Sánchez detecta "empatía" en la calle ante el acoso "político, judicial y mediático" contra él, su familia y el Gobierno

El presidente y los ministros afectados entienden que el empresario y comisionista sigue sin aportar pruebas que vayan más allá de José Luis Ábalos y que, incluso, algunas de las acusaciones que hace contra quien fue la mano derecha de Pedro Sánchez se están desinflando. Por ejemplo, las de comisiones en las adjudicaciones en las obras de carreteras.

Descartan también que el exministro y ex número dos del PSOE pueda inculpar a algunos de sus compañeros de partido o de Gobierno. Es decir, que no creen que "tire de la manta hacia arriba".

Moncloa da "nula credibilidad" a la denuncia de Aldama sobre corrupción en carreteras y cree poder "desmontarla fácilmente"

Esos son algunos de los mensajes que quisieron transmitir Sánchez y sus ministros en el acto de homenaje a la Constitución celebrado este viernes en el Congreso en las conversaciones informales con representantes de instituciones y periodistas.

El presidente y sus ministros explican, además, que están en condiciones de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 durante los primeros meses del año, probablemente en abril como adelantó EL ESPAÑOL. Eso queda fuera de los plazos exigidos por la Constitución, pero según explican, mostrará estabilidad en un contexto europeo en el que los gobiernos son inestables, como ocurre en Francia, tras una moción de censura, o en Alemania, que celebrará elecciones en febrero.

Lo contraponen además con las dificultades del PP para mantener coaliciones en comunidades con Vox y ahora, también, para sacar adelante los Presupuestos autonómicos. Las prórrogas en esas comunidades darían al Gobierno un colchón para negociar las cuentas del Estado, según admiten.

Sánchez y sus ministros pregonan la estabilidad como valor pese a la fragmentación del Congreso y rechazan de plano que los escándalos de corrupción, sobre todo el de Ábalos, puedan poner fin de forma abrupta a la legislatura.

"Empatía ciudadana"

Para Sánchez, el Gobierno sufre un "acoso por tierra mar y aire, desde la esfera política, judicial y mediática", según expresó en un corrillo con periodistas.

En ese supuesto acoso incluye de forma implícita no sólo el caso Ábalos, sino también las investigaciones a su esposa y su hermano, y la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Para el presidente del Gobierno, "ese acoso se volverá contra los acosadores, porque la ciudadanía está a sus cosas y España vive uno de los mejores momentos". "Cuando lleguen las elecciones habrá un rechazo aún más mayoritario a quien hace este tipo de política", sostiene.

Sánchez dice detectar una cierta "empatía" hacia ellos entre los ciudadanos por la forma en la que se les ataca en los diferentes procesos judiciales.

Al mismo tiempo, sostiene su vaticinio de que podrá dar la vuelta a la situación, pues ve un claro un descenso de la imagen del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo. Para que todo sea como explica Sánchez, no tendrían que probarse como ciertas las acusaciones de Aldama. 

Óscar Puente presentará en los próximos días un informe que, según el Gobierno, desmontará la acusación de Aldama sobre pago de comisiones en la adjudicación de obras de carreteras.

Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que los papeles entregados por Aldama son copias del BOE y que algunas de las obras de carreteras sobre las que supuestamente se pagaron comisiones fueron adjudicadas en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy y, por tanto, son ajenas a Ábalos.

El propio ministro desmontño parte de esas acusaciones al difundir en X cómo algunas de las adjudicaciones denunciadas por Aldama fueorn realizadas con gobiernos del PP, antes de Ábalos en el Ministerio.

Tampoco cree el Gobierno que el contrato de Aldama y Ábalos para la cesión de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid pueda probar nada contra él.

El caso "se desinfla"

Los miembros del Gobierno pendientes de las acusaciones de Aldama son, por distintos motivos, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Óscar Puente. Y los tres coincidieron en sus respectivos corrillos en la tesis de sus acusaciones "se desinflan" y de que no podrá imputarse a nadie más.

La vicepresidenta primera entiende que las acusaciones de Aldama contra su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, en las que le acusa de haber cobrado de la trama por una gestión sobre un aplazamiento de una deuda, no tienen fundamento.

Explica que no tiene miedo a lo que pueda salir del teléfono móvil de Aldama sobre sus conversaciones con Moreno. Ni sobre el resultado de las supuestas gestiones del comisionista para lograr un trato favorable de Hacienda.

Montero y su jefe de Gabinete siempre han asegurado que conocen al empresario, aunque otras fuentes del Gobierno explican que no es tan extraño que haya relaciones con empresarios. Eso les sirve para justificar que Aldama pueda tener los móviles de altos cargos, pero niegan que eso pruebe nada.

Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, sigue negando conocer a Aldama, y explicó este viernes en varios corrillos que no es cierto que usara un piso en Madrid cedido por el empresario. Incluso cree ver cambios en la narrativa de las diferentes declaraciones de Aldama, lo que un ministro describe con una expresión coloquial: "Recoger cable".

Puente, por su parte, niega fundamento a las acusaciones de comisiones en la adjudicación de obras en carreteras y entiende que Aldama "toma el pelo al juez".

Para el Gobierno, la más evidente rectificación de Aldama en sus acusaciones es la referida a Santos Cerdán, responsable de Organización del PSOE, sobre el que ya admite que ni siquiera tiene ni su móvil. Cerdán no estuvo este viernes en el acto en el Congreso.

Varios ministros coinciden ahora en preguntarse en tono crítico ¿por qué el fiscal anticorrupción aceptó el acuerdo con Aldama y facilitó tan rápido su puesta en libertad?". Y hablan de una estrategia muy medida del abogado defensor del empresario comisionista.