Galapagar, 'ciudad antiokupa': el PP ensaya un plan innovador en España, con desalojos, censo de casas en riesgo y videovigilancia

Juntando ideas de otros proyectos como la oficina antiokupación que impulsó el alcalde Xavier García Albiol en Badalona, la alcaldesa del Partido Popular, Carla Greciano, ha puesto en marcha su Plan Municipal Contra la Okupación Ilegal de Viviendas. El objetivo: "proteger y reforzar la seguridad" de propietarios y vecinos. 

Coordinado por las áreas de Seguridad, Atención al Ciudadano y Asuntos Jurídicos, el plan surge como respuesta a la "preocupante" proliferación de ocupaciones irregulares y como respuesta a la Ley de Vivienda, muy criticada por el PP por las "facilidades" que da a los okupas.

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Una oficina municipal Anti-Okupación actuará como punto de referencia para los afectados, ofreciendo asesoramiento jurídico gratuito y facilitando la coordinación con los cuerpos de seguridad y los juzgados. Eso permitirá agilizar desalojos. A 

En un municipio plagado de casas unifamiliares donde la compra-venta es muy habitual y el mercado se mueve con rapidez, Greciano ha decidido también poner en marcha un censo de viviendas en riesgo, con especial atención a inmuebles deshabitados o abandonados. Aumentará la vigilancia de estas zonas para evitar que accedan a ellas inquilinos indeseables. 

En declaraciones a EL ESPAÑOL, la alcaldesa insiste en que "la calidad de vida" de Galapagar convierte a su localidad en un "objetivo" para aquellos colectivos que buscan apropiarse ilegalmente de viviendas. "Esta tendencia nos preocupa profundamente, y reafirmamos nuestro compromiso de salvaguardar los derechos de nuestros vecinos y propietarios", apunta.

Eduardo Parra Europa Press

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Obligaciones a los bancos

Pero el Ayuntamiento de Galapagar, donde gobiernan PP y Vox, quiere ir más allá y ha decidido obligar también a las entidades financieras a tomar medidas para evitar la okupación, por ejemplo, con el tapiado de ventanas de sus viviendas. En el caso de que el propietario del inmueble sea el banco, la regidora lo tiene claro: ellos tapian los accesos y le pasan la factura a la entidad. 

Este tipo de viviendas suelen ser las preferidas por los okupas. Según el último informe de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda de Valencia, el 86% de las viviendas de la ciudad que están ocupadas de manera irregular son propiedad de bancos, fondos o grandes tenedores.

De acuerdo con este informe, solamente el 1% de las casas okupadas pertenecería a propietarios particulares. Un dato que, según el estudio, se puede extrapolar al resto de regiones.

José Verdugo

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Desde la oposición han acusado al gobierno municipal de "generar alarma" entre los vecinos y "sugerir" que Galapagar hay más okupaciones que en otras localidades españolas.

La alcaldesa responde y asegura que ellos lo que quieren es ser "proactivos". "Implementando medidas preventivas que impidan que esta tendencia se transforme en una crisis real. Con determinación y tolerancia cero encabezamos esta lucha para frenar este fenómeno". 

Multas

El incumplimiento de estas medidas, tanto para particulares como para bancos, podrá acarrear sanciones económicas o, incluso, la actuación de oficio del Consistorio con autorización judicial. "Los okupas no son bienvenidos. Obstaculizamos cualquier intento", señala.

Precisamente, en relación con estos grandes tenedores, el Consistorio está promoviendo  acuerdos para una "gestión eficaz de los inmuebles vacíos" y la agilización de procedimientos judiciales en caso de okupación ilegal.

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Casa ya okupada

El plan contempla también una estrecha cooperación con la Guardia Civil para garantizar respuestas rápidas ante denuncias, así como con las empresas de suministros para detectar y cortar enganches ilegales de luz, agua y gas, evitando fraudes y riesgos sanitarios.

La eficacia del programa ya se ha visto reflejada en intervenciones recientes, entre las que el Ayuntamiento de Galapagar destaca un intento de okupación frustrado hace unas semanas.

"Un individuo con antecedentes policiales fue identificado cuando intentaba apropiarse de una vivienda introduciendo material de construcción. La respuesta inmediata permitió contactar con los propietarios y reforzar la seguridad del inmueble", explican.

Además, se han iniciado acciones legales contra la okupación de un trastero en una urbanización y se ha llegado a denunciar a okupas "molestos" que han generado conflictos con los vecinos. El okupa ilegal vive con su perro en una vivienda propiedad de una entidad bancaria.

Eduardo Parra / Europa Press

Ayuso, alertada por los datos de inquiokupación en Madrid, enviará una carta al Defensor del Pueblo con casos concretos

El lanzamiento del plan de Galapagar coincide con la creciente presión política en la Comunidad de Madrid para endurecer la legislación contra la okupación. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que enviará una carta al Defensor del Pueblo para trasladar casos concretos de víctimas de la inquiokupación, denunciando la falta de medidas del Gobierno central.

Este debate se aviva en un momento en que las llamadas al servicio 112 Ocupación lanzado por la Comunidad de Madrid han aumentado de forma alarmante.

Solo en el último mes, las peticiones de asistencia se han duplicado, pasando de 32 a 56 llamadas semanales. Desde su creación en 2022, este servicio ha registrado 3.826 llamadas, logrando evitar 42 okupaciones inminentes.