Isabel Díaz Ayuso junto al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.
El modelo universitario de Ayuso: financiación por objetivos, auditorias y participación privada
La izquierda acusa a la presidenta madrileña de "privatizar" las universidades y de primar las titulaciones que tienen más salidas laborales.
Más información: Ayuso cumplirá el deseo de los rectores y modificará el modelo de financiación de las Universidades.
El equipo de Isabel Díaz Ayuso está dando las últimas pinceladas a la futura ley de universidades de la Comunidad de Madrid con la que pretende, entre otros objetivos, solventar el problema de la infrafinanciación de la educación superior.
El borrador de la norma facilita el acceso de fondos privados a los centros académicos. También contempla auditorías de las carreras y nuevas titulaciones en función de un análisis coste-eficiencia. Para ello, habrá un modelo de financiación por objetivos y con contratos-programa a cinco años vista.
Mientras la oposición (Más Madrid y PSOE) critica el modelo de Ayuso, por considerar que implica una forma encubierta de privatizar la educación superior, la mayoría de sindicatos prefieren no valorarlo hasta conocer con detalle el texto.
El documento se desmarca de la Ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Uno de los cambios más llamativos es el que se refiere a la financiación.
El Gobierno madrileño propone que una parte de los ingresos de las universidades proceda de la captación de fondos privados. Concretamente, el 30%. Esto puede abrir la puerta a másteres con empresas privadas o a formaciones con entidades sociales. También contempla que los centros tengan ayuda de "fondos de inversión" mediante donaciones o mecenazgo.
Algunos sindicatos denuncian que esta fórmula supone un retroceso, pues suponeque la Comunidad financie como mucho el 70%. "Además, se impulsa la privatización de las universidades públicas, con la creación de fondos de inversión", señala CCOO.
Los rectores, por su parte, prefieren guardar silencio, aunque reconocen que Ayuso les da un presupuesto finalista, algo que llevan demandando desde hace décadas a los ministerios correspondientes.
La financiación de las universidades se dividirá en tres apartados: básica (que será para los profesores y gastos del día a día), infraestructuras (muchas facultades de Madrid son antiguas y necesitan remozarse) y objetivos.
La financiación por objetivos tendrá una duración de cinco años y permitirá a las universidades diseñar un plan de estudios más ambicioso a medio plazo. La incógnita ahora es saber de qué dinero dispondrán, pero eso es una negociación que llegará más adelante.
En su entrevista con EL ESPAÑOL, el consejero Emilio Viciana explicaba que en esta financiación condicionada se incluyen "objetivos de internacionalización, especialmente con Hispanoamérica", para aprovechar, por ejemplo, la vinculación cultural e idiomática: esto incentivará a las universidades para captar alumnos y profesores del ámbito internacional.
"Desde el punto de vista científico, hablaríamos del número de patentes o proyectos internacionales captados", detallaba Viciana.
A ello se suman las auditorías de cuentas públicas, algo que hasta ahora no era necesario en el ámbito universitario, pero que Ayuso ha incorporado tras escándalos relacionados con los másteres, como en el caso de Begoña Gómez.
Según explicó el Gobierno regional en junio (y ahora corrobora el borrador de la ley), se va a coordinar esta financiación a través de un plan plurianual revisable cada cinco años. Además, las universidades estarán sometidas al régimen de auditoría pública.
Otro de los aspectos que más llama la atención de este borrador es el cumplimiento de objetivos. Es decir, que no puede haber carreras y másteres o doctorados si no tienen una demanda real en el sistema.
Este punto puede perjudicar a algunas carreras como las de Letras, pero a su vez beneficia a otras como las ingenierías, donde la falta de fondos, a menudo, dificulta la ampliación de la oferta.
Cuántas carreras y dónde
En este sentido, el Gobierno de Ayuso prevé potenciar a las universidades que tienen más contratos con empresas privadas, o que tienen en plantilla a docentes con vínculos en el mercado laboral. Se busca que la experiencia del docente prime sobre el perfil académico.
Este cambio es bien recibido por las universidades técnicas, que vienen demandando perfiles más cualificados para hacer competencia a los centros privados y escuelas de negocios.
La Consejería de Educación tienen en mente crear una especie de mapa en el que se configuren las titulaciones que se ofrecen y el número de plazas que hay en cada una. Algo que deberá de ir ligado a la demanda de la titulación, la oferta ya existente y si tiene salidas laborales. Bajo estos parámetros, Madrid pretende reorganizar su oferta y abrir o cerrar nuevas líneas de estudios.
El problema que ven algunos sindicatos a este modelo es que, si toda la formación universitaria se deja guiar por la coste-eficiencia y la demanda del mercado laboral, se dejarán de lado estudios básicos o "poco rentables", pero que son "igual de relevantes" para la enseñanza.
La izquierda asegura que este modelo universitario conducirá a la proliferación de universidades privadas, que el borrador de la ley pretende regular.
La norma prevé exigir a las universidades privadas los recursos necesarios y la calidad suficiente para lanzar su oferta educativa. Deberán acreditar unos fondos mínimos antes de poder echar a andar.
La ley que impulsa Ayuso establece, además, que sólo los catedráticos podrán acceder al cargo de rector, una exigencia que no prevé la legislación nacional.
