidad de los servicios públicos", pero "en ningún caso, mediante la cesión de competencias que mermen las competencias propias de un país soberano".

La Constitución prevé la opción de transferencia o delegación en sus artículos 149 y 150. Pero su propia estructura "flexible" establece el "carácter inalienable" de las competencias exclusivas del Estado como "garantes" del funcionamiento adecuado del sistema político y "para preservar la estabilidad, la igualdad y la cohesión dentro de España", reza el texto del PP. "Son el fundamento de la soberanía nacional".

Estas competencias clave son la Justicia, la seguridad nacional, la inmigración y la política exterior. Mantenerlas bajo el control del Gobierno central "permite al Estado español garantizar que no se produzcan desigualdades entre los diferentes territorios y favorecer la consecución plena de los derechos de todos los españoles".

En todo caso, el artículo 149 prevé la transferencia de una parte de estas competencias exclusivas del Estado a las Comunidades Autónomas. Pero entre ellas no se contempla la política migratoria, razón por la que los populares reclaman la convocatoria de un debate constitucional en el Congreso, alegando que "el compromiso de Sánchez, claramente, no encaja en la Carta Magna".

Primero, porque la política migratoria no cumple con lo previsto en el artículo 150, que exige una ley orgánica para ceder "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Y esto es así porque el 149 incluye a la inmigración entre las materias de "competencia exclusiva no delegable del Estado", recuerda la PNL.

Y porque, más allá de la ilegalidad que advierte el PP en esta pretendida transferencia a la Generalitat, el texto advierte de los "serios riesgos para la soberanía, la unidad territorial, la igualdad de los españoles y la cohesión social del país" que comportaría que el Gobierno cediera a las exigencias independentistas en este punto.

Porque se permitiría a una Comunidad Autónoma legislar de manera distinta al resto del Estado sobre el control sobre "la gestión de fronteras, los permisos de residencia, los requisitos lingüísticos" de los ciudadanos extranjeros.

También reseña la PNL que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) "reconoce a los Estados como la contraparte de negociación, coordinación y aprobación de las políticas públicas en esta materia". Y que el reciente Pacto sobre Migración y Asilo, del pasado 20 de diciembre, "fortalece el espíritu europeo de avanzar en el fortalecimiento del sistema de gestión supranacional sustentado en la cesión de soberanía a la Unión Europea".

De este modo, la promesa de Sánchez a Puigdemont, alegan las fuentes del PP, "va en sentido contrario" al de la UE.

Así, la proposición del Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a "confirmar la existencia de competencias exclusivas no delegables" por parte del Estado, "en razón de su soberanía".  Y le exige garantizar, "dado lo ocurrido el pasado 10 de enero, que el control sobre los permisos de residencia, los requisitos lingüísticos y la gestión de las fronteras son aspectos fundamentales de la política migratoria que deben ser competencia exclusiva y no delegable del Estado español".