Los senadores llevarán al Tribunal Constitucional el conflicto con el Congreso por la rebaja de penas a etarras

Así lo ha podido confirmar este periódico en fuentes de la Mesa de la Cámara Alta, después de que este martes, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, impusiera esta decisión en la reunión del órgano de gobierno de la Cámara Baja.

Este martes, la Mesa del Congreso ha obviado el "veto" a la norma, que fue remitida de vuelta desde el Senado, por su presidente. El popular Pedro Rollán se amparó en el informe de 12 páginas entregado por la Secretaría General de la Cámara el viernes pasado.

En el dictamen se argumenta que el "rechazo global y frontal" por la mayoría absoluta del pleno "debe entenderse equivalente a un veto" a la ley, a pesar de no haber cumplido el requisito formal de presentarlo por escrito y argumentarlo. El plazo para haberlo hecho se había cumplido una semana antes, el lunes 30 de septiembre.

Armengol se negó a aceptar esa interpretación de la norma, a pesar de no contar con dictamen alguno de los servicios jurídicos del Congreso.

La reunión de la Mesa

Según fuentes parlamentarias, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, impuso la entrada de este asunto en el orden del día de la reunión de la Mesa, aunque no constaba.

Una vez aceptado por Armengol, la presidenta dio por aprobada la ley, a pesar del rechazo de la mayoría absoluta del Senado.

Ante la protesta de los cuatro miembros de la Mesa en representación del PP, que rechazaban tratar un tema fuera del orden del día y, en todo caso, exigían un informe jurídico que sostuviera la decisión, el letrado mayor, Fernando Galindo, admitió que su "recomendación" había sido "de palabra" y que no existía dictamen alguno.

A pesar de lo cual, Galindo defendió la decisión de la mayoría de la Mesa (compuesta poor cinco miembros a propuesta del PSOE y de Sumar y por cuatro designados por el PP), alegando que el eventual veto del Senado había llegado "fuera de plazo", y no era válido.

Fuentes del entorno de Armengol ya habían confirmado a este periódico que no existía ningún informe de los letrados del Congreso, y que la Mesa se había contentado con unas meras "recomendaciones orales" del letrado Galindo.

Esa circunstancia llamó la tención en el PP, que asegura que "ya ni el letrado títere de Armengol se atreve a defender por escrito sus arbitrariedades". Esto, según los populares, les carga de razones para mantener el criterio dimanado del informe jurídico que sí fundamentó la decisión del Senado.

Dos opciones... y Rollán

Por tanto, y según las fuentes consultadas, la decisión de Armengol será recurrida por los senadores que hayan sentido conculcados sus derechos de representación política.

Estas fuentes explican que, en principio, los parlamentarios tienen dos opciones: o bien, un grupo de 50 o más presentan un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Mesa del Congreso, o bien cada uno de ellos presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la violación de sus derechos fundamentales.

Un portavoz de la Presidencia de la Cámara Alta explica a este periódico que la "indignación" de Rollán es enorme, por el desprecio al órgano constitucional que él preside. De hecho, según estas fuentes de toda solvencia, él mismo está valorando la opción de presentar un recurso de amparo, personalmente.

Dado que el Congreso ha dado por finalizada la tramitación de la ley y la ha mandado al Boletín Oficial del Estado para su publicación y entrada en vigor, Rollán ya no puede impulsar un conflicto de atribuciones. Sin embargo, el presidente de la Cámara Alta sí considera que la Cámara Baja ha "usurpado" las funciones del Senado, al "obviar sin más una decisión soberana" de la Cámara.

Así, al considerar "hurtadas las funciones del Senado de España", el presidente Rollán se siente legitimado para recurrir personalmente ante el Constitucional.

La "reforma proetarra"

La reforma de la Ley Orgánica 7/2014 fue tramitada desde marzo de este año en el Congreso, como una mera transposición de una directiva de la Unión Europea, de carácter técnico, para el intercambio de información penal entre los Estados miembros.

Sin embargo, el 26 de junio, Sumar introdujo una serie de enmiendas que cambiaron el objetivo político de la norma. El texto legal pasó a ser una ley penal para facilitar la acumulación de las penas ya cumplidas en Francia para los etarras condenados antes de agosto del 2010. O lo que es lo mismo para varios diputados de la oposición, "una reforma proetarra" producto del "pacto encapuchado" de Pedro Sánchez con Bildu "para que los herederos de Batasuna lo mantengan en la Moncloa".

Después de pasar todos los trámites en el Congreso, sin que la oposición se percatara de la trascendencia de los cambios, la norma fue aprobada por unanimidad y llegó al Senado, donde se tramitó de urgencia, entre el silencio del PSOE, Sumar y Bildu, que aún confiaban en que ni PP ni Vox se percataran de la jugada. Pero el lunes 7 de octubre, saltó la noticia, los populares asumieron públicamente su error e idearon una estrategia.

El objetivo primordial de la cúpula de Génova es evitar la entrada en vigor de la reforma, aunque lo dan por perdido.

El siguiente es que, "al menos, quede claro que si se aprueba es por el empeño del PSOE en excarcelar a decenas de etarras", objetivo que dan por cumplido.

Y finalmente, como mínimo, retrasar lo más posible la norma para desgastar al Gobierno. Aunque, admiten, se alargue la actualidad de la negligencia de los tres diputados que firmaron haber "leído detenidamente" la ley y las enmiendas, y ahora admiten no haberla estudiado convenientemente.