Actualidad política, en directo | El Gobierno Canarias se abre a derivar la acogida de menores migrantes a terceros países

El Gobierno de Canarias (Coaliciión Canaria y Partido Popular) estaría dispuesto a derivar la acogida de menores migrantes a terceros países, en base a lo dispuesto por el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería.

Preguntado por la invitación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los Estados miembros a replicar el modelo italiano de externalizar la acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), se ha mostrado dispuesto a explorar esta posibilidad.

Domínguez ha hecho estas declaraciones tras una reunión con la presidenta de Baleares, Marga Prohens (PP), en la que también ha participado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), quien ha ratificado que en esta y otras cuestiones los socios de gobierno, CC y PP, están "coordinados".

Este pronunciamiento choca con la oposición del Gobierno de España a crear centros fuera de las fronteras de la Unión Europea para derivar a los inmigrantes que acceden irregularmente a su territorio.

El Congreso no tramitará la reforma de la ley electoral propuesta por el PP con la que planteaba prohibir presentarse a las elecciones a los etarras que, una vez cumplida su condena, no hubieran pedido perdón ni hubieran rechazado expresamente el terrorismo.

La mayoría que suman el Gobierno y sus socios en la Cámara Baja se opuso a tomar en consideración esta iniciativa, que tan solo apoyaron PP, Vox y UPN.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado este martes al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, a que pida la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si se instala un centro de acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real.

Así lo ha solicitado Núñez durante su intervención en la jornada vespertina del Debate sobre el Estado de la Región en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha opinado que García-Page ha realizado una "puesta en escena" al tratar este asunto.

Ha señalado que hay una pregunta "clave", que es desde cuándo sabía el Gobierno autonómico que se valoraba instalar "un campamento de inmigrantes ilegales" en el aeropuerto de Ciudad Real, si se lo dijo Sánchez a García-Page en su reciente reunión en Moncloa y, en su caso, por qué se ha callado esa noticia.

El Gobierno ha trasladado al Congreso que la semana que viene no podrán acudir a la sesión de control ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni más de la mitad de los 22 responsables ministeriales que integran su gabinete, el grueso de los cuales le acompañará a la Cumbre hispanoportuguesa que tendrá lugar desde primera hora del mismo miércoles en la localidad lusa de Faro.

En concreto, según el escrito remitido por Moncloa, han comunicado ausencia tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que según Sumar tiene previsto un viaje a Colombia, como la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que está en la carrera para formar parte de la nueva Comisión Europea.

Y tampoco podrán acudir al Congreso los titulares de otros diez ministerios: Exteriores, Defensa, Interior, Transportes, Educación, Industria, Política Territorial, Cultura, Economía e Inclusión Sociales. En total prevén saltarse la sesión de control doce ministros de los 22 que conforman el Gobierno de coalición.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estaba al tanto de las intenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por Elma Saiz en cuanto a plantear la posibilidad de que el aeropuerto de Ciudad Real pueda ser un centro de acogida de personas migrantes.

Durante su intervención en la réplica al PP en la sesión vespertina del Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha, ha negado que su Gobierno estuviera al tanto de este planteamiento conocido este lunes.

Ha apuntado que, tras ponerse en contacto con organizaciones del Tercer Sector, algunas le han llegado a comparar el planteamiento con "el campamento de Giorgia Meloni en Albania".

Con todo, ha indicado que Castilla-La Mancha "siempre colaborará desde una posición unitaria para tratar a los inmigrantes como se merecen".

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. Europa Press

El PSOE y Sumar, los dos partidos que forman parte del Gobierno de coalición, han criticado este martes en el Congreso la nueva propuesta del PP para completar el acuerdo de equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con respecto a policías autonómicas al recordar que "ya tienen una subida histórica del 38%" ejecutada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En el debate ante el Pleno del Congreso de la proposición no de ley, la diputada del PP y portavoz de Interior, Ana Vázquez, ha defendido la propuesta para aprobar una ley de retribuciones que impide en el futuro desigualdades salariales entre cuerpos policiales, así como cumplir con todas las cláusulas del Acuerdo de Equiparación firmado en 2018, antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, como el de contar con una auditoría externa.

Vázquez ha saludado a los representantes de sindicatos de Policía y asociaciones de Guardia Civil que "dan la cara" por los ciudadanos entre reproches por el 'caso Koldo' y por los pactos del Gobierno con EH Bildu como el de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza' y rebautizada por los 'populares' como "ley de kale borroka" en el caso de que finalmente salga adelante.

Vox ha pedido este martes a la Mesa del Senado que inicie los trámites para plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional al considerar que el Congreso ha atacado las funciones constitucionales de la cámara al dar por aprobada la ley de antecedentes penales, a pesar de que la mayoría absoluta de los senadores la rechazó.

En el escrito presentado ante el órgano de gobierno del Senado con la firma de los cuatro parlamentarios del grupo mixto -los tres de Vox y una de UPN-, se destaca que el Senado comunicó al Congreso en términos "clarísimos" su decisión de vetar el proyecto de ley, que permitirá a algunos presos de ETA salir antes de prisión, y que la devolvía a la Cámara Baja para que se celebrara una nueva votación para levantar o no ese veto.

La Mesa del Congreso, sin embargo, ha considerado que esa votación en contra de la norma no puede considerarse un veto, ya que no se siguieron los trámites establecidos para tramitarlo, y ha dado por aprobada la norma, que será remitida al Gobierno y al Boletín Oficial del Estado para su publicación.

La mayoría de los grupos parlamentarios se ha opuesto a la propuesta de Vox de endurecer el acceso a la nacionalidad española y de retirarla si se cometen determinados delitos por considerarla "racista" y "xenófoba".

A falta de la votación final, el pleno del Congreso ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley orgánica relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad, en la que Vox plantea elevar de 10 a 15 años el plazo de residencia para adquirir la nacionalidad, no tener antecedentes penales en su país de origen, así como acreditar conocimiento de la lengua y cultura españolas. Y, además, que puedan perder la nacionalidad española aquellos nacionales no de origen que cometan una serie de delitos.

En su defensa de la iniciativa, Vox ha destacado que "la nacionalidad no se puede regalar" y que aquellos que opten a la misma deben "ser leales y solidarios" con el conjunto de los españoles, además de arremeter contra el "fraude" que supone "intercambiar el DNI por un voto".

La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, ha avisado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que "intervenir" el mercado de la vivienda con la regulación de los alquileres "lo único que hará es sacar viviendas del mercado". A su entender, la política de vivienda del Ejecutivo, tras seis años gobernando, ha "fracasado".

Así se ha pronunciado el mismo día que el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, dotada con 200 millones de euros, y ha mandado a audiencia pública el Real Decreto por el que se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y se regula la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración, con el objetivo de aprobar esta regulación antes de que acabe el año.

"Las políticas de vivienda que este Gobierno, que lleva más de seis años gobernando nuestro país, han fracasado. Son el claro ejemplo de lo que no hay que hacer para facilitar el acceso a la vivienda de todos los españoles, especialmente de las personas más jóvenes", ha aseverado Alós.

El Gobierno destinará 500.000 euros más este año para atender las necesidades de los refugiados saharauis que viven en los campamentos de Tinduf, en Argelia, hasta alcanzar los 12,1 millones de euros, manteniéndose así como el principal donante bilateral.

Así lo ha trasladado el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis, durante su comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso, durante la que el portavoz de Sumar, Francisco Sierra, ha denunciado la situación en la que se encuentran los 173.000 refugiados que viven en los campamentos.

Según ha indicado, en 2023 se destinaron 11,6 millones de euros y "este año pensamos que esta cifra puede elevarse medio millón más y podemos estar en los 12,1 millones de euros" con lo que "seguiremos siendo el primer donante bilateral de los campamentos" de Tinduf, tal y como ha venido defendiendo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tras el respaldo del Gobierno al plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

Génova no descarta que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y cree que todo dependerá "de lo que esté dispuesto a pagar" el jefe del Ejecutivo a sus socios.

Así lo ha expresado la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, al ser preguntada por esa confesión que ha realizado a puerta cerrada el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. Sin embargo, un micro abierto ha permitido conocer el contenido de esa conversación interna con cargos del PP.

"Todo dependerá de lo que esté dispuesto a pagar Pedro Sánchez. Y está claro que sus socios, cuanto más débiles ven a Sánchez y ahora, precisamente, acorralado por la corrupción, lo está mucho más, mayor y más precio van a pedir por su apoyo a los presupuestos", ha enfatizado.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha justificado este martes que no se haya elegido a la expresidenta de la Junta Susana Díaz como delegada para el Congreso Federal del PSOE “porque no es una persona que esté en primera línea de acción política de defensa del proyecto político del PSOE y tampoco en la de oposición al PP”.

En declaraciones a los periodistas en Jaén, Espadas ha respondido de esta forma a Susana Díaz, quien esta mañana, en el programa Espejo Público de Antena 3, ha emplazado “a los que han tomado la decisión” a explicar su ausencia del Congreso Federal del PSOE que se celebrará en Sevilla.

“Cuando hay compañeros que entienden que no van a ser elegidos lo que se hace es presentar una lista alternativa y se vota, pero en ninguna provincia ha habido listas alternativas a las direcciones provinciales”, ha señalado Espadas.

Además, ha añadido que “tampoco ella ha manifestado ningún interés, que yo conozca, al secretario general de Sevilla y a los compañeros de la ejecutiva provincial”.

La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, ha asegurado que su partido "asume" el informe de los letrados del Senado sobre la ley que favorece a presos de ETA, de forma que si "una mayoría absoluta" rechaza esa norma es "veto" de la Cámara Alta que debe devolverse al Congreso. Dicho esto, ha indicado que su partido "analizará todas" las medidas.

"Las medidas que, a partir de ahí, se vayan a adoptar no las conozco todavía, porque no se han puesto encima de la mesa aún, pero lógicamente, se analizarán todas ellas", ha respondido Alós al ser preguntada expresamente si el PP se plantea recurrir al Tribunal Constitucional tras este choque institucional entre Congreso y Senado.

Este martes, el PSOE y Sumar han hecho valer su mayoría en la Mesa del Congreso para dar por definitivamente aprobada la ley que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y beneficia a presos de ETA, con lo que, en contra de lo que pretendía el Senado, el texto no volverá a votarse en la Cámara Baja y será remitido directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación.

El PP ha logrado impulsar en la Comisión de Cultura del Congreso una propuesta con medidas a favor de los festejos taurinos porque el PSOE, al abstenerse, lo ha permitido.

Los 17 votos a favor del PP y de Vox han sido suficientes para la aprobación de la proposición no de ley (iniciativas parlamentarias sin alcance legislativo). Ha habido 13 abstenciones, incluidas las del PSOE, y 6 votos en contra (Sumar, EH Bildu).

En mayo de este año, el PP presentó esta proposición con el fin de conocer la posición política de los partidos sobre la tauromaquia.

El debate se ha celebrado cinco meses después, en un contexto marcado por la decisión del ministro de Cultura de cancelar el Premio Nacional de Tauromaquia y no aplaudir a los galardonados de los dos últimos años -entre ellos el toreo 'El Juli'- durante la entrega de los premios nacionales.

El Congreso ha certificado, a petición del juez del caso Koldo, que José Luis Ábalos sigue siendo diputado. Recientemente, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno solicitó a la Cámara Baja esta información, lo que supuso el primer paso para acabar imputando al exministro.

Ahora, tal y como figura en la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el secretario general del Congreso comunica a la Justicia que Ábalos fue elegido por la circunscripción de Valencia en las últimas elecciones generales y adquirió plenamente la condición de diputado el 17 de agosto de 2023, "que sigue ostentando en la actualidad".

Ahora bien, desde que el PSOE le abriese un expediente por los hechos que se investigan en el caso Koldo, el exministro forma parte del Grupo Mixto de la Cámara Baja.

Esta causa judicial toma el nombre de Koldo García Izaguirre, uno de los investigados en ella y quien fuese el principal asesor y hombre de confianza de Ábalos mientras éste encabezaba el Ministerio de Transportes. 

En el caso Koldo se investiga una supuesta trama corrupta dedicada a cobrar comisiones ilegales a través de contratos públicos adjudicados, al inicio de la pandemia de la Covid-19, por el Gobierno central y los Ejecutivos de Baleares y Canarias.

La dirección nacional del PP ha expresado su respeto hacia la sentencia judicial que condena al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana a diez años de cárcel por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

"Frente a la actitud que toman otros, el PP siempre ha respetado las decisiones judiciales", ha afirmado en rueda de prensa este martes la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós.

Y ha defendido que su partido ha actuado y actuará de forma "implacable" contra la corrupción y que por tanto "si alguien ha cometido un delito" les parece "bien que rinda cuentas ante la Justicia".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este martes, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región que se sustancia en el Parlamento regional, un pacto de Estado de vivienda entre autonomías y Estado: "Lo demás son paños calientes"

García-Page, que ha precisado que la vivienda es un derecho en una economía de mercado que ampara la libertad y la propiedad, ha insistido en que "para no darnos contra la pared y con recursos demagógicos y populistas" es preciso ese gran acuerdo "sin complejos".

"Facilitemos la construcción de mucha más vivienda que sea asequible, con el régimen de ayudas que se necesiten. Lo demás son paños calientes", ha agregado.

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha expulsado del Pleno de este martes a las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa por vestir en la Mesa de la cámara camisetas con los retratos de tres republicanas asesinadas en 1937 durante el franquismo. 

Al inicio del debate de una enmienda a la totalidad de la derogación de la Ley de Memoria Democrática se ha repetido el enfrentamiento que por la misma causa se produjo el pasado 18 de junio, cuando Le Senne rompió la imagen de Aurora Picornell, conocida como La Pasionaria mallorquina y cuyos restos fueron identificados en una fosa común en 2022, y las hermanas Antonia y María Pascual que Garrido tenía pegada en la parte posterior de su ordenador portátil.

En aquel rifirrafe con las socialistas, las mismas de hoy, Le Senne llegó a cerrar por la fuerza uno de los ordenadores de las diputadas expulsadas y a arrancar con sus propias manos las imágenes de estas víctimas, lo que derivó en que el Gobierno le llevara hasta la Fiscalía.

Le Senne, imputado por este hecho por delito de odio, ha argumentado este martes que la exhibición de imágenes de las tres mujeres asesinadas por falangistas en camisetas vulneraba la obligación de neutralidad de la Mesa del Parlament, mientras que la izquierda ha replicado que ningún artículo del reglamento ampara su decisión y que la imagen de víctimas de la represión no pueden ser considerada tendenciosa ni indecorosa.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al PP de haber convertido el Senado en "un Génova II" después de que la Cámara Alta haya entendido como un veto el rechazo por mayoría absoluta al proyecto de ley que beneficiará a más de 40 presos de ETA.

"Según el artículo 7 del Reglamento del Senado, hay 10 días para presentar enmiendas o vetos", ha recordado López, algo que no se ha producido. "Es imposible que el Senado votara un veto porque nadie lo había presentado", ha añadido.

"El Reglamento está para cumplirlo. El Reglamento es ley y las leyes se cumplen. En el Senado, por mucho que se empeñen, no cumplieron el Reglamento para poner un veto", ha dicho López en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso. "La ley se publicará", ha zanjado.

El portavoz también ha hecho referencia a las últimas palabras de la presidenta de Junts, Laura Borràs, que ha dicho que su partido no descarta apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez impulsada por el PP.

"La moción de censura la tiene que poner el PP y lo que ha demostrado es una cobardía absoluta porque en vez de moción de censura va a los tribunales con un papelito", ha dicho López en referencia a la querella que el PP ha puesto contra el PSOE en la Audiencia Nacional.

El PP ha calificado de "inaudito" que la Mesa del Congreso, que preside Francina Armengol, haya dado por aprobada la ley de antecedentes penales que permitirá la convalidación de penas a etarras cumplidas en Francia y que lo haya hecho con un informe "verbal" del letrado de la Cámara.

Fuentes del PP han expresado su malestar por esta decisión del órgano de gobierno del Congreso, acusando a este de adoptar medidas que corresponden al pleno.

Al dar el Congreso por aprobada la ley, no se volverá a votar como pidió ayer lunes el Senado, que consideraba que el rechazo por mayoría absoluta al texto equivalía a un veto y, por tanto, se devolvía al Congreso con el aval de un informe de los letrados de la Cámara Alta. En este caso "por escrito", han precisado las fuentes populares.