Parte de la Ejecutiva del PNV, con Andoni Ortuzar en el centro, frente a la sede del Instituto Cervantes en París.
El PNV consigue quedarse con la sede del Cervantes en París gracias a un cambio a la carta en la Ley de Memoria Democrática
- El Tribunal Supremo sentenció en 2003 que el partido no podía reclamar la titularidad del edificio, pero el fallo se ha desactivado. El Instituto Cervantes tendrá que pagar un alquiler por usar el edificio hasta 2030.
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El PNV ha conseguido esta semana uno de sus reclamos históricos pero menos conocidos: la titularidad del edificio que alberga el Instituto Cervantes en París, ubicado en la avenida Marceau de la capital francesa, y que hasta ahora pertenecía al Estado español. Este logro es algo que los nacionalistas llevan persiguiendo sin éxito desde hace décadas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el cambio de titularidad del edificio, algo que ha sido posible gracias a una modificación a la carta en la Ley de Memoria Democrática aprobada la legislatura pasada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Con este cambio normativo se ha logrado desactivar una sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que rechazaba que el edificio tuviera que cederse al PNV.
Ahora, el Instituto Cervantes tendrá que buscar una nueva sede en París, aunque el Gobierno se ha dado hasta el 31 de diciembre de 2030 para el traslado. Durante ese tiempo, el Estado tendrá que pagar por su uso al PNV una "renta de mercado", un alquiler.
Además, el Consejo de Ministros también acordó "compensar" al PNV por la privación de otros dos edificios en Noyon y Compans, ambos en Francia. Sobre estos dos inmuebles el Supremo también dictó en 2003 que el PNV no tenía ningún derecho a ser compensado.
La historia del edificio de la avenida Marceau se remonta a 1936, en plena Guerra Civil. Según alega el PNV, el inmueble fue comprado por un testaferro con fondos recaudados en nombre del partido. El objetivo era trasladar a Francia parte de su estructura y se optó por la figura del testaferro para que el edificio no fuera incautado.
El inmueble se convirtió en la sede del Gobierno vasco en el exilio durante la Guerra Civil, pero con la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial, las autoridades alemanas se lo entregaron al régimen de Franco. El Estado español adquirió el inmueble en virtud de una sentencia dictada el 21 de julio de 1943 por un tribunal de París, que fue corroborada en 1949 y 1951, ya tras la liberación.
Pero el PNV lleva años asegurando que este edificio, junto a los otros dos de Noyon y Compans, les fueron incautados y que deberían haberse restituido, o en su defecto compensarles, en virtud de la Ley 43/1998 de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
El fallo del Supremo
El PNV pidió la restitución del edificio o una compensación tras la aprobación de la norma, pero el Consejo de Ministros, presidido entonces por José María Aznar, lo denegó en enero de 2001. Los servicios jurídicos del Gobierno consideraron que el edificio nunca fue "incautado" en los supuestos que establece la ley de 1998.
Por otro lado, el Consejo de Ministros resolvió también que el PNV no había podido acreditar su titularidad y vinculó al testaferro que lo tenía antes de la ocupación nazi con el Gobierno vasco, no con el PNV. Es decir, lo vinculaba al Estado, en vez de al partido político.
El PNV recurrió esta decisión del Consejo de Ministros, aunque con poca fortuna. El Tribunal Supremo falló en 2003 que, efectivamente, no cabía una restitución en virtud de la Ley 43/1998 porque el edificio no había sido incautado en función de la compensativa prevista en la norma.
La sentencia del Supremo recoge que los bienes fueron adquiridos por España en virtud de la sentencia de 1943 y que ésta descansaba en otra ley de 1940 y un acuerdo con las autoridades francesas de 1939.
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"Se trata, por tanto, de una adquisición realizada fuera de los márgenes previstos en el artículo 1º de la Ley 43/1998 y, en consecuencia, la resolución recurrida se ajusta a Derecho, al denegar la restitución o compensación de los indicados bienes por este motivo", dictó el Alto Tribunal.
Sobre los edificios de Noyon y Compans, el Supremo dijo que los razonamientos respecto al edificio de la avenida Marceau son aplicables en estos casos también. Además, añade que la petición de restitución por parte del PNV se hizo fuera de plazo.
De Rajoy a Sánchez
Lejos de darse por vencido, el PNV siguió intentando conseguir la titularidad de este edificio ante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de nuevo sin suerte. Pero, sin embargo, sí consiguió arrancarle el compromiso de la cesión a Mariano Rajoy, aunque nunca llegó a producirse porque las negociaciones se interrumpieron con la moción de censura de Pedro Sánchez, en 2018.
Para conseguir el apoyo del PNV a la moción de censura, Sánchez se comprometió con los nacionalistas a respetar todos los acuerdos a los que estos habían llegado con Mariano Rajoy, incluido el traspaso del edificio. Este compromiso, finalmente, se cumplió en forma de una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática creada ad hoc para que el edificio pase a pertenecer al PNV.
En la disposición adicional novena de la norma, se dicta que las disposiciones previstas en la ley de 1998 serán de aplicación también a los bienes obtenidos en el extranjero en virtud de la ley de 1940 y del acuerdo con las autoridades francesas de 1939. Esta redacción desactiva por completo la sentencia del Tribunal Supremo de 2003.
Además, la ley incluye otro párrafo que dicta que serán considerados beneficiarios de la ley de 1998 los partidos políticos con bienes que "hubiesen pertenecido a personas físicas o jurídicas vinculadas a dichos partidos políticos con carácter fiduciario", en referencia al testaferro.
Con esta redacción también se neutraliza el impedimento que había observado el Consejo de Ministros en 2001 sobre la posible titularidad del PNV. Y no sólo se aplica al edificio en la avenida Marceau donde se encuentra el Instituto Cervantes, sino también a los inmuebles en Noyon y Compans.
"Un agravio comparativo"
La dirección del PNV ha celebrado esta semana la resolución del Consejo de Ministros de Sánchez para darle la titularidad del edificio y ha dicho que lo considera "de justicia e histórica". Sin embargo, al Ejecutivo se le ha abierto otro frente, esta vez desde la sociedad civil.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha emitido un escrito al Gobierno de Sánchez asegurando que esta cesión al PNV genera "un agravio comparativo".
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"Lo que nos cuesta entender es que un partido político tenga la posibilidad de recuperar un bien incautado por la dictadura, siendo el Estado español el responsable de la devolución, y las familias republicanas que fueron incautadas y saqueadas a punta de pistola no tengan el mismo derecho", aseguran desde la ARMH en el escrito.
La asociación, además, ha registrado una solicitud a través del Portal de Transparencia pidiendo una copia de los informes técnicos y jurídicos que hayan avalado la devolución de la sede del Instituto Cervantes de París al PNV, ya que los informes que ha estudiado el Consejo de Ministros no son públicos.
"Es incomprensible que se pretenda establecer una norma partitocéntrica donde las organizaciones políticas tengan derecho a la devolución y las personas no", añade el escrito de la ARMH.
![José Andrés, justo antes de la entrevista, que tuvo lugar en Marbella pocos días antes de la Nochebuena.](["https:\/\/s1.elespanol.com\/2024\/12\/28\/actualidad\/912168922_251990189_1706x1280.jpg"])