El presidente Sánchez, este viernes, en Lovaina (Bélgica).
El empeño personal de Pedro Sánchez contra el juez que investiga a su mujer acaba en fracaso y acentúa su desgaste
- La inadmisión a trámite de su querella contra Peinado erosiona la credibilidad del Gobierno y de la Abogacía del Estado.
- Más información: Uno de los jueces sostiene que debió abrirse un expediente para determinar si Sánchez actuó "con mala fe" y multarle.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid propinó ayer un nuevo varapalo a Pedro Sánchez y su estrategia de guerra abierta en distintos frentes contra los jueces. Y esta vez con la gravedad de que involucra a la Abogacía del Estado para defender a su esposa, Begoña Gómez, en el proceso penal contra ella.
Moncloa reaccionó hablando de "acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares", lo que en la práctica supone atribuir desde el Poder Ejecutivo a un grupo cada vez más numeroso de jueces una actuación que roza lo delictivo.
El Tribunal rechazó la admisión a trámite de la querella presentada por el presidente del Gobierno y elaborada por la Abogacía del Estado en la que se acusaba de prevaricación al juez Juan Carlos Peinado.
Los jueces ya rechazaron otra querella coincidente de un particular ajeno al proceso por hechos similares, dentro de una estrategia para apartar al juez de las actuaciones contra Begoña Gómez. Queda aún una presentada por la propia Gómez contra el juez.
Ha sido un empeño personal de Sánchez, que erosiona instituciones como la Abogacía del Estado y la propia credibilidad del Gobierno.
Miembros del Gobierno y del PSOE han cuestionado en privado esta estrategia de poner el aparato del Estado al servicio de una particular, mientras que la versión oficial de la Moncloa lo justifica señalando que son los jueces los que han iniciado una batalla abierta contra el presidente del Gobierno, en este caso, investigando a su mujer.
Todo ello para poder apartar al juez con una batería de querellas que, como mínimo, reduce la credibilidad del instructor, lo presenta políticamente como una persecución y, si es posible, que el caso pase a otro magistrado. Esto último le va fallando por el momento.
"Fin extraprocesal"
En este caso, el auto incluye reproches a Sánchez, como que busca un "fin extraprocesal" y señala que "la atribución de un móvil espurio y prevaricador en el querellado (el juez Peinado), queda, una vez más, en el terreno de la especulación".
El único antecedente remoto es de 1989 cuando el entonces presidente del Gobierno Felipe González ordenó a Leopoldo Torres, a la sazón fiscal general del Estado, querellarse contra seis periodistas de El Mundo por una información sobre su hermano. El juez Carlos Dívar ni siquiera la admitió a trámite. Ahora la acción penal se dirigía contra un juez.
Esa estrategia para la defensa penal de la esposa del presidente ya salió malparada la pasada semana cuando otro tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, rechazó la pretensión de la defensa de Gómez para archivar la causa.
La Audiencia en ese caso autorizó al juez a seguir con la investigación, con la única limitación de sacar la subvención a Globalia, que de hecho ya había sido eliminada, y rechazando los argumentos sobre la investigación prospectiva o varios informes de la Guardia Civil que no veían delito.
El varapalo es mayor y tiene grandes implicaciones institucionales porque responde la decisión de Sánchez de involucrar a la Presidencia del Gobierno, con la participación de la Abogacía del Estado y de los ministros que lanzaron incluso desde la mesa del Consejo de Ministros graves acusaciones al juez que ahora son rechazadas por instancias superiores.
"Pedalear en la nada durante seis meses", aseguró la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para calificar la actuación del juez Peinado.
De hecho, Moncloa difundió este viernes una nota en la que admite abiertamente que "en la querella presentada ya se advertía sobre el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno: convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial".
A esa guerra entre Sánchez y los jueces se suma el enfrentamiento sobre otros asuntos, como el bloqueo en el Tribunal Supremo a la aplicación de la ley de amnistía y la imputación en ese mismo tribunal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En ambos casos, miembros del Gobierno han descalificado abiertamente al alto tribunal, hablando de persecución política.
"Esperamos que lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares", asegura la nota del Gobierno.
