De los 5 días negros de abril a los 5 días negros de octubre: Sánchez pende de Ábalos
- La resolución judicial sobre Begoña Gómez y el informe de la UCO sobre Ábalos dejan al presidente en una difícil situación.
- Dirigentes socialistas creen que Sánchez abordará cambios profundos en el Gobierno y en el PSOE para dar impresión de nueva etapa.
- Más información: El desfile del 12-O obliga a Sánchez a pisar la calle en su peor momento político desde que llegó a la Moncloa.
"Este Gobierno es implacable con la corrupción", ha asegurado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a propósito de las revelaciones sobre José Luis Ábalos, que fue su mano derecha como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.
Según esas revelaciones, su hombre de confianza en el Gobierno y en el partido pudo ser el máximo responsable de una trama corrupta con ramificaciones en ministerios y gobiernos autonómicos.
La ejemplaridad que invocaron ayer Sánchez y sus ministros consiste en haber expulsado a Ábalos por su responsabilidad política al conocerse que su asesor, Koldo García, era presuntamente un corrupto. Por eso ahora, la duda es cuál debería ser la medida equivalente cuando el corrupto puede ser alguien tan próximo al presidente del Gobierno y de quién es la responsabilidad política por la actuación de Ábalos.
Eso explica el estado de shock que provoca en el Gobierno y en el PSOE el informe de la Guardia Civil.
Al conocerse la actividad de Koldo García, Sánchez no podía quitarle a Ábalos el escaño, pero le expulsó del Grupo Socialista con celeridad argumentando que lo hacía por su responsabilidad política al nombrar a su asesor y por no haber vigilado sus actividades. De eso se jactó ayer el presidente en Roma.
Fue el líder socialista quien confió hace años en Ábalos y éste desarrolló su presunta actividad corrupta mientras tenía esa confianza del presidente.
Le destituyó por sorpresa en 2021 como ministro y número dos del PSOE, pero le mantuvo en las listas, y nunca explicó si fue porque tuvo sospechas sobre su conducta. Y eso que hace años en el PSOE y el Gobierno se hablaba de la extraña actuación del entorno de Ábalos, incluido su peculiar asesor, Koldo García, según publicó EL ESPAÑOL.
Le situó en las listas del PSOE en 2023, pese a que para entonces, según el informe de la UCO de la Guardia Civil, el presidente ya era consciente, como mínimo, de sus manejos para traer a España a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.
Por eso ahora el presidente pende doblemente del hilo de Ábalos: por lo que se averigüe en la investigación judicial y por su escaño, que sigue siendo uno de los que le respaldan en el Congreso.
También cuelga Sánchez del hilo de Carles Puigdemont, irritado con él por el retraso en la aplicación de la amnistía. La intención de Sánchez es agotar la legislatura, pero hasta sus socios parlamentarios ven muy complicado aguantar así tres años más.
La incómoda realidad para el presidente del Gobierno es que Ábalos es hoy uno de los diputados que le apoyan en la Cámara, y su mayoría parlamentaria es tan ajustada, que puede ser que dependa del voto en el Congreso de quien señala como corrupto si alguno de sus potenciales socios se abstiene.
Sin el voto de Ábalos puede ser más difícil que salgan adelante en el Congreso iniciativas del Gobierno, empezando por los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, la legislatura está también en manos de quien está a punto de ser imputado por corrupción.
¿Negociará con Ábalos?
El Gobierno quizás tenga que sentarse con Ábalos para negociar su voto o, al menos, para conocer cuál será su posición ante cada iniciativa parlamentaria, aunque ya haya sido imputado por corrupción por el Tribunal Supremo.
Este viernes, Sánchez fue a visitar al Papa, para hacer visibles sus gestiones para buscar salidas en la guerra de Oriente Medio, y, sin embargo, la atención, las preguntas y los titulares se refieren sobre todo a la corrupción. En eso también incomoda y debilita a Sánchez.
Algunas de las revelaciones documentadas en el informe de la UCO ponen en cuestión declaraciones de Sánchez, como las referidas a la visita de Delcy Rodríguez a España, y decisiones como la citada de la sorprendente destitución de Ábalos en 2021. Más allá de lo que supone que quien fue mano derecha del presidente del Gobierno pueda ser imputado por corrupción.
Así cierra Sánchez cinco días negros que, en parte, son continuidad de los cinco días negros de abril en los que se encerró para decidir si abandonaba la Moncloa.
Aquello le salió aparentemente bien en el corto plazo, porque logró una rentabilidad electoral en Cataluña y le permitió articular un relato sobre los bulos, la "fachosfera", la persecución judicial a su esposa Begoña Gómez y los seudomedios.
Pero en el fondo le salió fatal porque en el PSOE abrió el debate sobre su hipotética salida, lo que empujó a muchos a situarse de cara a una futura nueva etapa que, por primera vez, se visualizaba. Y ahora, además, el auto de la Audiencia Provincial sobre Begoña Gómez desbarata en gran medida ese relato y el informe de la UCO sobre Ábalos rompe esa estrategia del presidente. No es fácil sostener que todo es por un juez prevaricador y por medios que difunden bulos.
Ya no son pseudomedios, sino que es The Economist, antes alabado por Sánchez, el que le cuestiona. Y es la UCO, que él mismo utilizó para exculpar a su esposa, la que señala que la trama corrupta ligada a Ábalos había penetrado hasta el tuétano del partido y el Gobierno.
Por ejemplo, el Gobierno destituyó sorprendentemente al director general de la Guardia Civil con la excusa de la "decisión personal", y ahora se conoce por la UCO que puede ser él quien dio un chivatazo de la investigación del Cuerpo a los miembros de la trama. Y, pese a todo, el Gobierno le premia con un puesto relevante en la embajada de España en Washington. Aunque Sánchez diga que "este Gobierno es implacable con la corrupción".
Hasta ahora la estrategia del presidente ha sido la de dejar en Ábalos toda la responsabilidad, como cordón sanitario, pero con el informe de la UCO le va a ser más difícil sostenerla.
De los cinco días negros de abril se llega a los cinco días negros de octubre, en los que el Gobierno sólo ha tenido oxígeno procedente de la negligencia del PP al apoyar la ley que reduce el tiempo de permanencia en prisión de conocidos terroristas, y de la sobreactuación de los populares sobre el asunto, rechazada por víctimas del terrorismo y por numerosos dirigentes del partido.
Como escribía The Economist, la actuación de la oposición es "la mayor baza de Sánchez".
Cambios en el Gobierno
En esta situación, dirigentes socialistas y ministros aseguran que lo previsible es que Sánchez aborde cambios profundos en el Gobierno y en el PSOE cuando tenga que sustituir a Teresa Ribera y cuando se celebre el congreso federal del partido, a finales de noviembre.
Explican que en esta difícil situación, el presidente necesita encontrar revulsivos para intentar salir adelante, y uno de ellos puede ser el de dar impresión de nueva etapa y cambio de equipos.
En septiembre ya cambió su Gabinete y ahora podría abordar el del Gobierno y el del partido, en los que hay disfunciones y algunos responsables ya están gastados en su gestión.
Parece probable, en todo caso, que Sánchez tenga que convivir durante meses con la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez, tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que permite que sigan las indagaciones y el rechazo a la petición de archivo del abogado de la esposa del presidente.
Se rompen algunas de las líneas argumentales de Moncloa, como la de la "investigación prospectiva" o la prevaricación del juez. Quedan por resolverse las querellas contra el juez, pero de momento ya se ha rechazado de plano una y quedan las de la Abogacía del Estado y de la propia Begoña Gómez.
A ese revés de la Audiencia Provincial respondió Moncloa con claras mentiras sobre el auto, pronunciadas por la ministra portavoz, Pilar Alegría.
La ministra también retorció la realidad sobre la reforma legal que permite reducir el cumplimiento de condena para etarras. La portavoz leyó un argumentario interno del Gobierno que incluso, equivocaba la fecha de un informe del Consejo de Estado. Ese informe era de 2013 y, obviamente, no podía pronunciarse sobre la enmienda presentada este verano.
El Gobierno ha descartado retirar esa enmienda y también explicar con detalle las razones de ese cambio legal. Fuentes del Ejecutivo se refieren a la decisión de eliminar medidas extraordinarias respecto a presos de ETA, pero no la sostienen abiertamente en público.
No lo hizo tampoco cuando pidió a Sumar que presentara la enmienda, pese a la trascendencia política y las consecuencias procesales. "No hagas lo que no puedas explicar", asegura un principio político recordado estos días por un dirigente de uno de los socios parlamentarios del Gobierno.
Rebelión de barones
El contexto para el líder socialista es también el de una situación insólita en su mandato como jefe del Gobierno: la rebelión de barones regionales del PSOE que ven amenazados sus cargos.
Eso tiene origen en los cinco días de abril y han estallado en los cinco días de octubre, a la espera de las posibles batallas que se avecinan en algunas federaciones socialistas, si es que Sánchez mantiene su propósito de "renovar esos liderazgos".
Sánchez ya anunció su voluntad de renovarlos justo después de las elecciones municipales y autonómicas de 2023.
Por cierto que en esas fechas, entre las elecciones locales y las generales, cuando todo parecía indicar que se acababa la etapa de Sánchez en la Moncloa, el líder socialista detectó movimientos de quienes querían situarse para una nueva etapa. Algunos eran excolaboradores suyos y Sánchez tomó nota. En estos días en Ferraz ha tenido la sospecha de que algunos de ellos estaban detrás de los movimientos territoriales.
Entre tanto, Moncloa mantiene negociaciones con Junts para pactar la senda de déficit y buscar posteriormente un difícil acuerdo sobre los Presupuestos. Por el momento, ya ha comunicado a Bruselas que se retrasarán y no se aprobarán como mínimo hasta enero o febrero. Si se aprueban, puede ser con el voto de Ábalos, que quizás para entonces ya esté imputado por corrupción.
Así quiere seguir Sánchez durante tres años, amparado por los evidentes datos económicos positivos.