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El Gobierno ve "acoso" en el auto del juez que implica al fiscal general y a Moncloa en el delito contra el novio de Ayuso

Indignación e inquietud en el Ejecutivo: creen que el escrito del juez justifica la reforma penal que beneficia a la esposa y al hermano de Sánchez. 

Más información: El cambio de móvil de García Ortiz al inicio de la causa acentúa las sospechas de destrucción de pruebas.

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El auto del juez del Tribunal Supremo que cita al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que declare como imputado el próximo 29 de enero provocó ayer tanta indignación como preocupación en la Moncloa, según fuentes del Gobierno.

No por la citación en sí, que era esperada como lógica para completar la labor de instrucción del juez Ángel Luis Hurtado, sino por el contenido del auto que asegura que ve "apuntalados" los indicios de que el fiscal general "dirigió" la filtración a los medios del correo electrónico comprometedor para el empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. 

Y, además, describe el trayecto del correo confidencial con "salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia de Gobierno". Es decir, que el magistrado entiende que en la filtración participaron por igual las dos instituciones.

La conclusión que extrae el Gobierno para estar preocupado es que Hurtado está apuntando a que seguirá actuando contra Álvaro García y contra Pilar Sánchez Acera, que era jefa de Gabinete de Óscar López -entonces, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno-, o contra el anterior secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, a quien apuntaba la UCO como partícipe en las gestiones para filtrar el correo. 

Óscar López es hoy la apuesta de Sánchez para reconquistar la Comunidad de Madrid y, por tanto, la oposición a Isabel Díaz Ayuso.

Si se cumplen los temores del Gobierno, Pedro Sánchez tendría un nuevo problema grave porque estrechos colaboradores en la Moncloa serían acusados por el Tribunal Supremo. Eso explicaría que el presidente del Gobierno respalde sin fisuras al fiscal general porque, en definitiva, el futuro de ambos estaría ligado, con distintos grados.

Pulso al Gobierno

Por eso, fuentes del Gobierno se muestran muy críticos con el auto del Supremo y explican que forma parte de lo que consideran "acoso judicial" contra Sánchez y su entorno. Tanto que, según su versión, se justifica que se tomen medidas legales como la que se presentó la semana pasada para limitar el ejercicio del derecho a la acusación popular. No porque esa norma tenga algo que ver con el caso de fiscal, pero sí porque señala la necesidad de defenderse de ese supuesto acoso.

La proposición de ley orgánica presentada en el Congreso por el PSOE favorecerá, de ser aprobada en su actual redacción, a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno en los procesos penales que se dirigen en la actualidad contra ellos. También al prófugo Carles Puigdemont. La iniciativa tiene como objetivo establecer una limitación en el ejercicio de la acción popular, una figura que en España está protegida por la Constitución.

El argumentario de la Moncloa señala que hay un pulso al Gobierno, una actuación mediática, judicial y política en su contra en la que una de las patas es la que mantiene imputado a Álvaro García Ortiz.

El Gobierno entiende que no hay pruebas contra el fiscal general, entre otras cosas, porque, según explican, dos periodistas aseguraron al juez del Supremo que tuvieron conocimiento del correo antes de que llegara a manos de García Ortiz y porque un gran número de personas tuvieron acceso a ese documento.

El 29 de enero, García Ortiz acudirá a declarar como imputado manteniendo la condición de fiscal general por su negativa a dimitir. Eso quiere decir que tendrá derecho a no declarar y a mentir, algo que no parece conveniente que haga quien ocupa un cargo de rango constitucional.

Además, la confusión institucional se completa porque será interrogado por un fiscal que depende de él, por ser la fiscalía una institución jerárquica, y será defendido por el abogado del Estado que depende directamente del ministro de Justicia, es decir, del Gobierno.