La debilidad de Sánchez hace de 2024 el año con menos leyes: sólo Rajoy aprobó menos en 2016, pero estaba en funciones
- Este año sólo se han aprobado 16 iniciativas legislativas. Aun así, hay otras 49 atascadas en el Congreso con su plazo de enmiendas prorrogado.
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El Gobierno vivió este jueves un nuevo episodio de debilidad parlamentaria al tener que retrasar la Comisión de Hacienda del Congreso para no sufrir una derrota por la imposibilidad de poner de acuerdo a sus socios. No se trata de un hecho aislado, sino de un síntoma: la falta de apoyos de Pedro Sánchez está provocando que al Ejecutivo le resulte muy difícil sacar adelante iniciativas legislativas.
Según los datos del Congreso de los Diputados, 2024 es el segundo año de toda la democracia en el que menos iniciativas legislativas (un total de 16) se han sacado adelante. Sólo le supera un 2016 (con 10) extrañamente baldío, pero porque la dificultad entonces para formar Gobierno hizo que Mariano Rajoy estuviera 315 días en funciones, desde las elecciones de diciembre de 2015 hasta su jura en octubre de 2016.
El de Sánchez no es ese caso. El presidente socialista no ha pasado un solo día en funciones este año. El problema que tiene es que logró una mayoría de investidura tan variopinta y tan ajustada, que ahora se encuentra con que los intereses cruzados de los socios bloquean sus iniciativas y no tiene capacidad (ni intención) de buscar una mayoría alternativa con el PP.
A mes y medio de que termine el año, de las 16 iniciativas legislativas aprobadas, el grueso (siete) son reales decretos-leyes, una fórmula mucho más rápida que la de tramitar una norma, aunque luego tiene que ser convalidada. Dos de ellos son sobre la DANA y hay otro sobre RTVE que consiguió convalidar gracias a incluir en el Consejo de Administración a personas afines a sus socios.
Este 2024 sólo se han aprobado cinco leyes y cuatro leyes orgánicas. En el caso de las primeras, apenas tienen carácter ideológico (son las leyes del ELA o la de bomberos y agentes forestales) porque el Ejecutivo no es capaz de poner de acuerdo a sus socios.
En las leyes orgánicas sí hay un mayor contenido ideológico, destacando por encima de todas ellas la Ley de Amnistía. Hay un runrún en el Congreso de los Diputados para criticar la falta de actividad legislativa que dice que el Gobierno sólo ha podido aprobar la ley de amnistía y nada más. Si bien no es exactamente así, se le parece.
El año pasado, a pesar de que hubo elecciones generales, autonómicas y municipales, algo que siempre ralentiza todas las tramitaciones parlamentarias, el Congreso de los Diputados aprobó 25 iniciativas parlamentarias. Aunque se aleja de los años más productivos —el año que más iniciativas se aprobaron fue 1978, con 141—, son muchas más que ahora.
Otro dato interesante es que Pedro Sánchez ha sido presidente durante tres de los cinco años menos productivos en el Congreso. Tras 2016 y 2024, en el año 2008 sólo se aprobaron 18 iniciativas, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. 2023 y 2019 son el cuarto y quinto puesto del ranking, con 25 y 26 iniciativas respectivamente.
Hay 49 leyes atascadas
A pesar del parón legislativo, este no se debe a que falte trabajo. En el Congreso de los Diputados hay actualmente (a fecha de este viernes, 15 de noviembre) 49 iniciativas legislativas en periodo de enmiendas, listas para seguir su tramitación. Los periodos se están prorrogando sine die para evitar que decaigan o para no aprobar las iniciativas del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Y 17 de esas iniciativas son proyectos de ley que han salido del propio Gobierno y que Moncloa no consigue desatascar. La iniciativa más prorrogada de estas es el proyecto de Ley de Familias, que ha sufrido nada menos que 28 aplazamientos desde que se registró el pasado mes de marzo, a pesar de que se ha tramitado por urgencia.
Además, hay 14 iniciativas legislativas que han venido del Senado. Para los populares, esta situación representa una falta de respeto institucional hacia la Cámara Alta, ya que el Congreso no está dejando tramitarlas porque parten de una cámara donde tienen mayoría absoluta y el PSOE y sus socios no han podido hacer modificaciones, o son mínimas.
Rota la mayoría 'progresista'
Las dificultades que el Gobierno está teniendo para sacar adelante sus iniciativas se vieron claramente este jueves. El Ejecutivo decidió retrasar por segunda vez la Comisión de Hacienda que está tramitando un paquete de medidas fiscales —que Moncloa califica de "reforma"— ante la imposibilidad de poner de acuerdo a sus socios de investidura y para no echarse en brazos del PP.
España debería haber traspuesto una directiva europea sobre imposición a grandes empresas y multinacionales a finales de 2023 y puede ser sancionada (incluso con el riesgo de retener parte de los fondos Next Generation) si no lo hace. Hacienda, sin embargo, decidió incluir varias enmiendas para la conversión a impuestos de los gravámenes a la banca y a las energéticas.
Durante este proceso, el Gobierno pactó una serie de medidas con PNV y Junts que incluían un impuesto a la banca más reducido y que eliminaban el impuesto a las energéticas. Sin embargo, los socios de izquierda no quieren dejar fuera el impuesto, por lo que no apoyarían el paquete pactado con los jeltzales y los posconvergentes.
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Una opción sería votar sólo la transposición y dejar las enmiendas fuera, para que los impuestos a banca y energéticas se aborden más adelante. Pero Junts se ha plantado y ha dicho que o se acepta su acuerdo al completo o no hay acuerdo. La situación es un auténtico callejón sin salida, aunque en Moncloa esperan dar con la tecla a lo largo de estos días para lograr la cuadratura del círculo en la Comisión de Hacienda, que se volverá a reunir este lunes.
No es el único ejemplo, de todas formas. En septiembre, el Congreso de los Diputados dejó de celebrar su Pleno dos jueves, que es el día reservado para las iniciativas del Gobierno. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, tomó esta decisión para evitar llevar a votación algunas normas y que decayeran al no tener apoyos.
Esta situación generalizada desde la vuelta del verano evidencia que el Gobierno no tiene ya una mayoría progresista, como la llamaron durante la investidura, en la que apoyarse para sacar sus medidas adelante. Complica, además, las grandes aspiraciones del Gobierno como sacar adelante los Presupuestos de 2025 o una reforma de la financiación autonómica. Y tiene consecuencias serias: el Poder Legislativo no está siendo capaz de legislar.
