El presidente del Senado, Pedro Rollán. Efe
Los letrados del Congreso y el Senado abocan a las cámaras a un conflicto ante el TC por la ley que beneficia a etarras
- Según los juristas de la Cámara Alta, "el rechazo global y frontal del pleno por mayoría absoluta debe entenderse como un veto".
- La Mesa de la Cámara Baja, por el contrario, da por aprobada la ley y la mandará "al BOE para su publicación".
- Más información: El PP usa un informe de los letrados del Senado para 'vetar' las rebajas a etarras y el PSOE lo considera una treta
Este lunes, el pleno del Senado rechazó por mayoría absoluta el proyecto de ley que beneficia a más de 40 presos etarras, a los que se les reducirá el tiempo de cumplimiento de prisión.
La votación fue entendida como un "veto" por parte del presidente de la Cámara Alta, el popular Pedro Rollán, amparado por un informe de los letrados del Senado. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha anunciado este martes que no respetará esta interpretación y enviará "el texto al BOE para su publicación" en los próximos días.
La decisión del órgano de gobierno de la Cámara Baja también esta amparada por "las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara", según fuentes oficiales de la Presidencia del Congreso.
Todo eso aboca a un conflicto de atribuciones entre las dos cámaras que componen las Cortes Generales en el sistema constitucional español. De momento, el Senado no ha confirmado que vaya a actuar en este sentido, pero fuentes parlamentarias indican que ésta debería ser la vía de resolución de la discrepancia.
El choque institucional acabaría con un escrito ante el Tribunal Constitucional. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se apresta a dar por aprobada la ley.
Por su parte, Vox ya ha movido ficha y ha respondido a la decisión de Armengol con un escrito a la Mesa del Congreso exigiendo de nuevo la votación de la ley. En caso de que Armengol ignore este escrito, los diputados de Vox interpondrán un recurso de amparo al Constitucional por vulneración de sus derechos.
La última vez que se planteó un conflicto de atribuciones fue con la ley de amnistía, si bien el PP dio marcha atrás en el último momento y el conflicto entre órganos no llegó al Constitucional. ¿El motivo? Génova consideraba innecesario "dar una baza a Pedro Sánchez a través de Cándido Conde-Pumpido", que presumiblemente resolvería el caso en favor del Gobierno de coalición.
"Un veto"
Según el informe de la Secretaría General del Senado, que obra en poder de EL ESPAÑOL, la votación en pleno rechazando "global y frontalmente por mayoría absoluta" el texto legal "debe ser entendido como un veto", más allá de no haberse cumplido "el requisito formal" de haberse aprobado cumpliendo los plazos formales "como una enmienda de veto".
La fecha tope para este trámite fue el pasado 30 de septiembre. Y a esa fecha no se habían presentado ni enmiendas parciales ni propuestas de veto en la Cámara Alta para el proyecto de ley de reforma de la ley orgánica 7/2014.
El texto debía limitarse a ser una transposición de una directiva europea para el intercambio de información penal entre los Estados miembros de la UE. Pero, en el trámite de ponencia en el Congreso, Sumar introdujo un grupo de enmiendas que cambiaban el objeto real de la ley, en junio de este año.
Según la versión aducida por el PP, los diputados de la oposición no detectaron la trascendencia de estas enmiendas, aunque eran explícitas en la derogación de la disposición adicional única que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 para evitar que los condenados antes del 15 de agosto de 2010 se beneficiaran de la acumulación de penas impuestas en otros países de la UE.
El objetivo de esta disposición de aquel Gobierno del PP era evitar que los etarras que hubieran cumplido condenas en Francia se beneficiaran de ese cómputo para reducir su estancia en prisión en España, una vez entregados por las autoridades galas y condenados en España.
Los letrados del Senado entienden que "no hay precedente" para este caso. Y que, por tanto, procede interpretar lo ocurrido a la luz de la Constitución, que "prevalece sobre los textos reglamentarios". Así, a pesar del formalismo introducido en el Reglamento del Senado, "debe prevalecer el derecho fundamental de representación" sobre la reglamentación formal, si ésta "actúa en contra del bien mayor protegido en la Constitución".
Por eso, la Presidencia devolvió le proyecto de ley al Congreso, y no al Gobierno. Se trataba de forzar a la Cámara Baja a que celebrara un nuevo debate y votación de la ley. Así, según fuentes del PP en el Senado, "lograríamos visualizar si el PSOE está con las víctimas o con los verdugos de ETA, como parece que ya han demostrado, una vez más, por sus pactos encapuchados con Bildu".
El conflicto ante el TC
El caso es que los servicios jurídicos del Congreso, que elaboraron su informe en la misma tarde del lunes, tras ser devuelto el texto desde el Senado al Congreso, ya han dictaminado que "corresponde respetar los procedimientos reglados". Por eso, la Mesa de la Cámara Baja, de mayoría socialista, "entiende como validada la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que será enviada al BOE para su publicación".
Según el Tribunal Constitucional, cuando uno de los órganos constitucionales considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, "lo hará saber al órgano invasor dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y le solicitará que la revoque".
Esto es lo que debería hacer ahora el Senado, si quiere, efectivamente, "proteger el derecho fundamental a la representación política" que aducen los letrados de la Cámara Alta en su informe. El documento insiste en que "el pleno de la Cámara no es un órgano de la misma, sino la Cámara en sí" y que, por tanto, la falta del cumplimiento formal de la propuesta de veto "no puede prevalecer sobre la voluntad expresada por la Cámara en pleno, y por mayoría absoluta", como fue el caso.
El Constitucional advierte, asimismo, de que "si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas".
El Tribunal Constitucional, en ese caso, trasladaría el escrito de la Cámara que promoviera el conflicto al otro órgano requerido. Fuentes del Senado aseguran que esto es lo que debería estar haciendo ahora la Mesa del Congreso, en lugar de mandar la ley al BOE, por lo que entienden que deberá ser la Mesa de la Cámara Alta, de mayoría popular, la que plantee el conflicto de atribuciones "para promover este proceso constitucional".
Si esto acaba ocurriendo, el PP lograría su objetivo inicial, que es el de retrasar la entrada en vigor de la reforma que beneficia a los presos etarras.
Aun así, debería esperar a la sentencia del TC que resuelva el conflicto, que es la que determinaría "a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas", para saber si está en disposición de lograr el objetivo principal. Es decir, evitar la entrada en vigor de la reforma o, al menos, "que se sepa que es el Gobierno de Pedro Sánchez el que quiere sacar a los etarras de la cárcel".
