La presidenta de Transparencia Internacional: "Nos falta un plan nacional contra la corrupción, pero eso requiere consenso"

Hemos venido a la Fundación Ortega-Marañón a hablar de atracos que sí se producen. Los de los recursos públicos. Desde los años ochenta hasta hoy. Nos atiende –acaba de llegar– Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal y presidenta de Transparency International España.

Esta organización no gubernamental, a través de su matriz internacional con sede en Berlín, publica cada año el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). El otro IPC. ¡Joder, sí que está mal el IPC! España, en caída libre. El dato se va poniendo más negro cuanto más se desmiga.

Por ejemplo: estamos por detrás de regímenes autoritarios como Ruanda o Arabia Saudí. Ganamos de chiripa al sultanato de Omán. En clave europea, estamos por detrás de todas las grandes naciones, y sólo figuramos mejor que Italia o Polonia. Un momento, un momento, que se nos olvidaba... ¡también nos gana Botsuana! Los más limpios, como siempre, los nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia...

El Índice entraña algunas paradojas: no tiene en cuenta los casos en curso y una condena por corrupción puede hacer subir a España en el ranking... porque los controles habrán funcionado. De lo que podríamos deducir, peligrosamente, que si tenemos muchos ladrones y los condenan, igual acabamos ganando La Liga.

La puntuación obtenida no es sólo sonrojante vista hoy; la conclusión se agrava mirada en el histórico: es el peor dato en treinta años. No habíamos estado tan mal desde el final del felipismo, cuando la corrupción afloraba por las alcantarillas. Ya estamos peor también que cuando la Gürtel del PP.

"¡Vamos a intentar ser positivos!", nos dice Bacigalupo justo antes de empezar. Por eso ella, tan positiva, ya ha encontrado postura en el mullido sillón y nosotros, que estamos metafóricamente hundidos con el ranking, nos hundimos también en este sofá capaz de absorberlo todo.

Don Ramón del Valle-Inclán, que nos mira desde su carboncillo, apostaba por poner una guillotina eléctrica en la Puerta del Sol para acabar con la corrupción. Bacigalupo prefiere implementar mecanismos preventivos en forma de leyes. "Para eso se requieren consensos, claro", dice. Entonces, pensamos, casi derrumbados en el sillón, que es más práctico lo de la guillotina de don Ramón.

Según el ranking mundial de la corrupción más prestigioso, España está por debajo de regímenes autoritarios como Ruanda o Arabia Saudí. No estamos tan mal. La gente es muy exagerada. Ganamos, por ejemplo, hasta a Omán, que es un sultanato. 

Para comprender esas cuestiones, es importante conocer la metodología del Índice. Está basado en trece fuentes de gran prestigio como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que miden el estado institucional de un país en relación a la corrupción sucedida en el sector público. Por decirlo coloquialmente: soborno, malversación y uso indebido de fondos.

La corrupción de toda la vida, vamos. 

Es muy importante el análisis que se hace de los casos de corrupción en el sentido de su resultado, digamos, judicial: ¿qué pasa con ellos? ¿Se llega hasta el final? También medimos si existe un buen acceso a la justicia, si hay libertad de prensa, si se protege a los denunciantes, si los nombramientos se hacen correctamente y no a dedo… Hay un factor, en concreto, que influye mucho en el caso de España: el retraso en las disposiciones legislativas para prevenir la corrupción. Vamos muy tarde. 

Ponga un ejemplo.

La Autoridad Independiente de Protección de Informantes ya está creada por Real Decreto, pero hace falta ponerla en marcha, seleccionar a la persona que va a estar al frente, los equipos que van a trabajar… 

¿Ese organismo tendrá de veras alguna incidencia? Porque, al final, como ocurre siempre, estará controlado por el poder político. Quienes protegerán a los informantes serán elegidos por los susceptibles de corromperse.

Es una elección parlamentaria, sí. Como pasa con el Consejo de la Transparencia y tantísimas instituciones importantes. Cuanto más amplios sean los consensos, menos se vinculan esos nombramientos al poder de ese momento.

Tratándose de España, eso es una utopía. 

Es verdad que la Historia reciente muestra muchas dificultades en ese sentido, pero también tenemos una experiencia buenísima en lo que fue la Transición, donde hubo acuerdos y grandes pactos de Estado. Con la lucha contra la corrupción, no debería haber tantas diferencias entre partidos.

Le decía que la conclusión del Índice de este año, estando España incluso por debajo de regímenes autoritarios, es muy impactante. Teniendo en cuenta que este estudio se publica en medios de toda Europa, ¿cuánto daño reputacional nos hace?

La comparación resulta dolorosa porque tendemos a pensar que países como Arabia Saudí o Ruanda no tienen derecho a mejorar. La lectura podría ser en la otra dirección: “¡Qué bien que Ruanda y Arabia Saudí hayan subido!”.

Señora Bacigalupo, es usted realmente positiva. 

No es que sea positiva; es que depende del ángulo desde el que se analice la cuestión. Yo haría una primera lectura en el contexto regional europeo. Creo que eso nos permite contextualizar mejor la situación de España. Alemania, Francia y Austria también han bajado. 

Pero están muy por encima de nosotros.

Sí, pero han bajado. Quiero decir: España, Alemania, Francia, Suiza y Austria tienen la peor puntuación en años. ¿A qué se debe? ¿Por qué caen países que consideramos democracias muy sólidas? En todos estos parlamentos hay una gran inestabilidad política y es muy difícil llegar a acuerdos. Existe una extraordinaria polarización del debate.

Lo que pasa es que cada país tiene su circunstancia. Si lo miramos al revés: ¿qué tienen Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia para estar mucho mejor que nosotros?

Ellos sí han podido alcanzar consensos y adoptar las reformas necesarias. Están mejor situados en cuanto a su marco normativo. Con un mejor marco, cuando sucede la corrupción, las instituciones pueden actuar con mayor independencia. Estonia, por ejemplo, ha subido mucho después de invertir en seguridad e informática. Lo hicieron tras sufrir un ataque masivo de Rusia.

Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International España. Laura Mateo

El resultado de 2024 es el peor en treinta años. España no estaba tan mal en términos de corrupción, según el ranking, desde el final del felipismo, cuando varios casos de corrupción atenazaban simultáneamente al Gobierno. 

El Índice de Percepción de la Corrupción empezó en 1995, pero en 2012 se produjo un importante cambio de metodología basado en las sugerencias de las instituciones europeas dedicadas a la estadística. Por eso la comparativa sólo es exacta si nos retrotraemos a 2012. Podemos comprobar que España subió mucho porque, una vez afloraron los casos, hubo juicios y sentencias. 

Es lógico que la puntuación suba cuando hay una condena por corrupción porque demuestra que el sistema funciona, pero también resulta paradójico. Porque el hecho de que exista ese caso de corrupción demuestra que los controles fallaron. ¿Eso no penaliza?

El sistema, efectivamente, no funciona tanto si hay una falta de prevención como si luego no se llega hasta el final. Desgraciadamente, la corrupción cero no existe.

Hay algo que no entiendo: usted dice que los casos actuales no influyen en que España esté tan mal en la clasificación, del mismo modo que asegura que los casos de cada tiempo no influían en el Índice de ese momento. Pero el Índice es cristalino. Las peores puntuaciones de España han llegado con el final del felipismo, con la Gürtel y hoy. Momentos con muchos casos de corrupción sobre la mesa. ¿De verdad no influye? ¿Es sólo una coincidencia?

El sistema funciona cuando los casos afloran y se enjuician. Lo que trato de explicarle es que, desde un punto de vista científico, no podemos extraer correlaciones directas de casos que todavía se están investigando porque no dejan rastro en las fuentes que utilizamos. 

Hablemos de lo que sí ha influido negativamente, según el Índice. 

La demora en la transposición de directivas europeas, que acaba suponiendo que dispongamos de menos herramientas para combatir y prevenir la corrupción. Por eso la polarización influye, porque si no prosperan las votaciones, esas herramientas no llegan. Nos falta un plan nacional contra la corrupción y eso requiere consenso. Hay muchos cambios que debemos acometer para que el sistema funcione.

¿España es un país más corrupto que el resto de grandes democracias europeas? Es lo que parece desprenderse del histórico del ranking. 

Yo no diría eso. Yo diría que estamos mucho mejor que hace cuarenta años. En los noventa, por ejemplo, esa corrupción existía porque no teníamos siquiera una Ley de Financiación de Partidos Políticos. Los instrumentos legislativos eran menores y la configuración institucional peor. Pero insisto: nos faltan reformas y consenso para llevarlas a cabo.

Cuando se sancionó la Constitución de 1978, la preocupación era muy concreta: alcanzar la democracia y establecer la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. A eso hubo que sumarle la creación de la Administración y la discusión territorial, cada Comunidad con su Estatuto… Al final, la Constitución no incluyó nada sobre la financiación de los partidos políticos ni de los municipios. Eso ha tenido las consecuencias que ha tenido.

Pero, entonces, ¿estamos peor o no que las democracias europeas homologables?

Salimos peor en el Índice porque las reformas no se pueden llevar a cabo; no por una ausencia de hoja de ruta. Sería importante que a consecuencia de este Índice los partidos tomaran conciencia.

Dice que estamos mejor institucionalmente que hace cuarenta años para combatir la corrupción, pero los casos sucedidos desde entonces y los investigados hoy guardan importantes paralelismos. Eso genera desasosiego en los ciudadanos: con más métodos para combatir la corrupción, sigue existiendo una corrupción muy parecida.

Me parece que no es comparable. 

Lo que quiero decir es que esas mejoras de control institucional que usted menciona no están suponiendo un frenazo a la corrupción.

No son comparables porque en el primer periodo que usted refiere, el de los ochenta y noventa, no había regulación. En el segundo, el de los 2.000, sí había una regulación. Y en los casos judicializados hoy… todavía no tenemos la información necesaria para extraer conclusiones. 

Pero el resultado que ve el votante es el mismo: el gobierno se acaba corrompiendo.

Al final, siempre queremos un muerto. 

No es que queramos un muerto; es que al final siempre hay un muerto.

La situación institucional de España es hoy muy distinta, ha mejorado mucho. Pero si nos fijamos en la pandemia, eso nos pilló con el pie cambiado a todos. El sistema demostró que no estaba a la altura para hacer frente a una situación como esa. Comprobamos que no teníamos bien controlados a los proveedores del Estado. Eso nos tiene que hacer despertar. Le aseguro que es muy difícil obtener fondos en España para hacer una investigación independiente en materia de anticorrupción.

La entrevista bajo la mirada de Valle-Inclán, Ortega y Gasset y Antonio Machado. Laura Mateo

¿La sociedad española es más tolerante que la de otros países? Las calles estallaron el 15-M, pero la corrupción no ha provocado ni provoca grandes manifestaciones en contra. Los candidatos con casos de corrupción ganan elecciones.

Ese factor que usted menciona no lo mide nuestro estudio.

Pero usted es catedrática de Derecho Penal y lleva toda una vida dedicada al estudio de la corrupción.

El ciudadano se enfrenta a pocas situaciones de corrupción de forma directa. El día a día no está afectado, como en otros países, por la microcorrupción. No es normal que alguien acceda a la universidad pagando y no por su nota de corte, o que alguien sea operado antes porque ha sobornado al médico. 

Una de las labores de Transparency International es el diálogo con los gobiernos para prevenir los casos de corrupción. Ahora que hay tantas investigaciones en marcha contra personas que forman o han formado parte del Ejecutivo, ¿están jugando ustedes algún papel? ¿Están en contacto con el Gobierno?

Colaboramos con las distintas administraciones públicas sobre los proyectos que queremos sacar adelante, las reformas de las que hablaba. Tenemos esa labor de recomendación e interlocución. Pero no tenemos una comunicación directa con ningún gobierno para ayudar sobre casos específicos.

Lo hacemos así porque somos una institución independiente y apolítica. Otra de las cosas que más trabajamos son los pactos de integridad. Tiene que ver con la contratación pública; para velar que se realiza con altos estándares de integridad. Una organización de la sociedad civil como la nuestra puede ser el observador que compruebe si ese proceso de contratación es justo y diáfano. No es fácil.

Silvina Bacigalupo lleva toda una vida dedicada a estudiar mecanismos legales de prevención de la corrupción. Laura Mateo

Desde los años ochenta, PP y PSOE han venido repartiendo los poderes públicos entre personas de su confianza, pero hoy esa mala costumbre ha alcanzado su máxima expresión. Nunca las instituciones del Estado habían estado tan colonizadas. ¿Están presionando para que eso se revierta?

Deben regularse los grupos de interés, las puertas giratorias y los conflictos de intereses. Pero, para todo esto, deben estar interesados los partidos de un lado y del otro. Las influencias indebidas son un tema que hay que tomarse en serio. No nos pronunciamos sobre los casos concretos porque sería una interferencia intolerable. Como le decía, somos una organización no gubernamental y apolítica. 

Precisamente, por ser no gubernamentales, ¿no deberían estudiar los casos concretos? Hace falta ser independiente y apolítico para eso.

Estudiamos los casos cuando ya están cerrados, lo que nos permite ver cuál ha sido la patología de la corrupción y estudiar propuestas legislativas para atajarla.